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Alberto Fujimori, expresidente peruano, ha recuperado la libertad luego de la orden emitida por el Tribunal Constitucional de Perú, la cual concedió su excarcelación alegando motivos de salud. A pesar de las advertencias de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos sobre la gravedad de sus crímenes, Fujimori salió de la prisión de Barbadillo a las 18.30 horas (hora local).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado un aplazamiento de la liberación un día antes, para analizar detalladamente el fallo del Tribunal Constitucional, que parecía poner fin a años de litigios judiciales. No obstante, Fujimori ya es libre y ha sido trasladado a la residencia de su hija, Keiko Fujimori, excandidata presidencial, que se perfila como su hogar permanente.
Simpatizantes del expresidente se congregaron fuera de la cárcel en anticipación a su liberación, una meta perseguida por él y su equipo legal a lo largo de los años, aunque la Justicia lo había impedido en varias ocasiones.
Fujimori estaba condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante su gobierno. También se le acusa de la esterilización forzada de casi 350,000 mujeres y 25,000 hombres de comunidades indígenas durante su mandato.
A pesar de que en 2017 recibió un indulto humanitario del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, este fue anulado por la Justicia en 2018. Desde entonces, Fujimori y sus abogados han alegado problemas de salud por su edad avanzada, logrando finalmente que el Tribunal Constitucional aceptara su excarcelación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos había pedido que se postergara la liberación un día antes, para revisar el fallo del Tribunal Constitucional, que parecía cerrar años de batallas legales. Sin embargo, Fujimori fue liberado sin esperar el pronunciamiento de la Corte.
Juanita Goebertus, directora de la oficina de las Américas de Human Rights Watch (HRW), calificó la liberación de Fujimori como un insulto a sus víctimas. Propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) examinara su alcance, considerando el grave deterioro del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Perú.
Goebertus afirmó que la liberación se basó en un indulto humanitario defectuoso y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas, comparando a Perú con Nicaragua y Venezuela en términos de desacato al sistema interamericano. En este contexto, resaltó la necesidad de que la comunidad internacional presionara al gobierno peruano para que cumpliera con sus obligaciones internacionales, incluyendo las decisiones de la Corte Interamericana.
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