Donald Trump ya es presidente de los Estados Unidos. De las primeras ordenes ejecutivas que ha firmado este lunes, poco después de la ceremonia y los discursos ha sido declarar una "emergencia nacional" en la frontera con México y facilitar las deportaciones masivas de migrantes, una de sus promesas estrellas en campaña. Después ante miles de sus seguidores firmó la orden para negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

Por medio de varios decretos, que firmó en el Despacho Oval rodeado de cámaras y periodistas, el republicano emitió una serie de órdenes ejecutivas que moldearán su promesa de militarizar la frontera, prohibir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo y deportar a los más de 11 millones de personas que viven en EE.UU. sin un estatus legal. 

"No tengo una mayor responsabilidad que la de defender a nuestro país de amenazas e invasiones y eso es exactamente lo que voy a hacer", señaló durante su primer discurso como líder del país. 

Citando una «emergencia nacional», autorizó en una extensa orden ejecutiva el uso de las fuerzas militares en la frontera con México para «asegurar» esa linde y repeler "formas de invasión", incluyendo la migración hacia EE.UU. y el tráfico de drogas.

El documento ordena a las autoridades "deportar inmediatamente" a todos los migrantes que entren de manera irregular en EE.UU., indicando que se restaurarán las deportaciones en caliente. 

A su vez, restaura el programa ‘Permanece en México’, vigente durante su primer mandato (2017-2021) y que obligaba a los migrantes a esperar en el país vecino a que sus casos se procesaran por las autoridades. 

El presidente puso también fin a dos programas que fueron creados por su antecesor, Joe Biden (2021-2025), para disuadir la migración irregular: la aplicación móvil CBP One y el permiso humanitario (conocido como ‘parole’) para ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. 

A través de CBP One, los migrantes que estaban en territorio mexicano podían rellenar un formulario con sus datos y solicitar una cita para presentarse a un puerto de entrada de la frontera sur.

A través de esta aplicación, que empezó a funcionar en enero de 2023, más de 930.000 personas se presentaron para que las autoridades procesarán sus casos, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El parole – que consistía en un permiso para viajar a EE.UU. por avión- permitió la entrada de más de 531.000 migrantes de los cuatro países beneficiarios. 

Trump ha ordenado clasificar como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos, al grupo criminal venezolano Tren de Aragua y a la pandilla salvadoreña MS-13 .

Estos grupos pasarán a formar parte de una lista de organizaciones -que incluye al Estado Islámico y a Al-Qaeda- a las que las empresas y ciudadanos estadounidenses tienen prohibido dar «apoyo material».

En concreto, respecto al Tren de Aragua -un grupo criminal al que Trump hizo referencia en múltiples ocasiones durante la campaña en discursos estigmatizando a todos los migrantes venezolanos- ordenó la deportación de quienes sean considerados "miembros" de la banda. 

También a través de un decreto, Trump ordenó pausar por tres meses el programa de refugiados de EE.UU., que permite la entrada en el país de personas que huyen de la guerra o la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, participación en un grupo social o ideología política.

La orden busca modificar la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La medida no tiene carácter retroactivo y solo se aplicaría a nacimientos futuros, según adelantó un miembro del equipo de Trump este lunes en una rueda de prensa, antes de que tomara posesión el nuevo mandatario.

La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda insistente de los grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato (2017-2021), aunque nunca llegó a hacerlo.

La Casa Blanca no ha explicado cómo se implementará esta medida, que previsiblemente enfrentará desafíos legales en los tribunales y que muchos expertos consideran inconstitucional.

Para redefinir la ciudadanía por nacimiento, la vía más directa sería proponer una enmienda constitucional, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, así como la ratificación de tres cuartas partes de los estados, según explicó recientemente el historiador Scott Bomboy en un análisis publicado por el National Constitution Center, institución dedicada al estudio de la Constitución.

No existen cifras exactas sobre el número de niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados. Según los datos más recientes del centro de investigación Pew, en 2022 había aproximadamente 1,3 millones de adultos estadounidenses cuyos padres carecían de estatus legal en el país.

Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo "no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna", por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.

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