Tensión en Reino Unido por el crimen de Sara Sharif, la niña británico-paquistaní de 10 años que fue asesinada por su padre y su madrastra en Working, en Surrey, en agosto de 2023. Los jueces que supervisaron los procedimientos judiciales sobre el cuidado de la menor antes de que le quitaran la vida de forma brutal tienen "serias preocupaciones" sobre los riesgos para ellos y sus familias si ahora son identificados, según ha sido informado el Tribunal de Apelaciones.

El juez Williams, encargado del caso, dictaminó en diciembre, antes de que se conociera la cadena perpetua para los acusados, que los medios de comunicación no podían identificar a tres jueces que supervisaron la situación de Sara, así como a otros empleados, incluidos trabajadores sociales y tutores, debido a un "riesgo real" de daño por parte de una "turba virtual de linchamiento", recogen medios como 'Sky News'.

El juez agregó entonces que argumentar que los individuos implicados en esos procedimientos eran responsables de la muerte de Sara, cuando tenía tan solo 10 años, "era equivalente a responsabilizar a la vigía del Titanic de su hundimiento". No obstante, ahora, varios medios de comunicación están desafiando la prohibición de nombrar a los jueces, argumentando que deberían ser identificados en aras de la transparencia. Son muchos los que cuestionan que los miembros del tribunal de familia decidieran en 2019 que la niña debía viir con su padre, a pesar de que la madre de Sara, Olga Sharif, seguía teniendo los mismos derechos, según explicó la progenitora en una entrevista con el programa de televisión polaco 'Uwaga!'.

En presentaciones escritas, los tres jueces anónimos dijeron al Tribunal de Apelación que querían "transmitir su profunda conmoción, horror y tristeza por lo que le ocurrió a Sara Sharif". Tal y como han argumentado, se sienten incapaces de presentar argumentos "sobre las difíciles cuestiones planteadas por esta apelación", incluso debido a preocupaciones constitucionales y éticas sobre la participación de jueces individuales en debates sobre sus funciones.

Mathew Purchase KC, portavoz y abogado en el proceso, ha afirmado que los tres jueces no podían representar los intereses de todos los jueces: "Cada uno de ellos tiene serias preocupaciones sobre los riesgos que surgirían si fueran identificados ahora, particularmente en las circunstancias prevalecientes, incluido el contenido y la naturaleza a menudo incendiaria de los comentarios públicos y de los medios de comunicación que surgen del intenso escrutinio que siguió a la sentencia del juez Williams".

"Es importante subrayar que dichas preocupaciones no sólo se refieren a su propio bienestar personal, sino también a los miembros de su familia y otras personas cercanas, cuyos intereses el tribunal puede considerar que también deben ser tomados en cuenta", ha añadido Purchase, que subrayó que los jueces "consideran que se debe realizar una evaluación adecuada y exhaustiva de los riesgos antes de tomar cualquier decisión" y que, si se les va a nombrar, se deben realizar evaluaciones más exhaustivas.

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