La Lotería Nacional belga ha informado de que ya en 2022 alertó a las autoridades de un posible caso de blanqueo de capitales mediante la compra de boletos de uno de sus juegos por parte del exministro y excomisario europeo Didier Reynders, después de que la defensa de éste alegara una posible adicción al juego del político liberal, al que la justicia belga pide que aclare el origen de cerca de un millón de euros.

En un comunicado difundido a los medios locales, la Lotería Nacional sale así al paso de las críticas recibidas en los últimos días por no haber reaccionado antes ante el comportamiento irregular de Reynders, cuya defensa ha deslizado que el dinero podría venir de un comportamiento "compulsivo" con los juegos de azar.

 Reynders ha negado las acusaciones penales que pesan sobre él, afirmando que los fondos procedían de su patrimonio privado, y que está ayudando al magistrado con las pesquisas.

Loterías afirma que su dirección "alertó a la Fiscalía federal en 202

En este contexto, la administración pública de loterías afirma que su dirección "alertó a la Fiscalía federal en 2022" de que su célula de vigilancia había detectado un comportamiento anormal que podría indicar prácticas ilícitas para el lavado de dinero; al tiempo que defiende que el caso de Reynders "no refleja en nada las prácticas de miles de jugadores" y que la Lotería "presenta un riesgo bajo en materia de blanqueo".

El caso se destapó la pasada semana, cuando trascendió que Reynders y su mujer habían sido interrogados por la Policía y dos viviendas de su propiedad en Bélgica habían sido registradas. Por el momento no se han presentado cargos contra el exministro y excomisario, quien por sus anteriores ocupaciones goza aún de cierta inmunidad por lo que las autoridades deberían lograr la suspensión de la misma antes de poder detenerlo.

En concreto, según informan los medios del país, las autoridades investigan la compra por parte de Reynders de más de lotería por valor de unos 200.000 euros y tratan de determinar el origen de cerca de 800.000 euros ingresados en cuentas a su nombre en un periodo de diez años durante la que fue primero ministro y después, hasta el pasado 31 de noviembre, comisario de Justicia.

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