Estos son los escenarios electorales venezolanos

Venezuela enfrenta la encrucijada de celebrar unas elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre, y a menos de cuatro meses para los comicios hay más dudas que certezas sobre qué va a pasar ese día marcado en rojo en el calendario, si finalmente se celebrará un sufragio altamente cuestionado dentro y fuera de las fronteras del país; y lo más importante, bajo qué garantías de transparencia al respecto.

Nicolás Maduro ha denunciado “un boicot mundial contra las elecciones parlamentarias constitucionales en Venezuela. Y debemos enfrentar de frente al imperialismo y sus lacayos”, dijo recientemente en una alocución virtual junto a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Pero lo cierto es que el momento actual no acompaña a pensar en un sufragio que parece lejos y difuso en el imaginario de la mayoría de los venezolanos, más preocupados por sobrevivir en el día a día y satisfacer sus necesidades básicas. A la crisis económica agravada durante los últimos meses hay que sumar la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus que está llegando a su peor momento en el país caribeño, con el aumento de casos diarios y la denuncia constante de los trabajadores de la salud sobre las malas condiciones en las que se ven obligados a trabajar exponiendo su vida.

La Unión Europea ha reclamado un proceso “transparente y justo”. Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores, ha establecido contacto con las partes y reclama “la participación en pie de igualdad de todos los partidos políticos y de sus líderes cuya descalificación y persecución deben cesar, así como la observación electoral internacional”. Para el alto representante, en estos momentos no se dan las condiciones mínimas para un proceso legal y transparente y ha puesto sobre la mesa la idea de posponer el llamado a las urnas.

Por su parte, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional y EEUU han presentado un documento en el que abogan por un gobierno de coalición que lidere una transición sin Maduro hasta la celebración de unas elecciones libres. Y España, actor clave en cualquier acontecer sobre Venezuela, señaló en boca de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que habría que esperar “hasta el último momento” para comprobar “si las partes venezolanas pueden celebrar unas elecciones en condiciones democráticas”.

En mitad de esto, un bloque de 27 partidos opositores encabezados por Juan Guaidó y donde se incluyen los principales partidos antichavismo, confirmó el pasado 2 de agosto mediante un comunicado lo que ya se sabía desde hacía varios meses: que no participarían de un proceso electoral que no consideran justo, libre y democrático. “Hoy, lo que plantea nuevamente la dictadura es usurpar el Parlamento Nacional”, sostuvo Guaidó recientemente en una entrevista con la agencia EFE.

El pasado miércoles, Guaidó, en un vídeo que publicó en sus redes sociales, hizo un llamado para una hoja de ruta definitiva hacia una transición en Venezuela, y como novedad, reclamó la colaboración de líderes opositores con los que ha tenido sus discrepancias, como Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Leopoldo López, Julio Borges o María Corina Machado. Ninguno de ellos, a día de hoy, le ha dado respuesta, lo que simboliza el mal momento de liderazgo que atraviesa el reconocido como presidente interino por más de 50 países.

Ante tanta incertidumbre y expectación, la pregunta clave es: ¿se cumplen en estos momentos las garantías suficientes para celebrar unos comicios libres y transparentes en Venezuela? Luis Vicente León, economista y presidente de Datanálisis, una de las encuestadoras más importantes del país, responde contundente a este interrogante en entrevista con NIUS: “No”, sostiene.

“Una elección competitiva es una elección democrática en la que tienen que cumplirse unas pautas muy concretas: debe haber un campo justo de competencia donde todos los actores tengan las mismas condiciones, el árbitro no debe ser sesgado y debe responder a la Constitución, no debe haber uso de los recursos públicos a favor de una de las partes y las reglas deben ser iguales para todos. En estas elecciones no se cumple ninguna de estas garantías. No es que haya violación de alguna de ellas. Es que no se cumple absolutamente ninguna”, sostiene.

León hace alusión a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral el pasado mes de junio a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, a su juicio, un poder “completamente controlado por la Revolución”. La designación de los nuevos rectores debería haberse hecho, según la Constitución de Venezuela, a través de la Asamblea Nacional, hasta el momento de mayoría opositora y único poder (de los cinco que hay en el país caribeño) que no pertenece en su totalidad al chavismo. De ahí la urgencia del gobierno por celebrar en el plazo establecido las elecciones legislativas que renovarán un parlamento que no les pertenece.

El economista también recuerda la intervención reciente mediante decreto judicial de las directivas de los principales partidos opositores del país (Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular), que se niegan a participar del proceso. El TSJ descabezó sus directivas díscolas y puso al mando, entregándoles el control total del partido y permitiéndoles hacer uso de sus símbolos, su logo y su tarjeta electoral, a personajes afines al proceso.

A la lista de estos partidos opositores intervenidos hay que sumar esta semana una nueva decisión judicial contra el Movimiento Tupamaru, un partido político de izquierdas y tradicionalmente aliado del chavismo, pero que últimamente había demostrado sus discrepancias con el gobierno y había planteado incluso una alternativa de izquierdas para acudir a las urnas al margen del PSUV.

“A todas estas circunstancias hay que sumarle la existencia de presos políticos y el uso de los recursos públicos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en su beneficio”, sentencia el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

Sin embargo, y aunque pueda parecer contradictorio, para el experto venezolano, la decisión del bloque de los 27 con Guaidó a la cabeza sobre no presentarse a las urnas es un error que además cumple con el círculo vicioso que aparece en Venezuela cada vez que ha habido un proceso electoral en los últimos años: el chavismo convoca a las urnas, la oposición no se presenta, el chavismo gana con mayoría, la abstención crece al igual que el desánimo en las calles, hay críticas sobre la transparencia del proceso durante unos días, pasa el huracán informativo y al final de la carrera, el régimen tiene más poder.

