"El 23 de marzo caminaremos rumbo a Tortugaña-Telembí por los cuerpos de nuestros compañeros para darles sepultura", señaló José Libardo Paí, dirigente de un cabildo Awá a periodistas.

Paí formuló un llamado al Gobierno para que "desocupe militarmente" y permita levantar las minas del acceso al lugar en el que están los cuerpos, incluidos los de dos mujeres que, aseguró, estaban en estado de embarazo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) admitieron el pasado 17 de febrero que "ejecutaron" a ocho awás porque "se pusieron al servicio del Ejército" en ese resguardo que pertenece al municipio de Barbacoas, a unos 700 kilómetros de Bogotá.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y las Organizaciones Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y del Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari), sin embargo, señalaron que fueron ocho los asesinados y admitieron la posibilidad de que nueve dados por desaparecidos, hayan sido también ejecutados.

Solamente tres cuerpos han sido recuperados por avanzadas militares que tienen que sortear dificultades de la selva y las minas.

Según Paí, dirigente Camawari, los organizadores confían en que tanto el Gobierno como los combatientes permitan la movilización y "la presencia de población civil, de comunidades indias de otros países y de ONG internacionales".

Los awá, acompañados por otros dirigentes de la ONIC, han solicitado colaboración y esperan que se permita el ingreso de equipos y artificieros especializados para el desmonte de las minas antipersonales

La semana pasada los awás fijaron un ultimátum a la guerrilla para devolver o permitir el ingreso a la zona por los cuerpos.

Paí, que integra una delegación de las dos organizaciones de los awá que se encuentra en Bogotá para denunciar la situación de su pueblo y en busca de apoyo, dijo hoy que "la hora cero arrancó" y por ello se organizó la marcha (minga, según expresión de los indígenas), en la que espera que participen unas 1.500 personas.

Tanto Paí como Gabriel Bisbicus, presidente de Unipa, reclamaron e insistieron "a todos los actores del conflicto armado", guerrilla, fuerzas paramilitares y Ejército, "ser excluidos" de la confrontación y "no sembrar mas minas" en sus territorios ancestrales.

Bisbicus instó al Gobierno de Álvaro Uribe a emprender "un plan de vida" en sus tierras e hizo un llamado "para distinguir a la población civil, y mucho más a las comunidades indígenas", y que éstas "no sean involucradas" en el conflicto armado.

Según Bisbicus, en los territorios awá, pueblo con resguardos en Ecuador, no hay acceso a la salud, "no hay puestos de sanidad y mucho menos un hospital", y lamentó que "más de 3.000 niños no tienen escuela".

Paí reforzó la denuncia y señaló que en sus territorios, de algo más de 317.000 hectáreas en la parte colombiana, "no hay presencia del Estado", y que ésta se manifiesta "solo en operaciones militares".

"No es posible que cada año tengamos que enterrar alrededor de 40 awás por causa del conflicto", dijo y lamentó que su etnia esté en riesgo de extinción, por lo que puntualizó en su "invitación a que en la 'minga' participen la sociedad civil y organizaciones internacionales".