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El 4 de mayo de 1999, un jurado en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas, declaró culpable a Daniel Lewis Lee de tres cargos de asesinato en ayuda de crimen organizado, para ser sentenciado a muerte.
El reo, de 47 años de edad, que luce en su cuello tatuajes nazis y que perdió su ojo izquierdo en una pelea en un bar, fue introducido a la supremacía blanca por hombres violentos durante su juventud. A lo largo de su vida pasó por varios internados religiosos, hospitales de salud mental y centros de detención juvenil.
En 1996, Lee, junto a otro hombre llamado Chevie Kehoe, irrumpió en la casa de una familia en la zona rural de Arkansas. Juntos, asesinaron al traficante de armas William Mueller, a su esposa Nancy, y a su hija Sarah de 8 años, para luego arrojar sus cuerpos atados a unas piedras, a un pantano. Los dos criminales, con las armas y el dinero robado a las víctimas, pretendían establecer una comunidad sólo para hombres blancos en el noreste del Pacífico.
La Oficina Federal de Prisiones ha programado su ejecución para el lunes, 13 de julio, en la Penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, en el estado de Indiana, a menos que se produzca un aplazamiento en el último minuto. Será, a nivel federal, la primera ejecución planificada en 17 años, y la cuarta en los últimos 32, incluyendo a Timothy McVeigh, el responsable de un atentado contra un edificio gubernamental en 1995 en Oklahoma City, en el que murieron 168 personas, entre ellas 19 niños.
En las próximas semanas, además de Lee, otros tres reclusos del corredor de la muerte serán ejecutados. Sus muertes están programadas para los días 15 y 17 de julio, y 28 de agosto.
Lejos de que la ejecución de Lee alivie la pena de los familiares de las víctimas, la anciana Earlene Peterson, de 81 años, quien perdió a su hija y a su nieta en aquellos asesinatos, no creen que el criminal deba morir. No dudan de su culpabilidad, pero la Sra. Peterson considera por un lado que hay cierta injusticia en la sentencia puesto que, en el juicio, descubrieron que el hombre que acompañó a Lee fue el autor intelectual de los asesinatos, y Lee, un seguidor de Kehoe que mató a la pequeña Sarah cuando Lee se negó a hacerlo. No obstante, el jurado dio una pena menor a Kehoe, sentenciándolo a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
La otra razón por la que la Sra. Peterson no quiere verlo morir, tiene que ver con sus creencias religiosas y con la memoria de su hija: “Daniel Lee dañó mi vida, sí, pero no puedo creer que quitarle la vida vaya a cambiar nada. Ejecutar a Daniel Lee no honrará a mi hija de ninguna manera. De hecho, es como si ensuciara su nombre porque ella no lo querría y yo no lo quiero. Esa no es la forma en que debería ser. Ese no es el Dios al que sirvo".
No todos los miembros de la familia se oponen rotundamente a la ejecución. Scott Mueller, padre de William Mueller, dijo: "Realmente no me importa si lo matan o no".
En el intento de que sus plegarias sean escuchadas, la Sra. Peterson, quien apoyó a Trump en 2016 y piensa votarlo de nuevo en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, en un vídeo colgado en internet hace algo más de 10 meses, pidió clemencia al presidente de los Estados Unidos: “Por favor, no ejecutéis a Daniel”, afirma en la grabación de 6 minutos. No está sola en esa petición. Su otra hija, Kimma Gurel y otra nieta, Monica Veillette, secundan su solicitud.
De manera diferente piensa el fiscal general, William Barr, quien considera que el gobierno de los EE.UU. debe proceder a la ejecución como parte de su obligación: "Le debemos a las víctimas de estos crímenes horribles, y a las familias que quedan atrás, cumplir la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia".
La Sra. Peterson y algunos de sus familiares, a la vista de que su solicitud de equiparar las dos condenas de los asesinos a cadena perpetua no se verá cumplida, haciendo uso de sus derechos, tenían pensado viajar a Terre Haute para presenciar la ejecución y consolarse mutuamente, pero dicen que la pandemia de coronavirus supone un riesgo para la salud demasiado grande.
En el intento de que esta última intención pueda ser viable, la Sr. Peterson ha presentado una petición legal para que se posponga la ejecución hasta que haya un tratamiento o vacuna disponible para combatir el Covid-19.
A su vez, la abogada del Lee, Ruth Friedman, también le ha pedido a un juez que retrase la ejecución de su cliente, alegando que será difícil mantener el distanciamiento social en la pequeña sala de ejecuciones, poniendo en riesgo tanto a testigos como al personal. En la penitenciaría de Terre Haute, al menos ocho prisioneros han dado positivo y uno, ha muerto.
Por otro lado, recientemente más de 1.000 líderes religiosos de Estados Unidos urgieron el martes al presidente Donald Trump a que abandone los planes de retomar las ejecuciones de los condenados: “Cuando nuestro país se enfrenta a la pandemia de Covid-19, una crisis económica y racismo sistémico en el sistema legal criminal, deberíamos enfocarnos en defender y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones”, dijeron en un comunicado líderes de diferentes grupos cristianos.
La Oficina de Prisiones ha confirmado que los funcionarios llevarán máscaras faciales, además de proveer las mismas a los asistentes a la ejecución, aunque reconocieron que “la distancia social puede no ser factible, debido a la capacidad limitada de la sala de testigos”.
