El Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado este viernes en el que muestra su rechazo a "las medidas ilegales" impuestas por Estados Unidos al hijo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, estrechando así el cerco sobre el líder bolivariano, a quien busca expulsar del poder para zanjar la crisis en la nación caribeña.

Además, ha anunciado que tomará acciones en la comunidad internacional, para "neutralizar" estas medidas "ilegales e inmorales" impuestas por el que ha definido como "la élite dominante y supremacista que, por ahora, gobierna en los Estados Unidos".

"El Gobierno y el pueblo venezolanos, firmes repudian las agresiones continuadas de la Administración Trump que procuran socavar, infructuosamente, el espíritu y la voluntad de un pueblo resuelto a tomar las riendas de su propio destino", recoge este comunicado.

Así, el Gobierno considera que esta actitud demuestra el "carácter caprichoso y la absoluta carencia de rigor de las instituciones de control financiero de los Estados Unidos".

Nicolás Maduro Guerra, nacido hace 29 años fruto del primer matrimonio del presidente venezolano con Adriana Guerra, ha ocupado varios cargos oficiales en la Administración de su padre y actualmente es uno de los más de 500 miembros de la Asamblea Constituyente.

'Nicolasito', como se le conoce popularmente, ha mantenido un perfil bajo. Sin embargo, en 2015, cuando la crisis económica empezaba a causar estragos en Venezuela, fue grabado en la boda de un empresario sirio-venezolano en el lujoso Gran Meliá de Caracas bailando música árabe bajo una lluvia de billetes de dólar.

En concreto, Estados Unidos se ha dirigido contra Maduro Guerra por formar parte de la Asamblea Constituyente, "que solo ha servido para arrebatar sus poderes constitucionales a la legítima Asamblea Nacional y atrincherar aún más al régimen de su padre".

También le ha señalado por estar implicado en "los esfuerzos de propaganda y censura", por "idear una estrategia para presionar a las Fuerzas Armadas para que no dejaran entrar la ayuda humanitaria" a Venezuela y por beneficiarse del negocio minero junto a Maduro y su actual mujer, Cilia Flores.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ya ha impuesto numerosas sanciones contra Maduro y otros altos cargos 'chavistas' por corrupción, narcotráfico y violación de los Derechos Humanos.

El pasado jueves, la OFAC dictó medidas punitivas contra el ex viceministro de Finanzas e Inversiones Eustiquio José Lugo Gómez y el ex ministro de Energía Eléctrica Luis Alfedo Motta Domínguez.

El Ministerio de Exteriores emitió un comunicado condenando firmemente "el uso sistemático de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, implementadas extraterritorialmente por parte del Gobierno de Estados Unidos", en el marco de "una guerra híbrida que busca derrocar al Gobierno constitucional venezolano".

El departamento que dirige Jorge Arreaza anunció además "acciones firmes para que la Administración Trump rinda cuentas ante la comunidad internacional y sus instituciones, como consecuencia de los crímenes confesos ejecutados en los meses recientes contra el pueblo de Venezuela, su democracia e instituciones".

La inclusión en la 'lista negra' del Tesoro implica que los activos que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, la imposibilidad de hacer negocios con individuos o empresas norteamericanos y una prohibición de viaje.

El Tesoro ha recordado este viernes que las sanciones son reversibles, siempre y cuando se produzca "un cambio positivo del comportamiento" en los afectados. Así, ha retirado las medidas punitivas dictadas contra el ex jefe de Inteligencia Ricardo Figuera, que participó en la fallida sublevación del 30 de abril.

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha aplaudido el paso dado por Estados Unidos por considerar que envía "un mensaje muy claro" a "quienes aún sostienen este régimen". "El costo de acompañar al usurpador es cada día más elevado para el país", ha avisado en Twitter: