Hong Kong está sumido en protestas desde hace cuatro meses. La mayoría de los hongkoneses no se sienten chinos, incluso muchos jóvenes activistas han pedido la independencia, pero la gota que colmó el vaso fue un proyecto de ley que permitía la extradición de Hong Kong a China continental. Los manifestantes sentían que si esta ley se aprobaba, Hong Kong se convertiría en una ciudad china más. Finalmente se retiró en septiembre, pero para entonces, los manifestantes ya vivían grandes momentos de tensión con la policía y exigieron el sufragio universal para las elecciones del jefe ejecutivo y el Consejo Legislativo, el parlamento de Hong Kong, o sea, democracia real.

Las máscaras han sido seña de identidad de estas protestas, pero la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, ha hecho uso de una ordenanza de la época colonial británica, la Ley de Regulaciones de Emergencia, para prohibir la utilización de las mismas. La excusa que ha utilizado ha sido que “las protestas de los últimos cuatro meses han ido aumentando su violencia, que ha alcanzado unos niveles alarmantes en los últimos días”. Esta ley, que data de 1922 y que no se utiliza desde 1967, permite al jefe del gobierno adoptar cualquier tipo de regulación sin tener que pasar por el poder legislativo en caso de peligro público inminente o situación de emergencia.

La prohibición abarca cualquier tipo de cobertura facial, incluso la pintura y, en concreto, castiga a quienes se cubran el rostro en disturbios, en marchas de más de 50 personas o en concentraciones de más de 30. La norma contempla excepciones por causas médicas, religiosas o profesionales. Quienes la incumplan se enfrentan a penas de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (2.900 euros). Además, la policía tiene plena libertad, pues podrá detener a cualquier persona que se tape la cara si sospecha que el motivo es ocultar su identidad.

El ministro de Exteriores británico ha advertido al gobierno de la ciudad del peligro de “agravar” las tensiones y pidió diálogo político. El ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán alertó de la posible violación de los derechos y libertades individuales. Por otro lado, el activista Joshua Wong, líder del Movimiento de los Paraguas Amarillos de 2014 decía que la aplicación de esta ley “no es menos dañina que el proyecto de ley de extradición, porque la jefa del ejecutivo puede imponer todo lo que le gustaría a ella y a Pekín”. Amnistía Internacional ha mostrado todo su apoyo: el director en el Este de Asia ha asegurado que “este es otro intento del Gobierno por impedir que los manifestantes, hasta ahora no acobardados por el uso de la fuerza ni amenazas de cárcel, ejerzan sus derechos. Para empezar, es debido al clima de miedo que las autoridades han creado que los manifestantes sienten la necesidad de taparse la cara con máscaras”. En el otro extremo está el gobierno chino, que ha expresado su apoyo pleno.

Ante la brutalidad policial, con el paso de las semanas, los manifestantes han añadido más demandas: retirada de la descripción de “disturbios” utilizada sobre las protestas, amnistía para todos los manifestantes arrestados y una investigación independiente sobre la presunta brutalidad policial.

Con esta medida, se espera que la tensión vaya en aumento. De hecho, han transformado el lema “ihongkoneses, ánimo!” en “¡hongkoneses, revuelta!”. Al enterarse de esta prohibición, los manifestantes han acudido de nuevo a las calles. Aún tapados.