El debate sobre el aborto no tiene fecha de caducidad en Estados Unidos. Aunque es una práctica legal en el país desde que la Corte Suprema así lo estableciera de forma histórica en 1973, los estados pueden promulgar leyes que cuestionen lo estipulado. Buena prueba son las 58 restricciones que fueron decretadas al respecto, el pasado año, en 19 estados diferentes.

Y aunque la controversia resurge de forma recurrente cada vez que ello ocurre, esta semana la discusión ha venido acompañada de sorpresa cuando el máximo tribunal, compuesto en la actualidad por una mayoría de jueces conservadora, resolvió que la ley que restringe el aborto en Luisiana viola la sacrosanta Constitución.

Esta victoria de los activistas de Luisiana supone un soplo de aire fresco a la situación de un estado que se habría quedado con una sola clínica para realizar abortos, ya que gracias a esta sentencia queda anulada la coercitiva ley de regulación de este tipo de instalaciones sanitarias. El presidente del tribunal y cuatro jueces progresistas dictaminaron con su veredicto que “las clínicas pueden seguir abiertas para dar servicio al millón de mujeres en edad reproductiva en el estado”, según Nancy Northup, presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos, defensora de una de las partes en litigio.

La reciente decisión del tribunal supremo del país es un serio revés para los estados más conservadores que, en los últimos diez años, han desarrollado una campaña de limitación del derecho aborto a través de la puesta en marcha de más de 400 medidas legislativas. La incorporación de dos jueces de tinte conservador a dicho tribunal de los Estados Unidos (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh), a propuesta de los republicanos a su llegada a la Casa Blanca, auguraba un apoyo a las leyes contrarias a los derechos reproductivos pero el voto final del presidente John G. Roberts Jr. inclinó la balanza a favor de los jueces progresistas e hizo saltar por los aires los planes republicanos.

Todo ello a pesar de que, según un informe del Instituto Guttmacher, una organización que apoya el derecho de las mujeres al aborto, las tasas de interrupción voluntaria del embarazo en el país ya habían disminuido un 7% entre 2014 y 2017. Las principales razones fueron el aumento de la calidad de la salud reproductiva, con un mejor acceso a la anticoncepción y a los dispositivos anticonceptivos de las mujeres; un mayor uso de la píldora abortiva, que provoca el aumento de los abortos en el hogar (20% en 2014) y aumenta la dificultad de su rastreo; la crecida de las restricciones legales, unas 394 entre 2011 y 2017, y la decisión de tener menos hijos por parte de las mujeres.

A partir de 2019 las decisiones legales se han centrado más en vetar el aborto en lugar de limitarlo, destacando Alabama como uno de los estados más restrictivos en el diseño de leyes y California como uno de los más permisivos. Esto finalmente supone que los derechos de las mujeres dependen en gran parte de en qué parte del país viven o de si tienen dinero para desplazarse a otro estado. Nada que ver con la sentencia de 1973 que, aparte de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, legitimaba el “derecho a la intimidad de la mujer”, derivado de la decimocuarta enmienda de la Constitución.

La victoria de los republicanos en las últimas elecciones, con Donal Trump a la cabeza, supuso la llegada de un programa electoral que, entre otras promesas, incluía el nombramiento de jueces provida, dejar de financiar a organizaciones partidarias del aborto y proteger la libertad de conciencia en este tema. De hecho, sólo un año después de su elección, el presidente fue elegido “personalidad provida del año” por la organización cristiana Operación Rescate. La razón: haber cumplido sus promesas electorales contribuyendo a la causa de “la protección humana”. Y es que detrás de estas promesas se encuentra el voto de los evangélicos, que supone una parte importante del electorado blanco conservador del partido republicano.

Junto al nombramiento de los dos nuevos jueces en el Tribunal Supremo, iniciativa destinada a garantizar una mayoría conservadora en la más alta instancia judicial del país, las acciones se focalizaron en retirar los fondos públicos a instituciones que practican la interrupción voluntaria del embarazo, entre las que se encuentran Planned Parenthood o Maine Family Planning. Ello ha llevado a la salida de estas organizaciones de un plan federal de financiación que ha tenido consecuencias graves en algunos estados como Utah, que se ha quedado sin entidades de asistencia de planificación familiar.

Planned Parenthood sigue trabajando en algunos estados pero se ha visto obligada a cobrar a sus usuarios, lo que supone que la población más vulnerable que antes recibía servicios gratuitos como métodos anticonceptivos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, ahora no puede acceder a ellos. Maine Family planning, por su parte, ha subsistido gracias a su propio capital de reserva pero ambas organizaciones han tenido que negociar ayudas con los programas estatales.

La última gran victoria de Trump a este respecto fue la marcha protagonizada por decenas de miles de personas, el pasado mes de enero, en la ciudad de Washingon DC. Bajo el lema “Empodera la vida. Ser mujer es ser provida”, una multitud llegada de todo el país se reunió en el National Mall para conmemorar el aniversario del fallo del Corte Suprema que legalizó el aborto en el país.

Por primera vez en la historia, esta marcha contó con la participación del presidente de los Estados Unidos quien se dirigió a los asistentes señalando que era un honor estar ahí “para defender el derecho de cada niño, nacido y no nacido, a cumplir el potencial dado por Dios”. Todo un guiño a las miles de asociaciones religiosas y civiles, congregadas en en National Mall, que vitorearon sus palabras como en un mitin político. Un preludio de lo que queda por ver en una campaña electoral que ya está en juego.