El Gobierno venezolano está cometiendo crimen de lesa humanidad de percusión por motivos políticos, dijo este martes la misión creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para documentar las violaciones de derechos que ocurren en el país.

Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato de gobierno se centra ahora en aplastar a la totalidad de la oposición pacífica a través de una serie de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la retórica oficial.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, dijo Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo con datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio.

Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.

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