Más de 93.000 muertes por sobredosis en 2020, un coste económico para el estado de 78.500 millones de dólares anuales, sin incluir tratamiento de la adicción o intervención de la justicia, y el aumento de la propagación de enfermedades como el VIH y la hepatitis, son solo algunas de las consecuencias de la crisis de opiáceos que desde hace años asolan algunos barrios de las principales ciudades estadounidenses.

La pandemia ha agravado el problema y zonas específicas de núcleos urbanos, como Philadelphia, Baltimore o Los Ángeles, podrían seguir siendo los escenarios de series televisivas como The Wire, que retrataba el tráfico y consumo de drogas en sectores marginales de la ciudad del estado de Maryland, ya a principios de este siglo. Y es que más allá de las estadísticas y las durísimas imágenes que arrojan las escenas cotidianas de estos barrios, las muertes por sobredosis han aumentado un 30% desde 2019.

La crisis de salud provocada por el Covid-19 y la prevalencia del fentanilo han provocado “el número más alto de alto de muertes por sobredosis jamás registrado en un periodo de 12 meses y el mayor aumento desde al menos 1999”, según declaró a la emisora NPR la doctora Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.

Tras añadir que los datos son “escalofriantes”, la doctora Volkow ha lamentado la lucha que las salas de emergencia de los hospitales han tenido que mantener por ambas razones y señala que el aumento de muertes por sobredosis afecta al menos a diez estados (Virginia Occidental, Luisiana, California, Nebraska, Arkansas, Virginia, Vermont, Kentucky, Carolina del Sur y Tennessee).

Los fallecimientos por sobredosis, en 2020, suponen una cuarta parte de las provocadas por el Covid, que según los Centros para el Tratamiento y la Prevención de Enfermedades Infecciosas (CDC) llegaron a 375.000. De las 93.331 personas que murieron por sobredosis de drogas, el pasado año, 69.710 lo hicieron por consumo de opiáceos, especialmente de fentanilo.

El consumo de esta droga se ha disparado desde 2016. Hasta esa fecha, la mayoría de las muertes por sobredosis provenían del consumo de heroína, cocaína y metanfetamina. Sus propiedades son parecidas a las de la morfina pero el fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente, según el Instituto Nacional de Drogas (NIH).

Sus efectos son una felicidad extrema, aletargamiento, confusión y, a veces, pérdida del conocimiento. También provoca calambres y espasmos musculares, lo que hace que los consumidores busquen estirar el cuerpo para paliar las molestias, de ahí las posturas extrañas que adoptan los usuarios de esa droga cuando están bajo los efectos de su consumo.

Cuando el fentanilo es recetado por un médico se administra de forma inyectable, con un parche que se adhiere a la piel o en forma de pastillas, pero el que se consume ilegalmente se suele adquirir en polvo o en gotas. También se mezcla con otras drogas, lo que aumenta la probabilidad de sobredosis.

La lucha contra el contrabando de este opiáceo sintético se ha convertido en una prioridad para las agencias antidroga estadounidenses. Aunque China prohibió el fentanilo en su propio país, en 2019, el gigante asiático se ha convertido en la principal fuente de la variante ilegal de esta sustancia que luego entra en los Estados Unidos.

Según un informe de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad del Congreso, difundido por la agencia Reuters, la cooperación de China en la lucha contra esta droga “sigue siendo limitada en el terreno”, ya que las autoridades reguladoras asiáticas retrasan las solicitudes de acceso para las inspecciones de las empresas donde se fabrican las sustancias químicas que luego son usadas por los cárteles extranjeros, especialmente mexicanos, de la droga.

Pero el comienzo de esta historia es anterior y se sitúa a mediados de la década de los 90, cuando las compañías farmacéuticas estadounidenses desarrollaron y comercializaron unas serie de analgésicos fabricados con opioides que fueron distribuidos a los médicos, recomendados para ser recetados a los pacientes y publicitados con poderosas campañas de marketing, que obviaron la grave adicción que producían.

Empresas como Purdue Pharma, fabricante del fármaco OxyContin, un medicamento contra el dolor tres veces más fuerte que la morfina, ingresaron enormes cantidades de dinero gracias a sus ventas, que alcanzaron en 2001 los 1.600 millones de dólares, suponiendo un 80% de los ingresos de la compañía. Gracias a ello, la fortuna de la familia Sackler, propietaria de la empresa, se multiplicó llegando a acumular 13.000 millones de dólares, en 2016, según la revista Forbes.

El alto número de muertes y personas adictas a consecuencia de ello provocó una demanda colectiva, de más de 500 ciudades y condados estadounidenses, contra ocho miembros de la familia Sackler, que se ha saldado con la firma de varios acuerdos a través de los que Purdue Pharma pagará, en compensación, 4.000 millones de dólares, lo que ha llevado a la disolución de la empresa.

En total, varias empresas (como Johnson&Johnson, Cardinal Health, McKesson o Amerisource Bergen) que también produjeron y comercializaron medicamentos parecidos, pagarán unos 26.000 millones de dólares a los estados afectados, ya que del uso de estos potentes analgésicos los pacientes, convertidos en adictos, pasaron al consumo de drogas ilegales.

Según un informe del pasado mes de marzo, realizado por la Agencia de Abuso de Drogas estadounidense, entre el 8 y el 12% de las personas que han usado medicamentos de este tipo recetados para el dolor crónico han desarrollado un trastorno por consumo de opioides. Además, alrededor del 80% de las personas que consumen heroína habían abusado con anterioridad de medicamentos recetados derivados de los opioides.

Todo ello ha dado lugar a una crisis de salud pública que está dejando miles de familias afectadas, pacientes con dolor que han acabado siendo adictos a las drogas o perdiendo la vida, aumento de niños que nacen con el síndrome de abstinencia neonatal (debido al consumo o mal uso de medicamentos durante el embarazo de la madre) y el aumento de otras enfermedades.

Ante este panorama, el expresidente Trump declaró la emergencia de salud pública en el país, a finales de 2017, pero la llegada de la pandemia y el colapso de los centros sanitarios, el incremento del paro debido al cierre de empresas y el confinamiento al que se ha visto sometida la población, empeoró la situación ya existente.

Por ello, la administración de Joe Biden, a través del departamento de Salud y Servicios Humanos, está desarrollado una estrategia centrada en la mejora a los servicios de recuperación, promoción del uso de medicamentos que contrarresten las sobredosis, divulgación del conocimiento de la epidemia, apoyo a investigaciones sobre el dolor y la adicción y el fomento de mejores prácticas para su control. Unas acciones que, si bien son necesarias, aún tardarán en dar sus frutos.