El FBI ha detenido a dos ex altos cargos del gobierno de Puerto Rico, entre otras personas, acusados de conspiración por fraude, robo y lavado de dinero. En total se han presentado 32 cargos contra 6 personas, entre ellas, la exsecretaria de Educación, Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila, así como empresarios y contratistas de la isla. Las detenciones forman parte de un operativo federal, según ha confirmado el FBI, que lleva tiempo investigando la presunta concesión irregular de contratos desde las diferentes agencias del gobierno puertorriqueño a la empresa de contabilidad BDO.
Acusados de desviar dinero a familiares y amigo
El director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, ya había advertido que sería un verano “muy ocupado“. La jefa de la Fiscalía de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez-Vélez, explicó que los detenidos están acusados de haber defraudado al gobierno estadounidense y de Puerto Rico en una trama de contratos irregulares por 15,5 millones de dólares. La acusación indica que los ex altos cargos de Educación y Salud destinaron presupuesto federal de las agencias a contratistas no cualificados por trato de favor y vínculos políticos y personales. “Keleher y Avila-Marrero explotaron sus cargos en el gobierno y recompensaron de manera fraudulenta con contratos financiados con dinero público“, aseguró Rodríguez-Vélez.
“Se trata de una supuesta campaña de corrupción pública y los acusados se aprovecharon a costa de los ciudadanos puertorriqueños y los estudiantes“, relató Neil Sánchez, el agente especial a cargo de la Oficina Regional del Departamento de Educación de Estados Unidos. “Este tipo de corrupción es particularmente escandalosa porque no solo convierte en víctimas a los contribuyentes, sino también a los ciudadanos y estudiantes que necesitan ayudas educativas.“
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se encontraba de vacaciones en Francia, ha anunciado su retorno inmediato a la isla. "Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades. Nadie está por encima de la ley. Todo el que falle debe afrontar las consecuencias", escribió Rosselló en su cuenta oficial de Twitter tras conocerse los hechos. La Fiscalía no está investigando al gobernador, según informa la agencia de noticias AP.
Administración Trump acusó de corrupción a los politicos de la isla
Las detenciones han despertado preocupación en Washington, tras los paquetes de ayuda de 42.000 millones de dólares aprobados este año por el Congreso, destinada a la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del devastador Huracán María en 2017. El bloqueo de la aprobación de la polémica ley se debió a una larga batalla política en Washington y a las acusaciones del presidente Trump a oficiales de la isla de corrupción e incompetencia. El congresista demócrata Raúl Grijalva, presidente de la comisión de Recursos Naturales que supervisa la ayuda a Puerto Rico, ha pedido a Rosselló que dimita tras las graves acusaciones a su entorno político para que pueda restaurarse la credibilidad de su gobierno.
Las ayudas por el huracán María, en duda
Muchos demócratas acusaron a la Casa Blanca retrasar y recortar la ayuda a Puerto Rico tras el huracán. Un estudio de la Universidad de Michigan asegura que la respuesta del gobierno estadounidense fue más rápida y generosa tras los huracanes que golpearon entonces a Florida y Texas, que a Puerto Rico. La Casa Blanca insiste que la isla recibió la ayuda necesaria, al mismo nivel que el resto de estados. Y apunta a problemas propios en el sistema político de Puerto Rico.
En Puerto Rico temen que estas detenciones den a Trump una mayor justificación para seguir recortando la ayuda que necesita la isla. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, rival política del gobernador Rosselló y voz muy crítica con Trump, asegura que el pueblo puertorriqueño será la víctima en todo esto. “El gobernador de Puerto Rico y su administración le han dado al presidente Trump la munición que necesitaba“, dijo Yulín.
Estas detenciones complican todavía más la situación del gobierno de Rosselló, que se ha enfrentado en los últimos meses a una cascada de acusaciones e investigaciones federales por corrupción, además de alrededor de una treintena de dimisiones.