Europa ha sido demasiado ingenua y eso debe cambiar si quiere competir en un mundo de gigantes sin escrúpulos. Ese es el mensaje central lanzado este miércoles desde la Comisión Europea en la presentación de la estrategia comunitaria para poner a resguardo del apetito chino (y de otros, como las petromonarquías del Golfo Pérsico) a la industria europea.

El resto del mundo lo puede entender (y atacar) como una media proteccionista. En Bruselas se ve como el uso legítimo de armas legales para impedir que las joyas de la corona caigan en manos no europeas Y quiere que las filiales en Europa de empresas extracomunitarias tengan que cumplir las mismas normas sobre ayudas de Estado que las empresas europeas. Fuentes comunitarias citan el ejemplo del puerto griego del Pireo, que Grecia, desesperada en busca de dinero fresco en lo peor de la anterior crisis, vendió a la china Cosco.

Los comisarios europeos de Competencia (Margrethe Vestager) y Mercado Interior (Thierry Breton) presentaron este miércoles el libro blanco con la estrategia que la Comisión Europea pretende poner en marcha para que empresas de terceros países dopadas con fondos públicos se hagan con empresas europeas usando el apoyo de sus Estados mientras las europeas deben respetar unas exigencias mucho más duras en materia de ayudas de Estado.

Vestager dijo: “La economía europea es abierta y está estrechamente vinculada al resto del mundo. Para que esto siga constituyendo uno de nuestros puntos fuertes, debemos mantenernos alerta. Por ello necesitamos las herramientas adecuadas para garantizar que las subvenciones extranjeras no falseen nuestro mercado, al igual que hacemos con las subvenciones nacionales. El Libro Blanco presentado hoy pone en marcha un debate importante sobre cómo abordar los efectos causados por las subvenciones extranjeras. El mercado único es fundamental para la prosperidad de Europa y solo funciona bien si existe igualdad de condiciones”.

Frente a los peones chinos, a la orden de Pekín y de los gigantes digitales estadounidenses, que la Comisión Europea intenta mantener a raya desde hace años castigando sus derivas con multas multimillonarias, Bruselas quiere una revolución normativa y empieza a usar el lenguaje de una potencia: “autonomía estratégica” o “soberanía”, términos que han ganado peso en el debate europeo desde la llegada al Elíseo del presidente francés Emmanuel Macron.

Bruselas quiere que para 2021 esté aprobada una nueva directiva europea que permitirá que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros sometan a las empresas de terceros países a normas comparables a las que deben cumplir sus homólogas europeas en materia de ayudas de Estado. Esas intervenciones –investigaciones- podrían terminar en multas o incluso en obligar a esas empresas a deshacerse de parte de sus actividades en Europa. Finalmente, se podría simple y llanamente prohibir que compraran empresas europeas y podrían ser excluidas de concursos públicos.

Bruselas constata además que no hay reciprocidad en cuanto a licitaciones públicas. Una empresa china ayudada por su Gobierno puede participar en un concurso público en Europa. Su homóloga europea no puede hacerlo en China. La Comisión Europea explica que “las subvenciones concedidas por de los Estados miembros siempre han estado sujetas a las normas sobre ayudas estatales de la UE para evitar falseamientos mientras las subvenciones concedidas por gobiernos de países no miembros de la UE a empresas de la UE parecen tener un impacto negativo cada vez mayor en la competencia en el mercado único” y “están fuera del control de las ayudas estatales de la UE”.

Bruselas quiere evitar tres fenómenos: el efecto falseador del mercado común que tienen las subvenciones extranjeras, que esas subvenciones se usen para comprar empresas europeas y que se usen para ganar concursos públicos.

La normativa europea y las nacionales no permiten a los gobiernos, salvo utilización en algunos casos de la ‘acción de oro’, impedir que empresas de terceros países, dopadas con fondos públicos, distorsionen el funcionamiento del mercado común europeo y hagan competencia desleal, bajando precios hasta hacer dumping para desplazar a sus competidores. El comisario Breton lo explica así: “cada año hay en la UE dos billones de euros en licitaciones públicas, el equivalente al 15% del PIB. Y no tenemos ningún instrumento que nos permita estar seguros de que las empresas que participan en concursos públicos lo hacen en igualdad de condiciones. Hay que dejar de ser ingenuos”.

La Comisión Europea ya tiene instrumentos para reaccionar ante casos de dumping. Lo hizo por ejemplo durante años imponiendo aranceles específicos a las empresas argentinas e indonesias que vendían biodiesel en Europa porque consideraba que recibían ayudas de Estado que distorsionaban la competencia. Los aranceles a los argentinos se eliminaron después de que Buenos Aires ganara el juicio contra la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE. Los de Indonesia siguen en vigor.

Hace menos de una semana, el pasado 12 de junio, el Ejecutivo europeo impuso aranceles a la importación de tejidos de fibra de vidrio de Egipto porque considera que los productores en Egipto los producen con materia prima china subvencionada.

Breton también explica que la crisis actual hace que las empresas pierdan valor en bolsa “de forma coyuntural”, por lo que hacen falta mecanismos “para protegerlas”. Y no sólo de China. Estados Unidos intentó hacerse con ‘CureVac’, la biosanitaria alemana que es una de las más avanzadas en la carrera por la vacuna contra el covid-19. Bruselas le inyectó en abril de urgencia 80 millones de euros y el Gobierno alemán entró el 15 de junio en su accionariado.

En octubre entra en vigor el mecanismo europeo para filtrar inversiones directas de terceros países. Cada Estado miembro tendrá los medios para rechazar la compra de las empresas de su país que considere estratégicas para sus intereses o para el interés de sus socios europeos. Por ejemplo, Alemania podría rechazar una oferta sobre Siemens no sólo por considerarla una empresa estratégica para sus intereses sino también para el interés europeo.

Además, la Comisión Europea hará un informe, que no será de obligado cumplimiento pero que puede terminar inclinando la balanza. Bruselas podría decir que, por ejemplo, Navantia, es estratégica para Europa si algún día un Gobierno español decidiera venderla a inversiones no europeos. Madrid podría hacer oídos sordos a ese informe, aunque políticamente tendría que justificar la venta ante sus socios europeos.