Karlsruhe (como se conoce coloquialmente al Tribunal Constitucional alemán por tener su sede en esa ciudad) parece haberse columpiado. Los jueces del más alto tribunal alemán provocaron este martes un conflicto institucional del que difícilmente podrán salir airosos de forma amistosa.

El Tribunal Constitucional alemán dictaminó que el Banco Central Europeo (BCE) debe justificar en tres meses la legalidad y proporcionalidad de su programa de compra de deuda, activo desde 2015. Los jueces alemanes sacan así los pies del tiesto al ponerse por encima del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en 2018 ratificó la legalidad de dicho programa, clave para contener las primas de riesgo de varios países, entre ellos España.

El Constitucional alemán investiga, a partir de una demanda del fundador del partido ultraderechista AfD, si el BCE violó su mandato e hizo financiación monetaria o si se implicó en políticas económicas o fiscales. Olvidan los jueces alemanes –y aquí viene su primer error, y de calado- que las instituciones de la UE no responden ante tribunales nacionales sino ante el TJUE, el superior jerárquico en la estructura judicial europea.

Los jueces alemanes aseguran que si el BCE no da una respuesta satisfactoria en tres meses forzarán que el Bundesbank abandone el programa de compra de deuda. Tras una hora de videoconferencia de su Consejo de Gobierno, el BCE reaccionó con un comunicado suave como un puñetazo en la mandíbula.

Dice Frankfurt que “toma nota”, que está “comprometido” con sus políticas y que –crochet al mentón- “el TJUE decretó en diciembre de 2018 que el BCE está actuando dentro de su mandato”. En castellano antiguo, que los jueces de Karlsruhe se arrogan competencias judiciales superiores (del TJUE) al alegar que ese tribunal actuó “ultra vires” (más allá de sus competencias) al validar el programa del BCE.

Frankfurt no llega a decir que los jueces alemanes violan su independencia, pero lo hacen al entrar a valorar las decisiones de política monetaria. El dictamen dice por ejemplo que “al perseguir sin condiciones” el objetivo de inflación (por debajo pero cerca del 2% anual), “ignorando sus efectos en la política económica, el BCE manifiestamente poco cuidado con el principio de proporcionalidad”.

Christian Odendahl, economista jefe del Centre for European Reform, explicó a ‘NIUS’ que la reacción del BCE era “la esperada”. Este analista considera que “el BCE toma nota pero reafirma que está comprometido con su acción y no cree que el Constitucional alemán tenga razón”. “Es importante -añade Odendahl-, que el BCE no se inclina ante la presión de la Corte y señala correctamente que el TJUE es su tribunal de referencia. Pero la Corte alemana podría mostrar dudas sobre futuros programas del BCE, dañando el actual programa, al menos un poco”.

Los jueces alemanes llegan a decir que el BCE no tuvo en cuenta los efectos de su programa de compra de deuda, una acusación extemporánea salvo que se crea que un Banco Central es capaz de lanzar un programa de varios billones de euros sin pensar en qué efectos económicos tendrá. Odendahl recomienda al BCE que vaya al TJUE. El antiguo consejero del BCE Lorenzo Bini Smaghi, contestaba anoche recordándoles el documento de 2015 en el que el BCE estudiaba la proporcionalidad del programa.

Más que técnico –aunque ciertamente los jueces no parecen entender cómo funciona la política monetaria- el choque es institucional. La Comisión Europea reaccionó el martes en minutos. Su portavoz jefe Eric Mamer dijo desde Bruselas: “Reafirmamos la primacía del Derecho de la UE y el hecho de que los dictámenes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) son de obligatorio cumplimiento en todos los tribunales nacionales”. En Bruselas hubo respuestas más simples y duras, como la del comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni: “El BCE es una institución independiente. Su independencia es la base de la política monetaria europea”.

El Gobierno alemán se mantuvo también en el papel esperado, respetando la decisión de su Constitucional. El ministro de Finanzas germano, Olaf Scholz, daba este martes por bueno el ultimátum de su Constitucional alegando que tres meses es tiempo suficiente para que el BCE responda. El partido de Merkel, la CDU, fue más duro contra Frankfurt al decir que “el BCE no tiene el mandato o la legitimidad democrática para llevar a la UE a una unión de deuda”. No es eso lo que hace el emisor europeo.

El artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece: “Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos”. Los jueces alemanes debían haber elevado el caso al TJUE para que este dictara sentencia. Una sentencia que ya dictó en 2018 cuando validó el programa de compra de deudas del BCE.

Algunos analistas, como Henrik Enderlein, del Delors Institute de Berlín, creen que desde el punto de vista de la integración europea el dictamen “es un desastre”. El propio Jacques Delors, recuerda Enderlein en un interesante hilo publicado en Twitter, dijo hace unas semanas que “el virus había vuelto”. No se refería el antiguo presidente de la Comisión Europea al coronavirus, sino al virus del nacionalismo. Enderlein considera que el dictamen del Constitucional alemán “marca la vuelta del nacionalismo legal y el nacionalismo puede ser letal para una unión monetaria”.