Bruselas abre expediente sancionador contra Hungría y Polonia por sus leyes homófobas
Ambos países violan los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ
Viktor Orbán prohíbe charlas sobre la homosexualidad y veta contenido LGTBI en televisión
La Comisión Europea ha abierto sendos expedientes sancionadores contra Hungría y Polonia por promover leyes que violan los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha prohibido hablar de homosexualidad en las escuelas, mientras que ultraconservador y presidente de Polonia, Andrzej Duda ha decretado "zonas sin ideología LGTB".
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El procedimiento de infracción de la UE arranca con el envío de una carta de emplazamiento que detalla las razones de la preocupación de Bruselas a las autoridades nacionales y les da un plazo de dos meses para enmendar la situación.
Los expedientes sancionadores prevén una segunda etapa de diálogo si no se resuelve el conflicto en esta primera fase y, en última instancia, el Ejecutivo comunitario podría elevar los casos ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La UE acorrala a Orbán
La UE acorrala a Orbán por las normas homófobas aprobadas por su Gobierno. El partido de ultraderecha del líder húngaro propuso y fue aprobado por el Parlamento de Budapest una ley para proscribir la difusión y divulgación de cualquier contenido relacionado con la homosexualidad so pretexto de proteger a la infancia y poner a los menores de edad a salvo de delitos de pedofilia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la primera en reacción calificando de “vergüenza” la ley húngara. Y después el rechazo fue en cascada, desde Alemania hasta Holanda, España y Francia. Orbán se quedó solo con Polonia, contra el que también pesa un expediente sancionador.
Ahora con el expediente sancionador de Bruselas, Viktor Orbán se enfrenta al dilema de dar marcha atrás en la ofensiva contra la comunidad LGTBIQ o encarar un choque frontal con la UE con graves consecuencias económicas para el país (con un plan multimillonario de recuperación todavía por aprobar y unos fondos estructurales y agrícolas sometidos por primera vez a una condicionalidad ligada al respeto del Estado de derecho).