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Bruselas quiere dificultar la evasión fiscal a través de sociedades pantalla. La Comisión Europea presenta este miércoles una propuesta que hará que todas las empresas con actividades fuera de la Unión Europea tengan que demostrar que no son simplemente una cáscara vacía destinada a la evasión fiscal.
El agujero fiscal que supone la pérdida anual en Europa de impuestos no pagados gracias a estos entramados supera, según cálculos del Ejecutivo comunitario, los 20.000 millones de euros. En la práctica, las empresas tendrán que probar que tienen una actividad real. Esas exigencias de transparencia se aplicaban hasta ahora únicamente a las empresas que tuvieran una cifra de negocios superior a 750 millones de euros.
Algunos casos son escandalosos. Jersey, la pequeña isla anglo-normanda del Canal de la Mancha, de soberanía británica y cercana a las costas francesas, es oficialmente el primer exportador de plátanos a Europa. Jersey es en la práctica una pequeña localidad, pero con varios edificios en los que se amontonan oficialmente cientos de empresas que en realidad tienen poco más que un buzón y una dirección. Las últimas revelaciones periodísticas, como los Pandora Papers y Open Lux, muestran además que el fenómeno de las sociedades pantalla también sigue siendo común en Estados miembros como Irlanda, Luxemburgo o Chipre.
Bruselas quiere que la nueva norma entre en vigor en 2024 y que obligue a las empresas a pasar "un test de sustancia económica". Que demuestren que tienen empleados y actividad económica real. La Comisión les impondrá criterios para saber cuándo una empresa empieza a ser sospechosa de ser simplemente una sociedad pantalla. Por ejemplo cuando el 75% de sus ingresos provengan de activos financieros, propiedad intelectual o dividendos.
Los escándalos de los últimos años han demostrado que muchas empresas con ánimo de reducir su factura fiscal suelen depositar sus propiedades intelectuales en paraísos fiscales. Desde ellos, sus filiales venden al resto de la empresa el derecho a usar marcas o licencias a precios desorbitados, haciendo que la empresa no gane nada o directamente sea deficitaria por ejemplo en España o Italia mientras ingresa cantidades monumentales en Irlanda. Como pasaba en el caso de Apple.
Otro criterio sería que el 60% de los activos de la empresa estén situados fuera del Estado miembro de la empresa o si el 60% de sus ingresos provienen de transferencias de otros Estados miembros. También si la operativa diaria de la empresa se hace desde sociedades ajenas a la principal y todo eso teniendo en cuenta los últimos dos años fiscales.
Esos criterios son acumulativos. Es decir, una sociedad deberá dar explicaciones cuando los cumpla todos. Entre otras, esas explicaciones incluirán pruebas de que tienen instalaciones u oficinas para su uso exclusivo (que no comparten con cientos de empresas una pequeña oficina, como se ha dado el caso) y que tienen personal en esas oficinas suficiente para las labores que oficialmente ejercen. Si no cumplen pueden recibir sanciones fiscales.
Bruselas también presentará este miércoles su propuesta para incluir en la normativa europea el acuerdo alcanzado en la OCDE para imponer a un Impuesto de Sociedades de al menos el 15%. El acuerdo establece que el Impuesto de Sociedades debe ser como mínimo del 15% real cuando en España el impuesto de Sociedades es del 25% salvo para banca e hidrocarburos, que es del 30%.
Una trampa porque en la práctica, tras deducción y entramados fiscales varios, las empresas españolas pagaron de media un 19,72% de Impuesto de Sociedades calculado sobre su base imponible y de apenas el 5,63% si se calcula sobre su beneficio o resultado contable, según datos de Hacienda de 2018. La Comisión Europea asegura que el Impuesto de Sociedades medio en la Unión Europea es del 19,2%.
El plan de la Comisión, trasposición del acuerdo en la OCDE, prevé que todos los Estados miembros impongan un mínimo del 15% efectivo a todas las grandes empresas, también a las que tienen la mayoría de sus negocios fuera del país de su sede para así no discriminar a las que tienen todo o gran parte de su negocio en su país.
Los nuevos fondos europeos (como los 70.000 millones de euros que llegan a España a fondo perdido o 140.000 si el Gobierno decidiera finalmente pedir la parte de préstamos) se financian con masivas emisiones de deuda por parte de la Comisión Europea por valor de 807.000 millones de euros. La parte que los Estados miembros no deben devolver suma 421.000 millones de euros, pero la Comisión sí deberá devolver esa deuda cuando los bonos se cumplan y ya tiene que ir pagando los intereses. ¿De dónde sacará el dinero la Comisión?
Bruselas propondrá este miércoles tres formas. Para empezar a devolver la deuda en 2027 y terminar en 2056 (siempre y cuando no se añadan mecanismos similares en el futuro o se cree finalmente un Tesoro Europeo), Bruselas propone en primer lugar usar los ingresos o al menos una parte de la futura tasa carbono en fronteras. Se trata de que ciertos productos que entren en Europa de un país que no se tome tan en serio como la Unión Europea la lucha contra la crisis climática tenga que pagar un impuesto o arancel especial, la tasa carbono.
Otra idea sería que la Comisión se quede con una parte de los ingresos que genera el actual mecanismo de intercambio de cuotas de emisión de carbono, el ETS, que hasta ahora se transfieren por completo a los presupuestos nacionales. Bruselas había recaudado de enero a octubre por esa vía más de 11.000 millones de euros. La Comisión quiere además ampliarlo al sector marítimo y, contra la opinión de la mayoría de los gobiernos, a todo el transporte (también el privado) y al sector residencial. Con el razonamiento de "quien contamina paga" empezarían a pagar los dueños de automóviles privados y de viviendas.
La tercera idea sería que Bruselas se quede con una parte de los ingresos que deberían extraer los gobiernos europeos del futuro impuesto mundial a las grandes multinacionales, las que tienen cifras de negocios por encima de 20.000 millones de euros. Es la idea más lejana porque está por concretar.