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El presidente Donald Trump, tras declarar la semana pasada que todo estaba bajo control, acusar a ciertos medios de provocar el pánico en los mercados y asegurar que el coronavirus supone un riesgo muy bajo para los ciudadanos estadounidenses, decidió encargar la gestión de la crisis a su vicepresidente Mike Pence.
Toda una declaración de intenciones en respuesta a las críticas que recibió de los precandidatos demócratas, que reprobaron duramente la gestión del presidente y los recortes realizados por su administración al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Este organismo, junto al Instituto Nacional de Salud, son los que están haciendo el seguimiento de la crisis e informan a diario a la secretaria del Presidente. Y es que las medidas puestas en marcha, hasta ahora, no habían ido más allá de la recomendación para no viajar a ciertos países y del llamamiento a colegios y empresas con el fin de cómo evitar el contagio con algunos consejos básicos, como lavarse bien las manos y no salir a la calle en caso de mostrar síntomas.
En un país en el que 34 millones de personas carecen de cobertura médica privada, el desafío de la gestión de la propagación del coronavirus se ve agravado por la disminución presupuestaria de los últimos años en los sistemas de salud pública local, estatal y federal.
En este país la responsabilidad por la prestación de servicios de salud no recae solo en el gobierno federal, sino que se reparte entre los diferentes sistemas de provisión sanitaria existentes (estados y ciudades), cada uno con un nivel de competencias diferente. A nivel federal la legislación establece dos sistemas distintos: Medicare y Medicaid.
El primero se financia con las aportaciones de los ciudadanos a la seguridad social y su fondo de pensiones público. Es un programa administrado por el gobierno que cubre a personas, mayores de 65 años y jóvenes con discapacidades, que necesiten tratamiento debido a patologías graves. En este caso el estado actúa como entidad aseguradora. Es el que más beneficiarios atiende aunque no cubre medicina preventiva ni servicios como oculistas o dentistas.
El segundo está legislado a través de la asignación de fondos del Congreso pero gestionado por los servicios de salud de los estados y las jurisdicciones locales. Es decir, hay tantos Madicaid como estados. Está dirigido a personas de bajos recursos económicos y presta especial atención a todas aquellas personas protegidas bajo la ley federal como mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad y padres o madres de familia bajo los estándares de pobreza del país.
Aparte de los dos anteriores, que son los mayoritarios, a nivel federal encontramos el sistema de atención médica a los veteranos del ejército (VA), que ofrece un paquete de beneficios médicos que incluye atención primaria, especializada y de prevención, diagnósticos, atención hospitalaria y servicios médicos ambulatorios. En algunos casos también pueden recibir beneficios adicionales como atención dental.
Además, las ciudades y municipios del país también subsidian seguros, tanto privados como sin ánimo de lucro, a través de los que operan hospitales y centros sanitarios especializados.
De forma paralela, hay una enorme red de instalaciones privadas sanitarias (clínicas y hospitales), contratadas y gestionadas a través de seguros privados, que conllevan un gasto muy alto para el ciudadano aunque son las utilizadas por una gran parte de la población.
De hecho, según la American Hospital Association, en Estados Unidos hay unos 6.000 hospitales, de los cuales 5.200 están clasificados como community hospitals. Proporcionan atención quirúrgica y médica y están situados en las grandes ciudades. También engloban a los hospitales universitarios que ofrecen formación. Otros 200 están gestionados por el gobierno federal y dan servicio especialmente a militares. Unos 600, pertenecientes al sector privado, atienden las necesidades de salud mental. Ninguno es gratuito.
En este escenario, tanto republicanos como demócratas han decidido solicitar un paquete presupuestario de emergencia de 8.000 millones de dólares para combatir el coronavirus. El acuerdo aún debe ser votado por la Cámara y el Senado y se espera que llegue a la Casa Blanca lo antes posible para la ratificación del Presidente de Estados Unidos.
En la actualidad, seis personas han fallecido en el país y hay un centenar de casos, repartidos por 11 estados. Las pruebas para detectar el virus se realizan en laboratorios de salud pública, una vez que la Administración de Alimentos y medicamentos (FDA) lo aprueba. Pero estos test, que son gratuitos al ser realizados en instalaciones de salud pública, van acompañados de gastos que en algunos casos suman miles de dólares. Es el caso de las visitas médicas a las personas afectadas o las hospitalizaciones de los pacientes si se determina que son necesarias.
Por ello aún se están manteniendo conversaciones entre las autoridades federales y estatales para decidir cómo financiar las pruebas debido a que el fragmentado sistema de salud norteamericano complica más aun la situación. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tuiteó que “exige a las aseguradoras de salud de Nueva York que renuncien a los costos compartidos asociados a las pruebas para detectar coronavirus” pero aún ninguna empresa de seguros privados se ha pronunciado al respecto.
Mientras, el gobierno intenta transmitir la sensación de tener todo bajo control y Alex Azar, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos del CDC, no se cansa de explicar que los expertos están trabajando especialmente para conocer la velocidad de propagación del virus, su gravedad y la duración del período de incubación, datos que serán determinantes para la gestión de la crisis.
No olvidemos que la campaña electoral solo acaba de empezar. Muchos se preguntan si el riesgo de contagio puede llegar a ser peor de lo esperado, sobre todo para los candidatos.