Europa paga cada día a Rusia unos 800 millones de euros por los suministros de gas, petróleo y carbón. Son casi 300.000 millones de euros al año. Suficiente para financiar varias guerras. El presidente ucraniano Volodimir Zelensky pidió varias veces a los europeos que rompan ese comercio y algunos países del bloque empujaron en ese sentido en la reunión de ministros de Exteriores celebrada este lunes en Bruselas. Las sanciones económicas son duras, pero no son suficiente, estiman. Hay que golpear donde más duele, aunque también duela a las economías europeas.

El Alto Representante Josep Borrell pidió a los ministros de Exteriores este lunes que se apliquen sanciones a la energía. Ese bloqueo a la compra de hidrocarburos rusos lo piden ya en público ocho países: Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania y Polonia. Algunos como Irlanda apenas importan petróleo o gas ruso. Otros como Chequia o Eslovaquia dependen de las importaciones de gas ruso para cubrir más del 50% de su consumo. Si la importación europea de gas ruso ronda el 40%, en el caso del petróleo es del 25% y en el del carbón es del 45%.

Esos ocho gobiernos quieren ya más sanciones y centrarlas en los hidrocarburos. Un grupo mayoritario, en el que se incluyen España o Francia, estarían dispuestos a seguirlos, pero hay tres gobiernos radicalmente en contra, por ahora, de prohibir la venta de hidrocarburos: el alemán, el italiano y el húngaro.

La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo en Bruselas que su país eliminará su dependencia de los hidrocarburos rusos “gradualmente y a toda velocidad”, como si eso significara algo concreto. Alemania, que hace funcionar a su industria en gran parte gracias al gas ruso, teme el impacto económico. Zelensky se lo afeó al Gobierno alemán en su discurso de la semana pasada ante el Bundestag.

Italia es más discreta pero también está en contra de ese veto comercial a los hidrocarburos rusos. La industria italiana es de las que mejores relaciones tiene con Moscú de toda Europa. El veto húngaro es más político, por las buenas relaciones entre el primer ministro Viktor Orban y el presidente ruso.

Hungría no apoyará que se sancionen las exportaciones rusas de hidrocarburos porque considera que pondría en peligro su seguridad energética. Peter Szijjártó, canciller húngaro, dijo el lunes en Bruselas: “No apoyamos sanciones que pongan en peligro la seguridad energética de Hungría”.

Este lunes no hubo acuerdo, pero el debate sobre los hidrocarburos ya está en la mesa y los gobiernos del este presionan con fuerza y lo harán de nuevo en la cumbre. Tras la reunión, Borrell reconoció que se habían “planteado cuestiones relacionadas con la energía”. El Alto Representante dijo que “se trata de conseguir una respuesta eficaz que no signifique un coste inasumible”.

El eventual nuevo paquete de sanciones iría más allá. Fuentes comunitarias contaban este lunes que los ministros hablaron también de sacar a más bancos rusos de Swift y de aplicar sanciones a la importación de metales, además de cerrar los puertos europeos a cualquier buque ruso.

La reunión de los jefes de las diplomacias de los 27 sirvió para dar el visto bueno al aumento de 500 a 1.000 millones de euros que a Comisión Europea puede utilizar de la Facilidad Europea para la Paz para financiar la compra y el envío de armas a Ucrania. Borrell adelantó ese plan en la cumbre de Versalles de hace 10 días pero hasta hoy no recibió el visto bueno. Alemania por su cuenta pondrá otros 1.000 millones.

Los líderes confirmarán esa decisión en la cumbre de este jueves y viernes, a la que asistirá también el presidente estadounidense Joe Biden, quien además tendrá otra cumbre el mismo jueves en la sede de la OTAN.

Ese visto bueno a más armas se hizo en minutos. El debate se centra sobre todo en si deben esperarse más para aprobar un quinto paquete de sanciones o si se debe lanzar ya, sobre todo teniendo en cuenta el ataque sobre la ciudad de Mariupol, que para algunos diplomáticos europeos hará que la ciudad pase a formar parte de la lista de ciudades que fueron arrasadas, sin tener en cuenta a la población civil, durante pasados conflictos: Guernica, Sarajevo, Coventry, Aleppo, Dresde o Grozny.

La sede del Consejo de la Unión Europea tuvo uno de esos días cargados. Mientras se reunían ministros de Exteriores –a los que se sumaron los de Defensa- en otra sala lo hacían los de Agricultura. Los ministros acordaron que haya nuevos fondos europeos para ayudar a los agricultores a soportar la subida de los precios de los carburantes y las materias primas. También decidieron activar el mecanismo de crisis del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuacultura.

Esos fondos, que anunció el ministro Luis Planas, suman 500 millones de euros, de los que España recibirá 64,5 millones (es el segundo Estado miembro que más recibirá). Fuentes del Ministerio dijeron que el Gobierno buscará ahora un acuerdo con las comunidades autónomas para decidir cómo se repartirá ese dinero.

Los ministros también acordaron flexibilizar la Política Agraria Común (PAC) para que puedan cultivarse parte de las tierras que en condiciones normales deberían estar en barbecho. En España principalmente maíz y oleaginosas. La PAC obliga a que el 5% del terreno agrario quede en barbecho, aunque en España en 2021 se acercó al 10%. También se flexibilizan requisitos para importar maíz. El Ministerio ya anunció la semana pasada que gracias a esta última medida podría importar más maíz de Estados Unidos y Argentina. Es maíz que va para pienso.

También habrá nuevas ayudas para la pesca. El comisario europeo de Medio Ambiente, el lituano Viginijus Sinkevicius, dijo que en días se activará el mecanismo de crisis necesario para ayudar con fondos a los pescadores para compensarles por el encarecimiento del carburante.