La respuesta a la crisis económica provocada por las medidas para contener la propagación del coronavirus marcará la política y la economía europea en los próximos años. La Comisión Europea se la juega y pretende no repetir los errores cometidos tras el estallido de Lehman Brothers en septiembre de 2008 y su correlato de crisis financiera y crisis de deuda que casi se lleva al euro por delante.

El Ejecutivo europeo anunciará este miércoles las modalidades del fondo europeo de recuperación. Con Berlín y París de acuerdo y el Gobierno de Angela Merkel dispuesto a que una parte se vehicule como transferencias, Von Der Leyen deberá buscar una síntesis que tenga en cuenta ese acuerdo y que acerque las posiciones del sur de Europa con las de los cuatro países que sólo quieren un fondo basado en préstamos. El nuevo fondo irá acoplado a una nueva propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP, el presupuesto comunitario) para el período 2021-2027.

Un informe de Goldman Sachs citado este martes por el diario El País asegura que España podría recibir entre 65.000 y 100.000 millones de euros, entre el 5% y el 8% del PIB nacional.

El plan prevé tanto transferencias a fondo perdido como préstamos, argumentando que hacer un plan sólo de préstamos sería una redundancia porque ya están el MEDE (240.000 millones ya disponibles), el SURE (100.000 millones para ayudar a financiar los ERTEs), el Banco Europeo de Inversiones (200.000 millones para préstamos baratos a pymes solventes) y hasta el Banco Central Europeo, que compra deuda pública pero también deuda privada de las cotizadas.

Esta idea va a chocar de frente con los autoproclamados frugales (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia), que no quieren ver transferencia alguna. Este grupo, al que en un famoso programa de la televisión española de los años 80 hubieran llamado Los Tacañones, va perdiendo miembros. Después de Alemania pactara con Francia, esta semana se dejó por el camino a Finlandia, que no firmó su propuesta alternativa.

El plan prevé seguir la idea franco-alemana y proponer medio billón de euros obtenidos a través de una emisión de deuda extraordinaria. Nadie lo llamará por su nombre pero significa mutualizar deuda porque todos se harán cargo solidariamente de su devolución aunque unos usen más fondos que otros.

Para completar el medio billón de euros, a todas luces insuficiente, Bruselas plantea movilizar entre 500.000 millones y 1 billón de euros montando un entramado de ingeniería financiera. Se trata de movilizar inversiones privadas avaladas con dinero público. Muchas inversiones privadas con muy poco dinero público. Esos avales saldrían de un aumento del presupuesto comunitario. Es básicamente doblar lo que ya se hizo (con éxito) con el Plan Juncker en los últimos años.

Bruselas quiere que el acceso tanto a las transferencias como a los préstamos se haga a través de un compromiso de poner en marcha "políticas económicas sanas". No habla de recortes ni ajustes. El debate sobre qué se puede entender con esa expresión, sobre todo en épocas en que la Comisión Europea pide a los gobiernos que gasten como si no hubiera mañana y tiene suspendidas sus normas de control de déficit público y de ayudas de Estado, será clave para entender qué condicionalidad se podrá imponer. Los tacañones quieren repetir la idea de 2010-2012: si quiere usted préstamos los tendrá sólo si ajusta. Francia, Italia o España están muy lejos de aceptar esa fórmula.

A cambio sí puede haber condiciones sobre a dónde va el dinero. Bruselas quiere que se dé prioridad al gasto destinado a la lucha contra la crisis climática, a reforzar los sistemas sanitarios, a investigación y desarrollo, políticas digitales y a mejorar los sistemas educativos y la lucha contra la pobreza o incluso las políticas de empleo. La Comisión Europea también busca que el dinero del fondo sirva para hacer frente al choque económico pero también para modernizar las estructuras económicas de los Estados miembros. Una parte de los fondos, que podría estar entre el 10% y el 20%, deberá ir directamente reforzar los sistemas sanitarios y de protección civil.

Los préstamos se devolverán, no así las transferencias, que funcionarán como han funcionado siempre los fondos de cohesión: aprobadas sólo para proyectos concretos presentados por los gobiernos nacionales. Pero Bruselas abre una puerta a que los gobiernos no tengan que devolver todo el dinero de los préstamos. Se trata de otorgarle a la Comisión Europea nuevos ingresos a partir de 2027 con los que pueda devolver a los mercados una parte de lo que pidió sin tener que esperar a que los gobiernos devuelvan sus préstamos.

Entre las ideas para generar nuevos ingresos para la Comisión Europea se manejan clásicos, como una tasa a las transacciones financieras o una 'tasa carbono' a las importaciones a la UE de productos cuya fabricación haya generado emisiones contaminantes que la UE considere excesivas. Sería un pequeño saltito adelante en cuanto a integración europea. Y otra importante cesión alemana, contraria a dar ingresos propios a Bruselas.

Otra forma de devolución de esos préstamos sería aumentando el presupuesto comunitario a partir de 2027 para dedicar una parte a ese fin. Eso sería otra forma de solidaridad directa porque los contribuyentes netos terminarían devolver más que los receptores netos.

El fondo se dividirá en tres trozos. El primero y mayor, que usaría el 80% del total del dinero, estará dedicado a la recuperación económica. El segundo, con un 15%, a reforzar los sistemas sanitarios y financiar ayudas a empresas. El tercero, de apenas el 5%, iría a protección civil.

A la vez que este nuevo fondo, Bruselas presentará este miércoles su nueva propuesta de presupuestos comunitarios. El último intento de sacarlo adelante, justo antes del estallido de esta crisis, terminó con una bronca política lejana a un acuerdo porque los tacañones de la UE mientras Bruselas querría que superara ligeramente el 1,10% y el Parlamento Europeo quiere llevarlo casi al 1,20%. La Comisión quiere elevar el techo de gasto del 1,2% de la Renta Nacional Bruta de la UE hasta el 2% durante 2021, 2022 y 2023 para así tener margen para la emisión de deuda de 500.000 millones.

Además del montante, los 27 deben acordar por unanimidad el destino del dinero: fondos estructurales y de cohesión, política agrícola común, innovación, migraciones, Defensa y un largo etcétera donde cada país mete la lupa y defiende sus prioridades, muchas veces incompatibles con las de su vecino.

El nuevo fondo necesita el visto bueno de un Parlamento Europeo que exigió a principios de mayo, en una resolución que suscitó un gran consenso (entre los partidos españoles votaron a favor PSOE, PP, Ciudadanos y UP) y que pide dos billones de euros contantes y sonantes aunque abre la puerta a que una parte sean fondos privados. El Parlamento no quiere ingeniería financiera, aunque Von Der Leyen podría convencer a los eurodiputados haciendo que los fondos vayan a los países a través de los programas presupuestarios ya existentes en los presupuestos, como los fondos de cohesión. Así los eurodiputados tendrían papel colegislador.

Von Der Leyen no debe convencer únicamente a los gobiernos y al Parlamento Europeo. También debe convencer a su propio Ejecutivo. En los últimos días, los comisarios italiano (Paolo Gentiloni) y francés (Thierry Breton) han defendido en público la necesidad de un fondo potente que alcance al menos el 10% del PIB de la UE: 1,4 billones de euros.

Bruselas lanza este miércoles decenas de nuevos reglamentos y enmiendas a nuevos reglamentos. El plan necesita unanimidad de los gobiernos y ratificación de todos los parlamentos nacionales si finalmente apuesta por elevar el techo de gasto. Un largo camino cuyo final estará más o menos cerca en función de que haya un acuerdo político.