El Nuevo Frente Popular ha ganado las elecciones legislativas a dos vuelta celebradas en Francia. Se trata de una victoria con 182 escaños, alejada de los 289 que constituyen la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. Ahora todo queda en manos de lo que decida el Presidente de la Repúbica, responsable, según la constitución de la V República, de nombrar al próximo primer ministro Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa ya ha reclamado para sí este papel institucional con el objetivo de aplicar su programa electoral, aunque tendrá que esperar tras el rechazo de la dimisón presentada por Gabriel Attal.
Las tres formaciones que componen el Nuevo Frente Popular (La Francia Insumisa, Partido Socialista, ecologistas y el Partido Comunista) se han comprometido a sacar a adelante una sería de políticas que en muchos casos chocan frontalmete con las aprobadas por Ensemble, el partido del presidente Emmanuel Macron, única fuerza con la que podría aprobar sus políticas.
La formación de Mélenchon se ha caracterizado por defender postulados tradicionales de izquierda radical antiliberal y antiimperialista. Aunque ahora ha moderado algunas de sus propuestas, lo cierto es que ha defendido vehementemente la salida de Francia de la OTAN y apuesta por renovar el estado y la constitución dando paso a lo que sería la VI República, informa France 24 y BFMTV
Poder adquisitivo
Incrementar el salario mínimo a 1.600 euros netos frente a los 1.399 euros netos por 35 horas semanales establecidos en enero de 2024.
Elevar el subsidio para adultos con discapacidad al nivel del salario mínimo; su cuantía máxima es actualmente de 1.016,05 euros.
Indexación de los salarios a la inflación: esta medida incorporaría una “ley importante del poder adquisitivo”.
Aumentar el número de funcionarios con un aumento del 10 %.
Bloquear los precios de determinados productos alimentarios, energía y combustibles.
Eliminar el impuesto del 10 % en la factura de energía y revertir el aumento de los precios del gas.
Impuestos
Pasar a un impuesto sobre la renta con 14 tramos frente a los 5 actuales, de forma que quienes ganen menos de 4.000 euros al mes pagarán menos impuestos.
Eliminación de lagunas fiscales ineficientes, injustas y contaminantes.
Hacer progresiva la contribución social generalizada (CSG), con una tasa que aumente con el monto de la renta gravada.
Reemplazar el IFI con un impuesto de solidaridad sobre la riqueza (ISF) “reforzado”.
Restablecer un "impuesto de salida", que afectaría a los hogares que trasladan su domicilio fiscal fuera de Francia.
Eliminar el “impuesto único” a tanto alzado (PFU) del 30 % que se aplica a las rentas del capital, como los dividendos.
Establecer un máximo de sucesiones y aumentar la tributación de las herencias.
Establecer una herencia máxima.
Inmigración
Derogar la ley de “asilo e inmigración” para facilitar el acceso a visados, regularizando a trabajadores, estudiantes, padres de escolares y establecer el permiso de residencia de diez años como permiso de residencia de referencia.
Revisión del pacto europeo de asilo e inmigración para garantizar “una acogida digna a los inmigrantes”.
Garantizar plenos derechos a los niños nacidos en Francia, facilitando la obtención de la nacionalidad francesa.
Crear una agencia de salvamento en el mar y en tierra.
Crear un estatus de “desplazado climático”
Garantizar el acceso a la asistencia médica estatal a los extranjeros en situación irregular en territorio francés.
Reducir el número de alumnos por clase hasta situarlos en 19 por aula.
Invertir en la educación nacional mejorando los salarios y aumentando el personal
Crear un servicio público de apoyo a estudiantes con discapacidad.
Garantizar 4 horas semanales de deporte en todos los niveles y promover asociaciones deportivas.
Suprimir Parcoursup: el Nuevo Frente Popular pretende con esta medida "democratizar la universidad" y pide abandonar la selección en las universidades públicas.
Eliminar el Servicio Nacional Universal (SNU) y recuperar las asociaciones juveniles y de educación popular.
Medio ambiente
Impulso a las energías renovables.
Programa para mejorar el aislamiento de las viviendas y la renovación de los edificios públicos.
Moratoria sobre los grandes proyectos de infraestructura vial e hidráulicos.
Restablecer el plan Ecophyto para reducir el uso de productos fitosanitarios como el glifosato o los neonicotinoides que matan las abejas.
Precios "accesibles" para el transporte público, reduciendo el IVA y gratuidad para colectivos como los jóvenes o familias vulnerables
Impulso del ferrocarril y el transporte de mercancías.
Establecer un precio progresivo del agua como "bien común" asegurando su gestión a través de las autoridades públicas locales, con "primeros metros cúbicos esenciales para la vida" gratuitos y un precio progresivo y diferencial en función del uso.
Instituciones
Avanzar al establecimiento de una VI República con la ayuda de una asamblea constituyente de ciudadanos.
Derogación del artículo 49.3 de la Constitución por el que se permite al gobierno adoptar un texto sin votación en la Asamblea Nacional.
