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Más de 60 personas han sido acusadas de delitos relacionados con el asalto al Capitolio, el símbolo patrio de los Estados Unidos donde reside el Congreso. Un edifico que recibe millones de visitas al año y que en la jornada del 6 de enero se vio violado por la furia de una turba espoleada momentos antes por las palabras del propio presidente del país.
Las acciones de Trump y de sus seguidores están siendo desde entonces investigadas por fiscales federales. “Cualquiera que haya tenido un papel y la evidencia se ajustará a los elementos de un delito, será acusado” dijo Michael Sherwin, fiscal federal del Distrito de Columbia en rueda de prensa, dejando clara la intención de la justicia al respecto.
El material para las investigaciones es amplio: fotos, grabaciones de medios de comunicación presentes en el Capitolio en ese momento y de cámaras situadas de forma estratégica dentro del edificio -corporales y de seguridad-, testimonios y testigos que, siguiendo la llamada del FBI, están colaborando con las autoridades. “Si ha sido testigo de acciones violentas ilegales, le instamos a que envíe cualquier información, fotos o vídeos que puedan ser relevantes en fbi.gov/USCapitol”, difundió el Bureau Federal de Investigación.
Todo ello para poder explicar qué ocurrió y por qué, así como quién está detrás de estos sucesos que no sólo dieron la vuelta al mundo sino que ya forman parte de una de las historias más vergonzosas de la democracia en este país. Lo que está claro: cinco personas resultaron muertas en el asalto, más de 60 detenidas -de momento- y 14 policías heridos. También se hallaron dos bombas de tubo, una en el Comité Nacional Republicano y otra en el Comité Nacional Demócrata y, cerca del Capitolio, una persona fue arrestada en posesión de once cócteles molotov y un rifle semiautomático.
El porqué es lo que se está investigando, aunque las afirmaciones previas de Trump no solo el mismo día 6 sino durante semanas anteriores hablando de cómo las elecciones habían sido robadas a pesar de su “victoria aplastante” dan pistas de las razones de la movilización de una multitud frustrada ante lo que consideraban un fraude. Lo que se dirime ahora son las responsabilidades a las que se enfrentarán los detenidos, incluidas las personas que estén detrás de lo ocurrido. Como dijo el senador de Nueva York, Chuck Schumer, “los responsables de los sucesos violentos en el Capitolio no son manifestantes sino criminales, y deben ser enjuiciados con todo el peso de la ley”.
Los cargos a los que las personas detenidas se enfrentan abarcan la entrada ilegal a un edificio federal, asalto del mismo, destrucción y robo de material propiedad del gobierno, agresión a agentes del orden público, delitos relacionados con armas, disturbios e incluso conspiración sediciosa. Otros afrontarán delitos menores como la violación del toque de queda impuesto por la alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, que ha extendido su orden de “emergencia pública” por 15 días para “garantizar la paz y seguridad”, hasta la toma de posesión del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, el próximo 20 de enero.
De todos estos delitos, la conspiración sediciosa es la que podría conllevar hasta 20 años de prisión para aquellos que sean declarados culpables. Esta se aplica cuando varias personas conspiran para “derrocar sofocar o destruir por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos u oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza para prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos, o por la fuerza para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de los Estados Unidos en contra de su autoridad”.
En lo que coinciden los expertos es que cualquier líder identificado se enfrentará a muchos años de prisión. Es un acto que ha acabado con muertos y heridos y además puso en peligro la votación del presidente electo, que tuvo que ser interrumpida. Todo ello dentro de un recinto federal que se supone que es inviolable. De momento, de los cargos imputados, 15 están relacionados con delitos federales, según Sherwin.
Sin embargo, como señala David Vidal Cordero, abogado en Washington y amplio conocedor del país, “la abrumadora mayoría de los miles de personas que se amotinaron en el Capitolio no serán procesadas bajo la ley porque no hay recursos ni condiciones para ello. Algunos ya están siendo identificados a través de las redes sociales y han sido despedidos de sus empleos, destituidos de sus cargos, o han tenido que renunciar a ellos porque hay muchos patronos que no toleran ese tipo de conducta de sus empleados, aunque sea fuera de horas laborables”.
