No fue la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea (UE) por apenas 25 minutos. A las 05:31 de este martes, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel anunciaba en Twitter: “Acuerdo”. Acababa así una reunión que había empezado el pasado viernes a las 10:00 de la mañana, que había visto drama, tensión, encontronazos, casi insultos y que, al final, como casi siempre en Bruselas, había encontrado ese pequeño punto en el que 27 dirigentes vieron un lugar de encuentro para sumar, en dos paquetes, 1,82 billones de euros.

No es el acuerdo ideal para nadie pero es un acuerdo histórico, esa palabra tan manoseada que en algunas ocasiones sí tiene sentido usar. Por primera vez, la UE acudirá a los mercados no para prestar a algún Estado miembro –eso ocurre desde los años 70- sino para financiar inversiones a fondo perdido. Como si fuera un Estado. El acuerdo, sólo por ese punto, es ya un precedente que fuerza un paso más en la integración política y económica de la UE. Y es, sobre todo, un dique contra la crisis. “¡Día histórico para Europa!”, estallaba el francés Emmanuel Macron.

Michel decía al borde de las seis de la mañana en conferencia de prensa: “Lo hicimos. Europa es sólida y sobre todo está unida. Es el acuerdo adecuado en estos momentos para Europa. Hemos demostrado que la magia europea funciona, que cuando pensamos que es imposible hay una forma, gracias al respeto mutuo y a la capacidad de hacer cosas juntos más allá de las diferencias".

La presidenta de la Comisión Europea –cuya propuesta inicial se ve reducida- decía que había valido la pena el maratón de negociaciones. En su haber queda la iniciativa de haber puesto el fondo sobre la mesa cuando hace apenas tres meses la única solución viable habría sido acudir al fondo de rescates a pedir un crédito tradicional que hubiera conllevado un duro ajuste y que no podía hacer transferencias a fondo perdido.

Francia e Italia también defendían un plan de un billón de euros, que finalmente se queda reducido a 750.000 millones de los que 390.000 serán transferencias directas a proyectos concretos.

La última propuesta de Charles Michel, lanzada en la tarde del lunes, fue la buena. 390.000 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos. La original de la Comisión Europea –que apenas ha defendido su idea con una Úrsula Von der Leyen en un papel secundario- eran 500.000 y 250.000. Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia no habían querido pasar nunca en cuatro días de 350.000 y 350.000. España recibirá 72.700 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido y casi la misma cantidad en préstamos para un montante global de 140.000 millones de euros. La idea es que el 70% del dinero se desembolse entre 2021 y 2022, para concentrar la potencia de fuego del nuevo fondo en los años en los que debe arrancar la recuperación económica.

Los presupuestos comunitarios se financian con transferencias de dinero nacional de los Estados miembros. Este fondo innova. La Comisión Europea irá a los mercados con una emisión de deuda para captar 750.000 millones de euros, avalada con los presupuestos europeos. Cada país será responsable de avalar como máximo su cuota en esos presupuestos.

Esa emisión se pagará con los propios presupuestos europeos y con ingresos propios de la UE –básicamente aranceles pero podrían ponerse en marcha nuevos impuestos, como al plástico no reciclado o al carbono- durante 30 años. Es decir, los Estados miembros ni ponen dinero ahora para financiar el fondo ni en principio pondrán dinero para devolver el préstamo.

Que la UE se endeude para financiar inversiones a fondo perdido en sus Estados miembros era algo que el norte de Europa había rechazado tajantemente hasta que Angela Merkel, a raíz de la pandemia, decidió girar. El cambio alemán dejó solos a los pequeños países del norte.

Los 27 pactaron un sistema de gobernanza que rechaza que un solo país tenga derecho de veto sobre los desembolsos. Se llama ‘freno de emergencia’ y está copiado de una ley belga, la ‘sonnette d’alarme’. En Bélgica, cuando una de las tres regiones o una de las tres comunidades lingüísticas cree que sus “intereses vitales” están amenazados por otra o por el Gobierno federal, puede bloquear cualquier legislación y convocar un comité de concertación. En él puede negociar pero no tiene derecho de veto.

El ‘freno de emergencia’ europeo consiste en que, por ejemplo el primer ministro holandés Mark Rutte –porque es el que ha insistido en esa herramienta- podría, después de que la Comisión Europea valide un programa nacional de reformas, tocar el silbato y frenar los desembolsos si cree que ese programa se desvía fundamentalmente de los objetivos que debería cumplir.

Sería una situación políticamente tóxica pero los ministros de Economía deberían revisar de nuevo el programa. Tampoco habría derecho de veto porque se aprobaría por mayoría cualificada. En la práctica un Gobierno podría retrasar hasta tres meses los desembolsos a otro, pero no impedirlos.

Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, liderados por el holandés Mark Rutte, llegaron el viernes a Bruselas exigiendo que no hubiera ni un euro en transferencias, que hubiera derecho de veto para desembolsar los préstamos y que las condiciones fueran de duros ajustes fiscales y más reformas de pensiones y laborales. Rutte llegó a hablar de pensiones y reforma laboral.

A cambio si que consiguen poner menos dinero en los presupuestos de la UE desde 2021 al 2027. Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda conjunta por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027 de 1,074 billones de euros. Esta ha sido una de las victorias. Otra, que se han apuntado los países del norte es el aumento de sus 'cheques' de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembro.

Se van sin lograr todos sus objetivos pero con mayores cheques compensatorios de su contribución neta a los presupuestos europeos. Países como Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Italia, Francia y pronto Eslovenia o España, también son contribuyentes netos, pero ahora les toca compensar. Los frugales también querían un presupuesto europeo “moderno”, es decir, aumento de las partidas que más podrían beneficiarles y reducción de aquellas que usan menos, como la Política Agrícola Común. Los presupuestos europeos apenas cambian.

El texto del acuerdo recoge que los programas de reformas nacionales, de presentación obligatoria para recibir desembolsos del nuevo fondo cuando este se ponga en marcha, deberán cumplir con las recomendaciones que hace la Comisión Europea en su ejercicio llamado Semestre Europeo, que hasta ahora eran eso, recomendaciones, pero que pasarán a ser de obligado cumplimiento si se quiere dinero del nuevo fondo.

En las últimas, aprobadas el pasado 20 de mayo, Bruselas pedía a España unas pocas generalidades que pedía a todos los países, como “sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz” o “cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo”. También son generales algunas como “respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de cualificaciones”.

También hay recomendaciones específicas para España, como “mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia”, el “acceso al aprendizaje digital”, “medidas de liquidez a pymes y autónomos”, “anticipación de proyectos de inversión pública que se encuentren en fase avanzada de desarrollo”, “promoción de inversión privada para impulsar la recuperación”, “centrar la inversión en transición ecológica y digital y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible”.

No habrá troika ni hombres de negro y Bruselas no pedirá otra vuelta de tuerca ni en pensiones ni en legislación laboral. No habrá ajuste fiscal dictado por el Ejecutivo europeo hasta que la economía recupere su nivel pre crisis. Después, si las previsiones se cumplen, en 2022 habrá que empezar a cumplir la senda fiscal que vaya marcando Bruselas. En 2021 y 2022 –es decir, en los próximos presupuestos generales del Estado, si algún día se renuevan los de Cristóbal Montoro de 2018- ya deberán ir las reformas del Semestre Europeo.

Michel consiguió lo que parecía imposible, hacer que los dirigentes aprobaran también el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, los próximos presupuestos europeos. Básicamente continuistas (1,0743 billones de euros), respetan casi todos los grandes fondos –política agrícola, fondos estructurales y de cohesión-, introducen algunos nuevos con pequeñas cantidades –Defensa, Inmigración- y servirán de percha legal para el nuevo fondo pos pandemia, que utilizará los presupuestos comunitarios como aval para emitir deuda.

Los países de Visegrado y sobre todo Polonia y Hungría pueden darse por satisfechos con el resultado de la cumbre. El viernes muchos gobiernos amenazaban con impedir que obtuvieran fondos si no respetaban al dedillo las recomendaciones sobre respeto de las normas del Estado de derecho que les hacía la Comisión Europea. Los dos llevan una deriva iliberal, por no decir autoritaria en el caso de la Hungría de Viktor Orban, que Bruselas no consigue frenar eficazmente. Tras cuatro días de cumbre se elimina esa condicionalidad para dejar en el texto apenas una vaga referencia: “El Consejo Europeo subraya la importancia del resto al Estado de derecho”.

A Bruselas no le preocupa únicamente la deriva autoritaria sino el mal uso de los fondos europeos y las sospechas de que en algunos países –Hungría, Eslovaquia o la República Checa- están sirviendo para enriquecer a lo oligarcas cercanos al poder.

El Consejo –la presidencia alemana- y la Comisión Europea deberán convencer ahora a un Parlamento Europeo que en principio no debe estar dando saltos de alegría porque quería un fondo pos pandemia más potente y, sobre todo, porque ve como su propuesta de presupuestos comunitarios de 1,3 billones de euros queda reducida hasta los 1,074 billones. Si los eurodiputados consienten, el nuevo fondo podría estar en marcha en otoño y los desembolsos comenzarían a principios de 2021.

El acuerdo no es perfecto pero como decía esta mañana Macron: “El mundo no es perfecto”.