Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Gobierno chino de haber incrementado las medidas de represión --como la suspensión, la retirada de licencias, el acoso, la desaparición forzada e incluso la tortura-- contra los abogados que actúan en casos de Derechos Humanos, en un intento por impedir una "revolución de los jazmines" inspirada en la Primavera Árabe.
La organización presentó este jueves un informe en el que analiza con detalle cómo durante los últimos dos años, y en especial en los últimos meses, el Estado ha intensificado sus esfuerzos para controlar a los abogados.
"Los abogados de Derechos Humanos son víctimas de una escalada de tácticas dirigidas a acallarlos, que abarcan desde la suspensión o revocación de licencias hasta el acoso, la desaparición forzada e incluso la tortura", declaró la directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, Catherine Baber.
Según AI, el temor del Gobierno a que estallase una "revolución de los jazmines" inspirada en la Primavera Árabe ha dado lugar a la detención de "decenas de personas críticas con el régimen, activistas y ciberciudadanos desde febrero".
En el contexto de la campaña de represión, prosiguió, el Gobierno está deteniendo a abogados relacionados con cuestiones como la libertad de religión, la libertad de expresión y el derecho a la tierra.
"El Estado chino está tratando de esgrimir y manipular la ley para aplastar a quienes, en su opinión, representan una amenaza", denunció Catherine Baber. "Se persigue a los abogados de Derechos Humanos porque tratan de usar la ley para proteger a la ciudadanía de los abusos del Estado", añadió.
EVALUACIÓN ANUAL Y PERSECUCIONES
Ejemplo de ello, según AI, es que los abogados "que se atreven a aceptar casos 'comprometidos', como casos de Derechos Humanos", no suelen superar la evaluación que cada año deben pasar los abogados en China, lo cual provoca la suspensión o revocación de su licencia.
Cuando este método no sirve "para disuadir a los abogados para que acepten estos casos", prosiguió, "las autoridades los acallan recurriendo a métodos que violan las normas internacionales de Derechos Humanos, e incluso la propia legislación china", como "la presión, la intimidación y la persecución".
En estas condiciones, según la organización, "de los más de 204.000 abogados que ejercen en China, solo algunos cientos de valientes se arriesgan a aceptar casos que tengan que ver con los Derechos Humanos".