Pero esta no es la única ni más destacada diferencia entre los dos países. En España hay un sistema que permite las acusaciones penales particulares mientras que esta opción no existe en el derecho penal estadounidense. La acusación, en caso de delito estatal, la realizaría “el pueblo”, según términos legales, a través de la fiscalía del estado -en este caso del Distrito de Columbia-, lo cual aplicaría a los acusados de infringir el toque de queda. Si se trata de delitos federales, que son a los que se enfrentarán otros acusados por haberse cometido dentro de un recinto federal como es el edifico del Capitolio, la acusación será realizada por la fiscalía federal tras seguir las investigaciones del FBI y quien aparecerá en el pliego acusatorio como acusador son los Estados Unidos.
Todas las miradas están puestas ahora mismo en el presidente saliente, Donald Trump. Su incitación a los hechos y la tardía y tibia condena de los mismos, ese día, dio alas a los asaltantes. Hasta ayer mismo -más de 24 horas después- no emitió un video condenando de forma alguna lo ocurrido por sus seguidores y su silencio contribuyó a que algunos de sus propios colaboradores, incluyendo varios miembros de su gabinete, hayan dimitido de sus puestos manifestando que están espantados por su actitud.
La fiscalía federal está investigando si procede acusar al máximo responsable de los acontecimientos, tanto por las palabras pronunciadas durante el mitin inmediatamente anterior al asalto como por la falta de fuerzas de seguridad para apoyar a la policía del Capitolio. El hecho de que el gobierno federal -republicano en este caso- fuera el máximo responsable en los momentos en los que el asalto tuvo lugar, le confería la obligación de haber garantizado la seguridad del recinto, sabiendo además que desde días antes se estaba llamando a una movilización en la ciudad a través de redes sociales y de las propias declaraciones del presidente.
Según publicó ayer AFP, la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes emitió un comunicado en el que decía que “incluso en su anuncio en vídeo esta tarde, el presidente Trump reveló que no está mentalmente sano y aún no puede procesar y aceptar los resultados de las elecciones de 2020. La voluntad del presidente Trump de incitar a la violencia y el malestar social para anular los resultados de las elecciones por la fuerza cumple claramente con este estándar. También lo son sus tuits recientes, que Twitter eliminó, diciendo que la elección fue robada y que los disturbios de hoy son cosas y eventos que suceden”. Toda una declaración de intenciones que no ha hecho más que iniciar un largo camino judicial en uno de los sucesos más tristes de este país.
La Fiscalía de EEUU presenta cargos contra un hombre por portar 11 cócteles molotov durante toma del Capitolio
El Fiscal Federal interino del distrito de Columbia, Michael Sherwin, ha anunciado este viernes que ha presentado cargos contra un hombre de Alabama por posesión ilegal de once cócteles molotov, entre otros cargos, durante el asalto del edificio del Capitolio. Lonnie Leroy Coffman, de 70 años, fue arrestado el jueves y acusado en una denuncia penal presentada en el Tribunal del distrito de Columbia. Coffman permanece bajo custodia pendiente de una audiencia de detención programada para el martes 12 de enero.
Entre los cargos presentados contra él se incluyen portar armas sin licencia, entre ellas una pistola Smith & Wesson de 9 milímetros y una pistola estilo Derringer de calibre 22. También se encontró junto a él frascos de vidrio que contenían espuma de poliestireno derretida y gasolina. Dentro de la camioneta junto a la que fue detenido Coffman las fuerzas de seguridad encontraron una pistola negra, un rifle de asalto M4 junto con cargadores de rifle cargados con municiones y componentes para la construcción de once "cócteles molotov".
La combinación de ambos es una mezcla explosiva que, cuando se detona, tiene el efecto del napalm, ya que la sustancia hace que el líquido inflamable se adhiera mejor a los objetos que golpea. Coffman afronta una pena de hasta 15 años de cárcel por los delitos que se le imputan, según lo ha comunicado el Departamento de Justicia a través de un comunicado.