Tiempos convulsos para Burkina Faso, la región saheliana y el conjunto de África occidental. Transcurridos diez días desde la detención del presidente Roch Kaboré por parte de un grupo de militares descontentos por la falta de medios para combatir la violencia y la inseguridad, el golpe de Estado parece haber triunfado.

Lo cierto es que el derrocamiento del presidente Kaboré ha contado con un importante apoyo popular. La situación de inseguridad y la amenaza del yihadismo unida al deterioro de la situación económica se han vuelto insoportables para una gran parte de la sociedad burkinesa, también para el Ejército. Las protestas se han sucedido durante meses.

El lunes de esta semana, el Gobierno militar que se hizo con el poder el pasado día 24 de enero –denominado Movimiento Patriótico por la Preservación y la Restauración- aseguraba haber reinstaurado la Constitución y anunciaba que el líder golpista, el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, es ahora nuevo jefe de Estado, presidente y líder supremo de las fuerzas armadas para un nuevo supuesto período de transición (por el momento indeterminado). La nueva autoridad militar anunció la aprobación de una “ley fundamental” que “deja sin efecto la suspensión de la Constitución”.

El texto de la citada norma –de 37 hojas- garantiza libertades básicas recogidas por la Constitución –como la libertad de expresión o de movimiento-, la independencia de la judicatura y la presunción de inocencia, según se hacía eco la web de la cadena Al Jazeera. El citado Movimiento Patriótico para la Preservación y Restauración “asegura la continuidad del Estado mediante el establecimiento de cuerpos de transición”.

El pasado 2 de febrero, una misión conjunta de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) –que ha suspendido la membresía de Burkina Faso y amenaza con imponerle sanciones- y la ONU se reunió con la junta militar que dirige Burkina Faso desde el golpe del pasado 24 de enero y con el ex presidente Kaboré. La cita servía, entre otras cosas, para comprobar que el depuesto mandatario se encontraba en buen estado de salud. Este jueves la CEDEAO vuelve a celebrar una cumbre extraordinaria dedicada a la situación en Burkina Faso.

“El golpe de Estado de Burkina Faso ha estado apoyado por la población y supone una contradicción respecto al clamor popular que hubo en 2014, cuando la población reivindicó una transición de un régimen militar a civil tras 40 años de autocracia con Blaise Compaoré”, explica a NIUS Beatriz Mesa, investigadora para el laboratorio Laspad de la Universidad Gaston Berger de Saint-Louis, en Senegal. “Podemos calificarlo de golpe dulce porque no ha habido derramamiento de sangre y ha contado con el apoyo de la sociedad”, abunda.

“Hay un retorno al régimen militar porque la población considera que son los militares quienes podría responder a los grandes desafíos de la inseguridad. Hay un hartazgo y desafección debido a los múltiples víctimas que está habiendo entre la población civil y militar”, desgrana a NIUS Mesa. “Para los militares que han dado el golpe ha sido una obligación responder al clamor de un pueblo harto del incremento de la inseguridad. Ahora las autoridades tendrán que negociar con los actores no estatales para lograr espacios de paz”, remata la profesora española.

Tras los amotinamientos registrados en instalaciones militares y las manifestaciones contra el Gobierno en Uagadugú en las vísperas, el lunes 24 de enero el presidente Kaboré era detenido –y sometido a arresto domiciliario- por los militares. La noche del domingo 23 había sido especialmente tensa, pues se registraron tiroteos en el entorno de la residencia presidencial. La sede del partido de Kaboré –Movimiento del Pueblo para el Progreso- había sido también saqueada.

Desde la llegada de Kaboré al poder tras imponerse en las elecciones de noviembre de 2015 –celebradas tras el golpe de Estado frustrado contra el Gobierno interino-, el país africano los zarpazos de la violencia no han dejado de sucederse. En noviembre de 2020, Kaboré volvía a ser elegido para un nuevo mandato de cinco años.

Tanto grupos afiliados a Al Qaeda como al Estado Islámico campan a sus anchas por amplias zonas del país, causando al menos 2.000 víctimas mortales y obligando a 1,4 millones de personas a abandonar sus hogares en los últimos años, según datos de Naciones Unidas. En amplias zonas del país los centros educativos están cerrados por la inseguridad. El Estado es incapaz de controlar el conjunto del territorio y fronteras.

Uno de los hechos definitivos en la pérdida de confianza de la población en sus autoridades se produjo en junio de 2021, cuando un ataque terrorista causó más de un centenar de muertos en la localidad de Solhan, en el norte del país. Asimismo, en noviembre de 2021 otro atentado, en este caso en la base militar de Inata, dejó 50 miembros de las fuerzas armadas fallecidos. Como recordaba recientemente la BBC, la agresión forzó al presidente a nombrar a un nuevo primer ministro y gabinete. El golpe, en fin, se estaba preparando desde el pasado verano. De hecho, a comienzos de enero las autoridades burkinesas frustraron una supuesta asonada.

El rechazo de la comunidad internacional a lo ocurrido en el país africano ha sido generalizado. La Unión Africana suspendía el pasado 31 de enero a Burkina Faso de todas sus actividades en la organización “hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país”. Por su parte, como se ha mencionado, la CEDEAO adoptó el pasado 28 de enero una medida similar (también han sido suspendidas Guinea y Mali).

Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado afirmó “compartir las preocupaciones de los líderes africanos en torno a las acciones de oficiales militares de Burkina Faso”. Por su parte, Naciones Unidas condenó de manera explícita la asonada en Burkina Faso. “El secretario general [António Guterres] condena con firmeza cualquier intento de hacerse con el Gobierno por la fuerza de las armas”, afirmó el pasado 24 de enero el portavoz Stéphane Dujarric. La institución llamó a los militares a “dejar las armas y a garantizar la protección y la integridad física del presidente y de las instituciones de Burkina Faso”.

Comienza, pues, con incertidumbre el año para Burkina Faso, cuya transición política civil sucumbe de momento a la violencia yihadista e interétnica. No están siendo buenos tiempos para el África occidental. En 2021 se produjeron golpes de Estado en Chad, Mali, Guinea y Sudán, a los que hay que añadir las tentativas en Níger y el propio Sudán. Para el presidente de Ghana y actual líder de CEDEAO, Nana Ado Dankwa Akufo-Addo, la cadena de golpes de Estado registrada en el continente es “una violación directa de nuestros principios democráticos”.

La última asonada –fallida- se producía el martes de esta semana en Guinea Bisáu, cuando un grupo de hombres armados trataba de acceder al palacio presidencial (dejando un balance de al menos seis muertos y varios heridos).