En los últimos años muchos países han endurecido sus leyes migratorias. Hungría ha instalado vallas con púas en sus fronteras y niega ahí las solicitudes de asilo. Orban defiende que Hungría cumple con las Convenciones de Ginebra y el resto de normas internacionales sobre el trato a los refugiados, a pesar de las críticas vertidas desde la comunidad internacional contra Budapest. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, acusó a Hungría de comportarse de forma "xenófoba" y "antimusulmana" en su respuesta a la crisis de los refugiados y advirtió de que está cometiendo "claras violaciones de las leyes internacionales".

Italia, retiene a los indocumentados hasta 18 meses antes de la expulsión y estudia enviarlos a Albania. El Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni aprobó la ampliación del tiempo durante el cual podrán ser retenidos los migrantes hasta el máximo permitido por la Unión Europea (UE), así como la apertura de nuevos centros de repatriación, en plena crisis por la llegada a Lampedusa.

En reacción, en una carta dirigida al ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, la comisaria por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, invitaba al Gobierno a retirar su decreto en materia de migración o revisarlo.

Londres y Kigali firmaron un documento para expulsar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen ilegalmente a Reino Unido. El Gobierno británico rehizo el acuerdo para plasmar la emblemática medida de su política contra la inmigración ilegal, después del desaire que sufrió a mediados de noviembre por parte del Tribunal Supremo británico, que confirmó que el proyecto era ilegal tal y como estaba redactado. El nuevo acuerdo fue firmado en Kigali, capital de Ruanda, por el ministro del Interior británico, James Cleverly, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta.

"Hemos continuado esta asociación con Reino Unido porque creemos que tenemos un papel que desempeñar en esta crisis de inmigración ilegal", aseguró Vincent Biruta durante una conferencia de prensa, mientras que James Cleverly declaró tener "una inmensa admiración por el Gobierno ruandés, que ha recibió muchas críticas". Este nuevo tratado "responderá a las preocupaciones del Tribunal Supremo garantizando, en particular, que Ruanda no expulsará a otro país a las personas trasladadas en el marco de la asociación", decía un comunicado publicado previamente por el Ministerio del Interior, en respuesta a una de las principales preocupaciones de los magistrados. Reino Unido también ha instalado una cárcel flotante para indocumentados.

Son gobiernos de derecha. Pero también se endurecen leyes en países de distinto signo. En Francia el Consejo Constitucional de Francia ha censurado 32 artículos de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno y que incluyó en su última enmienda concesiones a la ultraderecha, lo que implica tumbar más de un tercio del texto, incluidas cuestiones clave como el endurecimiento de los requisitos para que los extranjeros reciban ayuda o puedan reagrupar a sus familias. Y Alemania acaba de acelerar las deportaciones.

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