Veinte meses han transcurrido casi desde que Marruecos decidiera, sin avisar previamente a Madrid, el cierre de sus fronteras terrestres con España –las argelino-marroquíes permanecen cerradas desde 1994-. Aquel 13 de marzo de 2020 no sólo supuso la suspensión de las conexiones por ferry entre los puertos españoles y los del norte de Marruecos y el cierre de las fronteras del país magrebí con Ceuta y Melilla, sino también un drama económico y social que miles de familias de los dos países siguen padeciendo hoy.

Conocedores de los entresijos de la administración marroquí y observadores coinciden a NIUS en que las razones de la actual situación no tienen ya que ver con la situación sanitaria –la pandemia marca registros más que esperanzadores en España y Marruecos- sino con una crisis diplomática que estalló la pasada primavera con el caso Ghali y la crisis fronteriza en Ceuta y que los dos gobiernos no han resuelto aún. El secretismo y la brecha entre lo que se dice y lo que ocurre realmente tienen exasperada a la opinión pública a ambas orillas del Mediterráneo.

Muchos creyeron que, tras el relevo en Exteriores –la bestia negra de Rabat en la crisis ceutí, Arancha González Laya, era sustituida por José Manuel Albares un 10 de julio- y, sobre todo, después de las palabras del rey de Marruecos, Mohamed VI, el 20 de agosto en las que expresaba su deseo de abrir una “nueva etapa inédita” en las relaciones con España suponían el fin del desencuentro a raíz de la hospitalización del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en un hospital de Logroño.

La crisis se hizo ciertamente visible con los sucesos de la frontera de Ceuta, pero venía fraguándose desde que la Administración estadounidense anunciara el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental –decisión vinculada al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel- en diciembre del año pasado y desde que, a juicio de las autoridades marroquíes, España no solo no dio ningún paso en la dirección adoptada por Washington sino que conspiró para hacerla fracasar.

La rumorología, de la que se hacían eco medios de comunicación de los dos países, apuntaba a la apertura a mediados del mes en curso de las fronteras terrestres entre Marruecos y España. La prensa local de la ciudad autónoma de Ceuta informaba en las últimas semanas de lo avanzado de los trabajos de modernización de la frontera del Tarajal –por la que entre los días 17 y 18 de marzo entraron más de 10.000 personas gracias a la connivencia de las fuerzas de seguridad marroquíes-, lo que se interpretaba como una pista de que sólo faltaba un último gesto antes de la apertura.

Pero no ha sido así. El primero fue Marruecos, que el pasado 28 de octubre decretaba la prolongación por un mes más, hasta el 30 de noviembre, del estado de emergencia sanitaria, el cual implica, entre otras medidas para luchar contra la pandemia, el mantenimiento de sus fronteras terrestres cerradas. Después fue España la que, a comienzos de esta semana, hacía lo propio. El BOE publicaba la disposición general del Ministerio del Interior para la ampliación del cierre de las fronteras terrestres al menos hasta el mismo 30 de noviembre, también por razones sanitarias. Se trata de la prórroga de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la UE y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública.

La situación es especialmente grave para los trabajadores transfronterizos, en torno a 9.000 marroquíes con permisos de trabajo en Ceuta y Melilla, que llevan esperando 20 meses a poder regresar a Marruecos para ver a sus familias. No quieren ir a la Península, sino poder regularizar su situación en Ceuta. Hasta el cierre de fronteras podían cruzar la frontera sin visado, pero carecen de libertad de movimientos y del derecho a percibir subsidios o indemnizaciones. El drama de los trabajadores transfronterizos se une al de las miles de personas de las regiones cercanas a Ceuta y Melilla, las de Tetuán y Nador, que durante años se dedicaron al contrabando. Recordemos que Marruecos acabó unilateralmente con la aduana de Melilla en agosto de 2018 y con la de Ceuta en octubre de 2019. Y todo apunta a que la decisión no tendrá marcha atrás.

A pesar de las buenas palabras, desde el monarca alauita al presidente del Gobierno Pedro Sánchez pasando por el ministro de Exteriores José Manuel Albares -destacando en varias ocasiones la importancia de la relación con “el gran amigo” marroquí-, las cosas siguen empantanadas. Además del mantenimiento del cierre de las fronteras, la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, sigue en su país desde su precipitada partida en plena crisis de Ceuta. La Reunión de Alto Nivel (RAN) España-Marruecos, prevista en un principio para el pasado mes de diciembre sigue aplazada sine die después de ser cancelada de manera unilateral por Rabat. Aunque Marruecos mantiene su espacio aéreo abierto a los vuelos procedentes de España, el vecino del norte –también Francia- permanece desde el 14 de julio en la lista de países de “riesgo elevado”, lo que implica que es necesaria una prueba PCR negativa además de un certificado de vacunación para entrar en el país magrebí.

Por otra parte, camino de los seis meses desde el episodio de la frontera de Ceuta, España sigue sin ofrecer cifras oficiales sobre el número de personas cruzaron desde Marruecos la divisoria en aquellas horas de estrépito. Además, aunque las autoridades marroquíes aseguraron el pasado 1 de junio que se encargarían de la repatriación de los menores marroquíes en distintos países de la UE –la mayoría de ellos en España-, no ha sido así. Solo en la ciudad de Ceuta hay en estos momentos aún unos mil menores que entraron en el episodio del pasado mes de mayo, según informa El Faro de Ceuta. El intento de repatriación iniciado en agosto y paralizado por la Justicia española ha quedado, por ahora, en 55 retornos.

Quizás el cierre del gasoducto Magreb Europa -cuyo contrato expiró el pasado 31 de octubre- como resultado de la ruptura de relaciones entre Argel y Rabat, propicie como ninguna otra circunstancia en los últimos meses la necesidad de que Rabat y Madrid comiencen a normalizar relaciones. Con la decisión argelina de cortar el flujo del hidrocarburo a sus vecinos, Marruecos se queda sin un volumen de gas necesario para cubrir entre el 12 y el 17% de sus necesidades eléctricas con el invierno a la vuelta de la esquina. Rabat cobraba una cuota variable de 600 millones de metros cúbicos de gas además de un canon por los derechos de paso del gasoducto por su territorio.

Marruecos está obligado a buscar alternativas al Magreb Europa. Tendrá ahora que importar gas o electricidad, que podrían llegar desde España. Según la prensa oficialista marroquí, los dos países llevan negociando discretamente sobre la cuestión desde hace algún tiempo. Con varios frentes abiertos, sobre todo el argelino –el día 3 de noviembre Argelia acusaba directamente a las fuerzas armadas marroquíes de haber “asesinado” a tres civiles argelinos en territorio del Sáhara Occidental-, aunque también el alemán y el español –y hasta el ruso-, quizás ha llegado el momento de que la ensoberbecida diplomacia rabatí mire a Madrid con la intención sincera de recomponer las cosas. Lo cierto es que la inestabilidad y la imprevisibilidad se han apoderado de esta parte del Mediterráneo occidental desde la pasada primavera. Y se esperan curvas.