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Fuerzas afines al Ejecutivo de Etiopía se encuentran quemando los cadáveres de cientos de civiles masacrados en el estado de Tigray (en el norte del país) para eliminar pruebas de genocidio durante la guerra contra los rebeldes antes de la posible llegada de una delegación del Tribunal Penal Internacional para investigar lo ocurrido. Así lo denuncian más de una decena de testigos.
El oeste de Tigray está ocupado ahora por fuerzas de la vecina región de Amhara en un episodio más de la guerra que enfrenta desde noviembre de 2020 al Gobierno etíope contra el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF). Ambos bandos han sido acusados de la comisión de delitos constitutivos de crímenes de guerra.
Según especificó la ONG Human Rights Watch (HRW), a las fuerzas de Amhara se les acusa de "expulsar sistemáticamente de sus hogares a varios cientos de miles de civiles de Tigray mediante amenazas, asesinatos, violencia sexual, detenciones masivas arbitrarias, saqueos, traslados forzosos y denegación de asistencia humanitaria con la aquiescencia y la posible participación de las fuerzas federales etíopes".
Una investigación de la cadena británica BBC destaca que "más de 200 cuerpos de civiles del pueblo de Tigray, enterrados en dos fosas comunes detrás de la escuela de Hamele Hamushte, en la región de Humera, fueron exhumados, quemados y trasladados a otro lugar" después de que la ONU aprobara una investigación independiente de lo sucedido. En esta zona, el acceso de informadores exteriores es prácticamente inexistente.
Las nuevas autoridades del oeste de Tigray han admitido a la BBC que sus fuerzas han exhumado cadáveres pero puntualizan que su objetivo es el de recabar pruebas que demuestran una campaña de asesinatos perpetrados por las fuerzas del TPLF durante las últimas décadas.
Los testigos de BBC relatan otra quema de unos 150 cuerpos en la localidad de Adebay, también en el oeste de Tigray, y de otros 70 en la ciudad de Beaker con la presunta participación de expertos de la Universidad de Gondar para facilitar la "desaparición". La institución no ha respondido sobre estas acusaciones.
La oficina del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, tampoco ha hecho comentarios y sólo el presidente del Parlamento Federal, Agegnehu Teshager, ha desmentido categóricamente las acusaciones.
"No ha sido posible exhumar las fosas comunes y mostrárselas al mundo hasta estos días porque el TPLF estaba gobernando el país", ha aseverado, antes de calificar las acusaciones vertidas por HRW como "informes sensacionalistas que no tienen en cuenta la realidad sobre el terreno".
El TPLF acusa a Abiy de incrementar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.