El debate sobre la pena capital viene de largo. Los defensores argumentan que es un elemento disuasivo contra los delitos graves y que se hace justicia a las víctimas o a las familias de las víctimas. Quienes se oponen, señalan las desigualdades raciales de los presos condenados a muerte, los costos financieros y las condenas erróneas.
En el caso de Daniel Lewis Lee, fue sorprendente la carta redactada por Garnett Thomas Eisele, el juez federal que presidió el caso, en la que admitió con el tiempo que él mismo se había replanteado su trabajo durante el juicio de los dos autores criminales, lamentando que el coacusado de Lee, Chevie Kehoe, era "más culpable" aun cuando el jurado lo libró de la pena capital y lo sentenció a la vida en prisión: "Frecuentemente he cuestionado mis propias decisiones en este caso y me he preguntado qué podría haber hecho de manera diferente para que el resultado fuera más racional", escribió a sus 91 años en 2014 el ya fallecido magistrado. “Todos los involucrados hicieron lo mejor que pudieron en ese momento con el conocimiento que tenían. Aún así, el resultado final me deja con la firme convicción de que no se hizo justicia en este caso en particular, con respecto a la sentencia de muerte impuesta a Daniel Lewis Lee ", reconsideró Eisele.
La inquietud sobre la sentencia de Lee también embargó a Dan Stripling, el fiscal principal del caso, quien en otra carta, explicó que estaba preocupado por la contingente imposición de la pena capital. La sentencia de muerte a Lee, escribió, “ilustra perfectamente esta inexplicable aleatoriedad”.
La mayoría de los delitos cometidos en el país se juzgan bajo las leyes estatales, pero los tribunales federales pueden abordar algunos de los delitos más graves como ataques terroristas, delitos de odio y similares, así como los cometidos en bases militares y reservas indígenas.
Si bien, en 1972 la Corte Suprema de EE.UU. ilegalizó la pena capital a nivel estatal y federal -por considerarla un castigo cruel y poco frecuente-, tras algunos cambios en los estatutos de su aplicación, en 1976 se restableció en varios estados, y en 1988, el gobierno aprobó que la pena de muerte se podría aplicar otra vez a nivel federal.
En el año 2019, un total de 22 personas fueron ejecutadas bajo condenas estatales, pero la última ejecución federal, recayó en 2003 sobre Louis Jones Jr, un veterano de la Guerra del Golfo de 53 años, que secuestró y asesinó a Tracie Joy McBride, una soldado del Ejército de 19 años. Desde entonces, se podría decir que hubo una moratoria informal.
El Protocolo Federal de Ejecuciones prevé que las ejecuciones se realicen por inyección letal. Sin embargo, este método ha sido muy cuestionado después de haberse constatado que ha derivado en muertes lentas y dolorosas. Muchos recuerdan el caso de Clay Lockett, condenado por violación y asesinato, quien agonizó durante más de media hora en un resultado fallido de la sustancia que se le inyectó en sus últimos minutos de vida para llevar a cabo su ejecución. Sucedió en 2014 bajo el mandato del demócrata Barack Obama, quien entonces dijo que “algunos crímenes son tan odiosos, que sus autores podrían merecer la pena capital”, pero advirtió que el incidente despertó “interrogantes sobre cómo se está aplicando la pena de muerte”. “Lo que sucedió en Oklahoma fue realmente perturbador”, manifestó el 44 presidente de los Estados Unidos.
Sabido es que el mandatario Donald Trump es un claro defensor de la pena de muerte, que históricamente ha gozado de mayor respaldo entre los votantes republicanos que entre los demócratas. De hecho, frente a su posible reelección en noviembre, ha pedido que se intensifique el uso de la pena capital, especialmente para los asesinos de policías y traficantes de drogas.
En julio de 2019, el fiscal general de EE.UU., William Barr, notificó la reanudación de las ejecuciones, así como una modificación de las normas federales para que, en lugar de usar el cóctel de tres fármacos que se venía aplicando hasta entonces, se utilizara un único medicamento, el pentobarbital, un potente sedante que ralentiza el cuerpo, incluido el sistema nervioso, hasta provocar la muerte. El pentobarbital se ha empleado en más de 200 ejecuciones desde 2010. Cabe señalar que muchas empresas farmacéuticas se han negado a suministrar los barbitúricos a las autoridades, pues no quieren que sus productos sean usados para aplicar las mortales ejecuciones.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés), actualmente hay unas 60 personas condenadas a muerte por delitos federales.
La pena capital también ha perdido respaldo en la opinión pública. De los 50 estados que conforman la nación, 29 de ellos todavía autorizan la pena capital. Según un estudio divulgado en junio por Gallup, una compañía de análisis y encuestas, el 54% de los estadounidenses consideran que este castigo es moralmente aceptable, lo que representa una notable caída si se compara con el 71% de los consultados, que decían lo mismo en el año 2006.
Cuando Barr anunció en un comunicado el calendario de ejecuciones previsto para las próximas seis semanas, referentes a condenas o violaciones de niños, dijo que el pueblo estadounidense, actuando a través del Congreso y los presidentes de ambos partidos políticos, “ha instruido durante mucho tiempo que los acusados condenados por los crímenes más atroces deben estar sujetos a una sentencia de muerte". "Los cuatro asesinos cuyas ejecuciones están programadas ... han recibido procedimientos completos y justos bajo nuestra Constitución y leyes".