Reforzar el referéndum de iniciativa compartida reduciendo el requisitos de firmas populares para su activación.
Abandonar el proceso de reforma constitucional en Nueva Caledonia como gesto de apaciguamiento que posibilite un verdadero proceso de emancipación y descolonización.
Internacional
Continuar entregando armas a Ucrania para garantizar la soberanía y la libertad del pueblo ucraniano, así como la integridad de sus fronteras.
Apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) en su procesamiento de los líderes de Hamás y del gobierno de Netanyahu.
Reconocer inmediatamente el Estado de Palestina y decretar un embargo sobre el suministro de armas a Israel.
Adoptar una "diplomacia feminista" que preserve el medio ambiente.
Vivienda
Construir 200.000 viviendas públicas al año durante cinco años con los estándares ecológicos más ambiciosos.
Mantener la ley SRU que impone cuotas HLM del 20 % al 25 % en determinadas ciudades.
Aumentar las sanciones contra los municipios que no respeten la ley.
Aumentar el APL en un 10 %: además de este aumento de la asistencia personalizada a la vivienda, el Nuevo Frente Popular desea establecer una garantía de alquiler universal para “proteger a los propietarios e inquilinos”. Se trata de un seguro que pagará el alquiler cuando el inquilino ya no lo haga.
Generalizar la limitación de los alquileres: el Nuevo Frente Popular indica en su programa que desea imponer "un control obligatorio de los alquileres en las zonas en tensión, así como de los precios del suelo".
Eliminar la ley "anti-okupaciones": el Nuevo Frente Popular propone eliminar la ley aprobada en particular por el ministro de Vivienda, Guillaume Kasbarian, que facilita los desalojos y aumenta las sanciones contra los okupas. Además, la alianza de izquierda quiere prohibir todos los desalojos de alquileres por deudas impagas “sin una oferta de realojamiento”.
Ampliar el acceso al préstamo a tipo cero (PTZ): el Nuevo Frente Popular propone “la apertura del préstamo a tipo cero a todos los hogares compradores primerizos sin distinción geográfica ni entre nuevos o viejos”. Hoy en día, el PTZ en edificios nuevos sólo es posible en viviendas colectivas en zonas tensas (A bis, A y B1) y el PTZ en edificios antiguos sólo se refiere a compras en zonas relajadas (B2 y C) con un 25% de trabajo.
Jubilaciones
Aplazamiento de la edad legal de jubilación a los 64 años y recuperar el objetivo común del derecho a jubilarse a los 60 años.
Restaurar los factores de dificultad eliminados por Emmanuel Macron.
Crear una contribución adicional sobre los salarios altos, así como a los dividendos, las participaciones, los ahorros de los empleados, las recompras de acciones y las horas extras.
Aumento de las cotizaciones a la vejez de 0,25 puntos al año durante cinco años y un ajuste de las cotizaciones sociales de los empleadores.
Indexar el monto de las pensiones a los salarios.
Aumentar los recursos de la justicia para contratar a más magistrados, secretarios y agentes de protección judicial juvenil.
Eliminar la reforma Darmanin que debilitó a la policía judicial lo que posibilitará mantener todos los gendarmes y aumentar el número de unidades de policía judicial, técnica, científica, de inteligencia y de seguridad responsables del tráfico de drogas y la delincuencia financiera.
Eliminar la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la Inspección General de Gendarmería Nacional (IGGN).
Un nuevo código de ética para la aplicación de la ley.
Prohibir los LBD, las granadas mutilantes y desmantelar las brigadas de represión de acciones motorizadas violentas.
Configurar recibos para controles de identidad.
Políticas de igualdad, dependencia y odio
Mejorar la atención en los servicios públicos con acompañamientos en hospitales públicos, centros asistenciales y médico-sociales, en las escuelas públicas, en la justicia, en los servicios y en las agencias estatales para que nadie espere más de treinta minutos de una recepción física de servicios públicos..
Plan interministerial contra el antisemitismo y otro contra la islamofobia.
Autorizar el cambio gratuito de estado civil ante un funcionario del estado civil para personas en transición de género.
Plan para erradicar la violencia contra las personas LGBTQI+.
Crear un permiso menstrual que se aplicaría tanto a empresas como a administraciones.
Dotación presupustaria para erradicar la igualdad salarial y la violencia sexual y de género.
Establecer una Comisión de Igualdad dotada con un Observatorio de la Discriminación y centros especializados dentro de los servicios públicos y tribunales de apelación.
Lucha contra los autores de comentarios o actos racistas, islamófobos y antisemitas.
Cultura
Crear un servicio público de arte, cultura y medios de comunicación.
Ampliar la entrada gratuita a todos los museos nacionales y garantizar "precios asequibles" en las instituciones públicas.
Garantizar la sostenibilidad de la radiodifusión pública.
Limitar la concentración en las industrias culturales y en los medios de comunicación.
Excluir de la ayuda pública a los medios de comunicación condenados por incitar al odio o atentar contra la dignidad personal.
Defender y mejorar el régimen de los trabajadores temporales.