“Al final tendremos el peor de los escenarios, con una elección controlada por el gobierno y con una oposición secundaria o minoritaria participando, acrecentando el quiebre y la división”, augura el economista, que sostiene además que “la oposición no hace autocrítica. Debería tener una estrategia de lucha que la lleve a participar en todos los escenarios, pero en los últimos años ha muerto su esperanza y ha perdido su capacidad para articular el descontento popular. A mi juicio, la oposición venezolana debería usar todos los mecanismos, incluyendo la elección, para tratar de desequilibrar y provocar la salida de este gobierno”, concluye.

Pero hay otros asuntos, más de carácter técnico y de infraestructura, que tampoco están resueltos y que son importantísimos para garantizar la celebración del #6D.

En primer lugar, habrá un nuevo sistema de adjudicación de cargos, y hasta la fecha, el CNE no ha logrado explicar con claridad y exactitud de qué manera se van a producir. La nueva presidenta del órgano electoral, Indira Alfonso, anunció que para estas parlamentarias habría un aumento del número de diputados a elegir del 66%, pasando de 167 a 277, en pro, supuestamente, de un reparto más proporcional.

Para Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales, esta decisión “responde más a una cuestión política que técnica. En la práctica, el gobierno quiere dar más presencia en la Asamblea a los partidos minoritarios de la oposición, los que participaron en la denominada Mesa de Diálogo Nacional con el chavismo, para aparentar rédito y credibilidad, aunque con el reparto nunca llegarían a una mayoría suficiente para romper el quórum chavista”, sostiene en entrevista con este medio. Se trataría, por lo tanto, de una decisión, con objetivos meramente estéticos y que siempre va a dar más diputados a la primera mayoría.

Al mismo tiempo, el gobierno, necesitado de motivación en las calles y movilización electoral, aumenta el número de puestos en juego para garantizar que haya más gente en la disputa política que mueva a sus propios electores para conectarse con el país. “En Venezuela hay muchos políticos profesionales desempleados y el gobierno les está dando una opción para involucrarse de nuevo. Son sobre todo políticos del interior pertenecientes a los partidos opositores minoritarios cooptados por el chavismo”, sostiene Martínez.

Otra disyuntiva importante es algo tan básico como la falta de máquinas de votación para la realización de los comicios. El pasado mes de enero, un incendio quemó el 98% de las máquinas de votación del país, casi 49.000 máquinas. A día de hoy no se han restituido.

“En teoría, el gobierno está tratando de traer máquinas de China a través de la empresa Exclé, una empresa argentina de identificación biométrica no especializada en procesos electorales”, sostiene el periodista. “Pero en estos momentos, todavía se desconoce cuántas máquinas habrá y cuál será el software del voto electrónico, algo fundamental para garantizar la transparencia en los comicios. Se necesitan al menos 40.000 máquinas para mantener la estructura de votación que Venezuela ha tenido en los últimos años, y la fecha límite para ello son los primeros días de septiembre debido a la cercanía del proceso”.

Martínez no descarta que, en caso de darse, veamos unas elecciones inéditas, con parte de las mesas electorales automatizadas con máquinas y otra parte con voto manual.

Hasta el año 2017, la empresa encargada del software de las máquinas de votación en Venezuela era la empresa Smartmatic. Pero aquel año se celebraron las famosas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y los dueños de la empresa denunciaron fraude y manipulación en los datos de participación. El director ejecutivo de la compañía en aquel momento, Antonio Mugica, afirmó que estimaban “una diferencia de al menos un millón de electores entre la cantidad anunciada por el gobierno y la que arroja el sistema”.

Felipe Mujica, el líder del partido opositor Movimiento Al Socialismo (MAS), uno de los participantes en la Mesa de Diálogo Nacional y que sí acudirán a las urnas, explica a NIUS que desde su partido abogan “por alianzas perfectas, de manera unida, haciendo un llamado a votar para que la gente sepa que tiene posibilidades; para conseguir lo que la mayoría del país está buscando: una mayoría que diga que no estamos con este gobierno, pero siempre desde una solución pacífica, electoral y democrática”.

Su idea, por lo tanto, es conseguir aunar las fuerzas de varios partidos opositores contra el chavismo para conseguir más votos. No cuentan con la oposición encabezada por Juan Guaidó, con la que asegura que han tratado de comunicarse en varias ocasiones para establecer una ruta común sin éxito. “Guaidó ni siquiera nos ha respondido”, sostiene. La división entre la oposición venezolana es más que evidente y el quiebre parece irreparable, algo que evidentemente, sólo beneficia al gobierno de Nicolás Maduro y de lo que es muy consciente el propio Mujica. “El gobierno hizo una fiesta con ese llamado a la no participación del bloque de los 27. Nosotros estamos tratando de que el gobierno no tenga nada que celebrar”.

Las encuestas varían según pasan las semanas. Un sondeo realizado el pasado mes de julio por la Universidad Católica Andrés Bello y la firma Delphos, señaló que el 58,9% de los venezolanos está dispuesto a ir a votar a pesar de valorar negativamente al nuevo Consejo Nacional Electoral. Además, el 62,3% cree que la oposición debe participar y solo el 35,4% de los encuestados estarían dispuestos a salir a protestar para conseguir un cambio de gobierno.