Después de tres semanas de bombardeos y sangre, la tarde del viernes se descolgaba con una inesperada noticia llegada del otro lado del Estrecho. Una nota emitida por el Palacio Real marroquí y publicada por la agencia estatal de noticias MAP obligaba a reestructurar las maquetas y las jerarquías noticieras en los digitales. “España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo” sobre el Sáhara, afirmaba la inesperada nota firmada por el Gabinete Real marroquí haciéndose eco de una carta –sin fechar- del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez.

Por su parte, poco después de la emisión del comunicado real, Moncloa anunciaba en una escueta nota con tres puntos el inicio de “una nueva etapa” en la relación con Marruecos basada en “el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente” y por desarrollarse en una “hoja de ruta clara y ambiciosa”.

Eso sí, sin hacer mención alguna al Sáhara y sin desmentir lo publicado por la MAP. Un paso que no puede sino calificarse de histórico: nunca España había llegado tan lejos en el apoyo a Marruecos en la cuestión del Sáhara. Sin duda uno de los virajes más bruscos en de la historia de las relaciones exteriores españolas en décadas, pero los ciudadanos españoles han tenido que saber de él por medio de la agencia oficial de noticias marroquí.

La carta de Sánchez es el gesto que Marruecos –tanto sus altos representantes como sus medios semioficiales- llevaba reclamando del Gobierno de España desde hace meses para superar una crisis que superaba ya ampliamente el año. Todo empezó con la llamada en Twitter del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental, se torció tras el reconocimiento por parte de la Administración Trump de la marroquinidad de la ex colonia española –Rabat denunció las maniobras de España para tratar de que Washington diera marcha atrás a la decisión- y acabó estallando en primavera con la hospitalización del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en Logroño y, sobre todo, la crisis migratoria –más de 10.000 personas, al menos 1.500 menores de edad, alcanzaban suelo español en menos de 48 horas gracias a la inhibición de las fuerzas de seguridad marroquíes- en Ceuta. En plena crisis en las fronteras de la ciudad autónoma, concretamente el 18 de mayo, Rabat retiraba –hasta hoy- a su embajadora en Madrid.

No pocos en Rabat daban ya por amortizado a Sánchez y estaban convencidos de que no se pasaría de pantalla sin que previamente se produjera un cambio de inquilino en La Moncloa. No ha sido así. De acuerdo a la nota llegada desde el Palacio Real marroquí, Sánchez saluda el objetivo de “construir una nueva relación, basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo, y el respeto a los acuerdos firmados por ambas partes, la abstención de toda acción unilateral para estar a la altura de la importancia de todo lo que compartimos”.

Durante meses, a pesar de las buenas palabras expresadas desde La Moncloa y Santa Cruz hacia los vecinos magrebíes y del anuncio en agosto pasado del propio Mohamed VI del inicio de una “etapa inédita” en las relaciones con España, Marruecos se ha negado sistemáticamente a normalizar la interlocución y a recibir a representante oficial español alguno, empezando por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, al que Sánchez nombró en sustitución de Arancha González Laya –bestia negra de Rabat en toda la crisis de Ghali- al frente de la diplomacia española el pasado mes de julio confiando en que ello bastaría para cerrar las heridas. Ambos, Sánchez y Albares, visitarán Rabat antes del comienzo de Ramadán para sellar la reconciliación.

Tres adjetivos, tres, los mismos con los que Estados Unidos ha descrito en los últimos meses el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental. Los mismos términos escogidos por la subsecretaria de Estado Wendy Sherman en Rabat la semana pasada. Horas después del anuncio español de este viernes, Washington volvía a emplearlos. La Administración francesa, por su parte, había calificado el plan autonómico de Rabat en diciembre de 2020, apenas horas después de los históricos tuits de Trump, de “serio” y “creíble”. En enero de este año, con el cambio en la Cancillería desde Berlín se saludaba la propuesta como un “esfuerzo serio y creíble”, y ello suponía también superar la crisis entre Marruecos y Alemania.

