Juicio contra Marine Le Pen: la líder ultraderechista, en el banquillo por presunta malversación de fondos de la UE

Marine Le Pen, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, se enfrenta desde hoy al juicio que se celebra en París contra ella y otros 26 altos cargos de su formación política por presunta malversación de fondos, acusados de desviar 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo para financiar su partido.

El proceso que arranca este 30 de julio pone así en el punto de mira la carrera de la francesa, dejando en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a la carrera por el Elíseo en 2027.

A ella y a las otras 26 personas que se enfrentan al banquillo, se les acusa de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para el partido, haciéndoles pasar por asistentes parlamentarios de Bruselas entre los años 2004 y 2016: un delito que podría llevar a una condena de diez años de prisión, además de un millón de euros de multa y también diez años de inhabilitación. Por ello, eso dejaría en suspenso su ambición de convertirse en la primera presidenta de Francia, algo con lo que soñó en los últimos comicios antes de que la izquierda diese un vuelco a los resultados.

Frente a todo ello, Marine Le Pen niega las acusaciones y se considera perseguida por la Justicia, acusándola de tratar de frenar su asalto al poder tras el ascenso que ha protagonizado en los últimos años, siendo la opción más votada en las pasadas legislativas, con más de 10 millones de votos.

La líder de Agrupación Nacional se desmarca así de la investigación que pesa contra ellos, la cual señala que se habrían estado apropiando de las dotaciones asignadas a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes en concepto de trabajos o desplazamientos a Bruselas; para, según la acusación, “atribuir al Parlamento Europeo buena parte de los gastos del Frente Nacional”, rebautizado después como Agrupación Nacional.

Según el entorno de la ultraderechista, pese a su abultada agenda política, acudirá de forma regular al tribunal y no se escudará en sus abogados.

Diez años de investigación y casi 2.500 pruebas han sacado la trama a la luz, que apunta a un modus operandi no muy sofisticado: según la Fiscalía, el dinero que la Eurocámara entrega a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios servía en realidad para retribuir a empleados del partido.

Para apoyar esta acusación, el Ministerio Público ha acumulado testimonios, mensajes internos y otras pruebas que apuntan que en la cúspide de la trama estaría en un primer momento Jean-Marie Le Pen, de 96 años y el gran ausente del banquillo de los acusados por su delicado estado de salud.

Fue su hija Marine Le Pen la que cogió el relevo, entrando en la cámara de Bruselas en 2004, señalando la acusación que ella continuó con el sistema que permitió al partido superar la difícil situación financiera; una crisis que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.

Si bien la Fiscalía apunta que el desvío de fondos es antiguo, señala que , fue a partir de 2014 cuando cobró una mayor fuerza, porque el llamado Frente Nacional ganó las Europeas francesas y sentó 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo, que tenían a su servicio 23.000 euros mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.

Así, –siempre según la acusación–, la propia Marine Le Pen se habría servido de ese dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal. De hecho, en este sentido creen que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.

Al hilo de esto último, la acusación expone que Catherine Griset, jefa de gabinete de Le Pen y actualmente eurodiputada, entre octubre de 2014 y agosto de 2015 solo pasó doce horas en la sede de la Eurocámara, mientras que trabajaba entre 15 y 22 días por mes en la del partido.

Fue en 2015 cuando Martin Shulz, que ocupaba entonces el cargo de presidente del Parlamento Europeo, denunció el caso dando lugar al inicio de la investigación tanto en la justicia francesa como en la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF).

A raíz de ello, Le Pen; once antiguos eurodiputados, –entre ellos el actual alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, expareja de la líder ultraderechista–; el que fuera número dos del partido, Bruno Gollnisch; el todavía diputado europeo tránsfuga Nicolas Bay; doce asistentes parlamentarios; y cuatro colaboradores del partido, están entre los acusados, al igual que el propio partido como persona moral.

Ahora, todos ellos se enfrentan a un juicio que durará siete semanas y que encuentra puntos comunes con el que ya tuvo en febrero pasado François Bayrou, aliado centrista del presidente, Emmanuel Macron, que fue absuelto por falta de pruebas, aunque cinco de sus diputados fueron condenados a pequeñas penas exentas de cumplimiento en un caso en el que el desvío de fondos era muy inferior, de apenas 293.000 euros.

Además, la Justicia investiga una acusación similar sobre los diputados europeos de la izquierdista La Francia Insumisa.

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