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Tan solo 24 horas después de que Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral, anunciara el cambio en las circunscripciones electorales y el número de representes electos para la Asamblea Nacional, se ha puesto fecha a las elecciones parlamentarias. Serán el próximo 6 de diciembre. Se cumpliría así con el calendario electoral previsto en la Constitución, que obligaba a la celebración de elecciones para renovar la Asamblea Nacional antes de que culmine el 2020.
El anuncio lo ha realizado la presidenta del nuevo Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo. El también polémico CNE ha sido elegido recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia y no por la propia Asamblea (actualmente de mayoría opositora), tal y como rige la Carta Magna del país.
Por su parte, el líder opositor, Juan Guaidó, ha sido el primero en reaccionar a través de su cuenta de Twitter ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral, asegurando que “los venezolanos no reconocemos una farsa como no lo hicimos en mayo de 2018”, refiriéndose a la fecha de las últimas elecciones presidenciales que le dieron la victoria a Nicolás Maduro.
“El derecho a elegir ha sido nuestra lucha. Elegimos vivir con dignidad y en democracia. No imposiciones”, ha asegurado.
Había mucha expectativa sobre la fecha final de celebración de los comicios y durante toda la jornada se especuló con que serían el 13 de diciembre debido a una filtración de la agencia Reuters que achacaba la primicia a una entrevista con uno de los rectores del ente electoral, Rafael Simón Jiménez. Pero finalmente la fecha fue otra y los comicios se celebrarán el primer domingo de diciembre.
Sin embargo, la oposición venezolana ya ha dicho que no va a participar en unos comicios que consideran ilegítimos y que no cumplen con las garantías democráticas electorales necesarias para unas elecciones limpias. De hecho, durante las últimas semanas, las directivas de los principales partidos opositores de Venezuela han sufrido un descabezamiento a punta de sentencias judiciales por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
El pasado 16 de junio, el TSJ, siempre afín a las directrices del Palacio de Miraflores, anunció que suspendía la junta directiva del histórico partido de tinte socialdemócrata Acción Democrática, cuyo principal dirigente, Henry Ramos Allup, es uno de los políticos venezolanos con más solera de la historia de este país. Es diputado en la Asamblea Nacional desde hace más de 20 años y fue elegido presidente del parlamento nacional en 2016.
El TSJ suspendió su dirección y entregó el partido en lo que se entendió como un golpe interno, a Bernabé Gutiérrez, el hasta ese momento Secretario de Organización de Acción Democrática, ex gobernador del Estado Amazonas y mano derecha del propio Allup. Bernabé Gutiérrez es hermano de José Luis Gutiérrez, uno de los nuevos rectores del nuevo CNE. Las nuevas autoridades designadas por la máxima autoridad judicial podrán utilizar el logo, los símbolos, emblemas y colores del partido.
En la práctica, el gobierno elimina a una directiva díscola que ya había anunciado que no se presentaría a unos comicios sin garantías y coloca en su lugar a un sector colaboracionista con el régimen, dispuesto a participar de las elecciones bajo las normas chavistas. Henry Ramos Allup tampoco tardó en reaccionar ante su destitución arbitraria y responsabilizó tanto al TSJ como a Miraflores de “violar la Carta Magna de manera continua y de cerrar la puerta a elecciones libres”.
Un día después de la noticia de Acción Democrática fue el turno para Primero Justicia, el partido opositor del inhabilitado Henrique Capriles Radonsky. De nuevo a golpe de sentencia, el TSJ destituyó a la directiva actual del partido, contraria a la participación en unas elecciones antidemocráticas y se la dio al diputado José Brito, que había sido previamente expulsado de Primero Justicia acusado de asuntos graves de corrupción.
Henrique Capriles respondió a esta decisión del TSJ a través de sus redes sociales asegurando que la resolución responde “a la enferma ambición de poder de Maduro”.
La confirmación de las elecciones ha llegado solo un día después de que el propio CNE, reunido en sesión permanente desde la semana pasada, aprobara de forma unánime la aprobación de las normas para dichos comicios con un anuncio de un cambio importante: la elección de diputados asciende de 167 a 277; lo que supone un aumento del 66% de los parlamentarios en la cámara.
Según explicaciones de la directiva del propio CNE, esta decisión se debe a un “equilibrio” en el sistema electoral que se traducirá “en una representación ante la Asamblea Nacional que reflejará un 52% para el sistema proporcional y un 48% para el sistema nominal”. En realidad se trata de intentar diluir a la oposición para evitar por todos los medios que consigan una victoria electoral como sucedió en las últimas elecciones.
Está por ver, además, y como problema añadido nada desdeñable, cómo superan el escollo logístico las autoridades electorales del país. El pasado mes de marzo, 49 mil máquinas de votación, lo que supone la práctica totalidad de las máquinas de votación del país, se quemaron en un incendio en uno de los galpones más importantes que el CNE tiene en Caracas. El fuego también arrasó con 582 ordenadores del registro civil y en aquel momento, la todavía presidenta del órgano rector electoral, Tibisay Lucena, reconoció que “fue poco lo que se pudo salvar”.
El voto automatizado funciona en Venezuela desde el año 2004 y tras el incendio de estas máquinas no hay disponible infraestructura para celebrar unos comicios con esa misma tecnología. Está por ver de qué manera el órgano electoral suple dicha construcción de la maquinaria tradicional venezolana, aunque los expertos ya han augurado que es imposible hacerlo en el tiempo que resta hasta diciembre.