La realidad es que, por el momento, el apoyo de Washington, París o Berlín –ahora también de Madrid- al plan de autonomía marroquí para el territorio saharaui no deja de ser un acto de fe. En 2007 Marruecos lanzó un plan de regionalización avanzada –inspirada en las autonomías españolas- con el que pretendía, sobre todo, resolver definitivamente el problema del Sáhara en su favor y, en menor medida, encauzar las aspiraciones identitarias en el Rif. Tres lustros después poco se ha avanzado en el proceso autonómico a pesar de que en 2011 Marruecos se dotó de una nueva Constitución en plena Primavera Árabe.

Lo cierto es que, en fin, pequeño era el margen de acción de Pedro Sánchez en la cuestión si quería recomponer las relaciones con Marruecos en un momento de crisis migratoria al alza en Melilla y en Canarias, y con un escenario socioeconómico en el área saheliana que augura mayor presión en los próximos meses y años. No en vano la nota de Moncloa y Palacio coinciden en destacar la necesidad de “cooperar en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico”.

Desde Rabat se había dejado claro que las buenas palabras no bastaban y que solo con un apoyo explícito a su propuesta autonómica para el Sáhara podría darse carpetazo a la crisis bilateral. Con todo, fuentes de Moncloa aseguraban a Europa Press este viernes que el paso adoptado por Sánchez no contradice la apuesta por una “solución mutuamente aceptable y en el seno de la ONU” para la cuestión saharaui.

La nota difundida este viernes por Rabat pone en boca de Sánchez que “todas estas acciones se llevarán a cabo con el objetivo de garantizar la estabilidad y la integridad territorial de los dos países”. Si comparamos los comunicados de Rabat y de Madrid de este viernes este es el tercero de los fragmentos coincidentes –en esencia- en ambos. La formulación puede interpretarse no sólo como el reconocimiento de la soberanía de Rabat sobre el Sáhara, sino también como la renuncia por parte de Marruecos, al menos por el momento, de sus reivindicaciones territoriales sobre Ceuta y Melilla –entre otras.

Las miradas se ponen ahora necesariamente en Argelia, uno de los principales proveedores de gas a España (superado en los últimos tiempos por Estados Unidos, aunque primer suministrador tradicional) en un momento de crisis energética mundial acentuada por la guerra en Ucrania. Aunque no ha habido respuesta oficial desde Argel, desde el Frente Polisario –cuyo delegado en España ha lamentado no haber sido avisado de la decisión- no han tardado en llegar las reacciones.

El movimiento independentista ha acusado al Gobierno de España de “sucumbir ante el chantaje y la política del miedo utilizada por Marruecos”. Argel rompió unilateralmente relaciones diplomáticas con Rabat el pasado 24 de agosto y dio por suspendido el 31 de octubre el gasoducto Magreb-Europa, que transportaba el gas argelino hasta la Península pasando por Marruecos. Tras la muerte de tres argelinos en una carretera localizada en el interior del Sáhara Occidental como consecuencia de un supuesto bombardeo marroquí y la posterior amenaza de represalias del presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el pasado mes de noviembre se temió seriamente por un enfrentamiento armado.

El paso dado por el Gobierno Sánchez llega en plena escalada del gas y apenas una semana después de que el propio presidente telefoneara al jefe del Estado argelino para manifestarle “su voluntad de trabajar para el desarrollo y refuerzo de la asociación entre los dos países” y expresarle que Argelia es un “socio energético fiable” para España. La gran pregunta ahora es si Argelia –a la que no le faltan ni le faltarán clientes en la Unión Europea en plenas sanciones y boicot a Rusia- hará pagar a España la decisión de Sánchez. Este viernes el ministro Albares se mostraba convencido de que no será así. Lo cierto es que el Gobierno de España entra en terreno desconocido.