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Las protestas desencadenadas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd en los últimos días, tienen sus raíces en décadas de frustraciones. Las manifestaciones que reclaman justicia resaltan, no sólo la violencia policial contra las personas de color, sino también las desigualdades y la discriminación racial endémica de una sociedad que históricamente arrastra estereotipos de exclusión que perduran en la actualidad.
Estados Unidos ha sido siempre un país inmensamente diverso, comúnmente descrito como un “melting pot” o crisol de razas, culturas y entidades que conviven bajo las mismas leyes, tal y como establece la Constitución, pero a la hora de llevarla a la práctica, saca a la luz la inequidad en otras esferas como la salud, la educación o el trabajo.
Los afroamericanos han protestado contra estas injusticias desde los días posteriores a la Guerra Civil en la década de 1860. A lo largo del siglo XX, hubo levantamientos significativos en Chicago (1919), Nueva York (1935), Detroit (1943) y en Los Ángeles (1943, 1965 y 1992). La ira de las ciudades de Estados Unidos se desbordó en lo que se conoció como el “largo y caluroso verano de 1967”, en el que se produjeron un total de 159 incidentes similares a lo largo y ancho de Estados Unidos con epicentro en la ciudad de Detroit.
La Ley de los Derechos Civiles de 1964, había terminado con la segregación, pero no trajo la igualdad, y la injusticia racial a manos de la policía, permaneció.
Aquel “largo y caluroso verano del 67” los manifestantes salieron a la calle en más de 150 ciudades, dando lugar a enfrentamientos violentos entre residentes negros y autoridades policiales, en su mayoría blancas. Fue la liberación del resentimiento acumulado. La Guardia Nacional se desplegó en al menos una docena de estados. El senador Everett Dirksen (republicano por Illinois), dijo: “Nadie está a salvo en las calles, en su casa o propiedad”. Los moderados blancos condenaron estas rebeliones armadas como la antítesis de las famosas protestas no violentas de activistas de derechos civiles. Como una realidad aplastante que permanecería en el tiempo, Martin Luther King, asesinado en 1968, dijo: “Un motín es el lenguaje de los no escuchados”.
Los afroamericanos representan en Estados Unidos el 13 % de una población, la mayor minoría racial, de casi 130 millones de habitantes. Las familias e individuos negros disfrutan de un nivel medio de riqueza drásticamente más bajo que los blancos o los asiaticoamericanos. Un dato que se da incluso entre los afroamericanos con altos niveles de educación y altos salarios.
Estas disparidades resultan de múltiples factores relacionados con la marginación, la discriminación y el acceso a los servicios de salud.
Prueba de ello es que, en tiempos de coronavirus, las defunciones por Covid-19 en Estados Unidos entre los afroamericanos superan más de dos veces la de otros grupos raciales. En ciudades como Chicago, donde el 30% de la población es afroamericana, ha supuesto el 52% de los contagios confirmados (siete de cada diez han fallecido por esta causa). En Michigan, otro reflejo significativo, son el 14% de la población, pero representan el 33% de los casos positivos y el 41% de los fallecidos.
El coronavirus, ha puesto también al descubierto las desigualdades que han sido ignoradas durante años. Pero la pandemia no sólo ha afectado especialmente a afroamericanos y a hispanos en cuando a número de enfermos, sino también en la repercusión económica, pérdida de trabajo, recortes salariales u horarios reducidos. Un 37% de los hispanos y un 27% de los afroamericanos no han podido pagar por lo menos una de sus facturas como resultado de la crisis. Entre los blancos el porcentaje es de 17%.
Estas circunstancias, se suman a la causa de un sector de la población frustrado y decepcionado, que en pleno siglo XXI, en el país de las libertades, sigue viendo carencias en un sistema con brechas importantes que afecta a las grandes minorías raciales.
Para poner remedio, a lo largo de la historia de Estados Unidos, desde el presidente Rooselvet hasta Trump, han aplicado la política ahora llamada “Positive Action” o “Acción Afirmativa”, entendida como un conjunto de leyes, políticas y pautas administrativas destinadas a prevenir la discriminación en contra de los trabajadores o estudiantes, basándose en la raza, la religión, el género o el país de origen, y otorgando especial consideración a los grupos históricamente excluidos.
Por ejemplo, en algunas escuelas y universidades se han establecido un método de porcentajes que integre a estudiantes de minorías raciales a través de un sistema de cuotas. Quienes apoyan la “Acción Afirmativa”, sostienen que asegurar la igualdad de oportunidades sin importar de dónde venimos, afianza un mejor futuro para el país. Su puesta en práctica ha ayudado a construir una clase media afroamericana que antes no existía. Otros sectores consideran que sería mejor enfocar los esfuerzos de la “Acción Afirmativa” según la clase social y económica del postulante, dejando a un lado la raza.
Sin embargo, se sostiene que las minorías raciales de todas las clases sociales son igualmente vulnerables a sufrir discriminación. Por otro lado, existen muchos detractores que consideran que, por el contrario, trata la discriminación en sentido inverso.
Cuando Barack Obama alcanzó la presidencia de los Estados Unidos en 2008, muchos partidarios esperaban un futuro con una Acción Afirmativa que se vería asegurada bajo un mandatario de raza negra aunque durante los primeros años el progreso no fue tan evidente. En 2010, Obama presentó un plan educativo con respecto a la política de la administración anterior de George W. Bush quien bajo su mandato aprobó la Ley “The no child left behind act” (“Que ningún niño se quede atrás”). Obama, con su nueva versión, recompensó a aquellos colegios e instituciones que trabajaran con minorías y estudiantes oprimidos.
Donald Trump y su administración, por su parte, lidió los primeros años con la legislación y las políticas relacionadas con la acción afirmativa, intentando revertir las de Obama.
Muy sonado fue el caso que llegó a la Corte Suprema en 2003, cuando una estudiante que demandó a la Facultad de Derecho de Michigan alegando que se le había denegado la admisión porque la escuela le dio a ciertos grupos minoritarios una probabilidad significativamente mayor de admisión. El centro universitario admitió que su proceso de admisión favoreció a ciertos grupos minoritarios, pero argumentó que había un interés estatal convincente para garantizar una "masa crítica" de estudiantes de grupos minoritarios. La Corte Suprema finalmente dio la razón a la Universidad de Michigan.
En otra prestigiosa Universidad, la de Harvard, que también se vio implicada en otro pleito que dio mucho que hablar, la cuota de admisión se distribuye concediendo cerca de un 23% de los estudiantes asiático-americanos; un 15% para los afroamericanos; un 12% para los latinos; un ínfimo 1,90% pertenece a los llamados nativos americanos y cerca del 50% es para los blancos.
Nueve estados de Estados Unidos han prohibido alguna vez la acción afirmativa, entre los que es encuentran California, Texas, Washington, Florida y Michigan.
Si bien los porcentajes de acceso a las universidades son para una gran mayoría de las minorías, sueños prácticamente inalcanzables, la realidad que se vive en las calles de las ciudades estadounidenses, hoy invadidas de protestas contra el racismo, es preocupantemente más cruda.
Entre 2013 y 2019, la policía en los Estados Unidos mató a 7.666 personas, según los datos recopilados por Mapping Police Violence, un grupo de investigación y defensa.
La tasa de muertes en enfrentamientos con las fuerzas del orden es muy superior entre la población afroamericana en comparación con la blanca: el 24% de los muertos a manos de la policía son negros, aunque el grupo sólo constituye 13% del total de la población.
Estadísticamente, el número de asesinatos afecta además desproporcionalmente a los afroamericanos, quienes tienen más del doble de posibilidades de convertirse en víctima mortal que los oficiales blancos.
En el estado de Utah, los afroamericanos representan sólo el 1.06% de la población, pero registraron el 10% de los asesinatos policiales en los últimos siete años, una tasa desproporcionada 9.21 veces. En Minnesota, los estadounidenses negros tienen casi cuatro veces más probabilidades de ser asesinados por las fuerzas del orden público, con víctimas negras que constituyen el 20 % de los asesinados, a pesar de que sólo comprenden el 5% de la población general.
En una encuesta realizada por John Gramlich, investigador del centro Pew, en 2019, el 84% de los adultos negros consultados dijo que la policía los trata peor que a la comunidad blanca.
Asimismo, el 44% de los afroamericanos entrevistados aseguró haber sido detenido injustamente por la policía debido a su raza, algo que afirmaron el 19% de los hispanos, el 16% de los asiáticos y el 9% de blancos encuestados.
Los afroamericanos son arrestados por abuso de drogas a una tasa mucho más alta que los estadounidenses blancos, aunque las encuestas muestran el consumo de drogas a niveles similares. De la misma manera, los afroamericanos también tienen más probabilidades de ser arrestados, acusados de delitos y condenados que los blancos.
Con respecto a los centros penitenciarios, los datos también son alarmantes. Si bien la población reclusa ha disminuido considerablemente en los últimos años en Estados Unidos, los afroamericanos continúan teniendo más probabilidades de ingresar en la cárcel que los blancos.
En 2018, el 33% de la población carcelaria era de raza negra y un 30% blanca.30% blanca. Sin embargo, los blancos representan el 60% de la población adulta del país y los negros el 12%.
Otro dato que cabe señalar es que, uno de cada 20 jóvenes afroamericanos que tiene alrededor de 30 años, está preso en una cárcel estatal o federal. En el caso de los jóvenes entre 18 y 30 años, uno de cada tres está en la cárcel o se encuentra en libertad condicional.