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Durante más de una década, Australia ha aplicado un modelo de gestión de refugiados y solicitantes de asilo que ha generado mucha oposición en la sociedad y entre las organizaciones que trabajan para la protección de los derechos humanos: el establecimiento de centros de acogida en otros países. Esta idea ha sido barajada por la Unión Europea en varias ocasiones por la presión de algunos miembros, sin embargo, no ha salido adelante por los desafíos legales. En Australia estos retos no han impedido que su modelo de establecer centros para refugiados en islas del Pacífico se haya implementado.
Nauru ha servido como centro de internamiento extraterritorial desde 2012 hasta la salida a finales de junio de este año del último detenido. Por allí han pasado miles de personas y el máximo llegó en agosto de 2014 con un total de 1.233 refugiados y solicitantes de asilo encarcelados. Aunque muchos sectores han acogido la noticia con satisfacción, el gobierno australiano ha confirmado que piensa mantener su política de internamiento en ultramar con un centro “preparado para recibir y procesar cualquier nueva llegada marítima no autorizada”. A pesar de ello, no se espera que los refugiados vuelvan a ser ubicados en Nauru, donde se han denunciado que los retenidos han sufrido “daños irreparables”. Papúa Nueva Guinea (PNG) aún cuenta con alrededor de 80 personas que han intentado entrar a Australia por mar.
El porqué del fracaso de este modelo tiene que ver con dos razones según Human Rights Watch (HRW): los abusos a los internados y el alto coste económico para Canberra. “La esperanza ahora es que Australia, y el resto del mundo, se den cuenta por fin del fracaso abusivo que han supuesto estas políticas”, esgrimen desde el Departamento de Comunicación de la organización. “El ‘atractivo’ de la externalización se basaba en una especie de sadismo político. Los políticos prometieron ser “duros” con los solicitantes de asilo, es decir, crueles y despiadados con la gente indefensa y desesperada. Eso, decían a los votantes, disuadiría a la gente de venir. La verdad es que ha sido absurdamente caro, ha dado lugar a terribles abusos contra los derechos humanos y no ha disuadido a nadie”, sentencia desde HRW.
Organizaciones y activistas llevan años abogando por que los refugiados de Nauru y PNG sean trasladados a Australia debido al maltrato que han sufrido en ambos países. Elaine Pearson es la directora en Asia de HRW y ha denunciado en numerosas ocasiones a lo que se enfrentaban los detenidos en la isla de Manus en PNG. “Los refugiados y solicitantes de asilo fueron apuñalados, golpeados y robados”, afirmó. “El gobierno australiano debería protegerlos de verdad trasladándolos a Australia”. Los resultados de distintas investigaciones han determinado que “personas y familias con niños pasaron años viviendo en condiciones deficientes en estos centros, donde sufrieron tratos graves e inhumanos, violencia y negligencia médica”. Algunas estimaciones sostienen que al menos 14 personas sometidas han muerto en estos centros, “la mitad por suicidio o sospecha de suicidio”.
Los testimonios recogidos en algunas de estas investigaciones han revelado las condiciones en las que viven los refugiados. Al menos uno de ellos fue trasladado a un centro psiquiátrico en PNG donde denunció que el personal lo “golpeó” y lo “recluyó” durante tres semanas en “condiciones de suciedad y hacinamiento”. Dos personas en situación similar se quitaron la vida según una investigación de 2017. “Australia envió a refugiados y solicitantes de asilo que podían haber sufrido traumas en casa, pero que por lo demás estaban sanos”, comentó Pearson acerca de estos incidentes. “Un número significativo se está suicidando y autolesionando”.
Además del alto coste humano, también sorprende el económico. Según el Ministerio de Interior de Australia, en 2022, mantener a 22 refugiados en Nauru costó casi 300 millones de euros al país. Se prevé que en los años fiscales de 2025 a 2027 el coste por mantener estos centros sin ser ocupados por refugiados ni solicitantes de asilo será de alrededor 212 millones de euros anuales.
En 2013, Australia implementó la Operación Fronteras Soberanas, coordinada por militares, con el fin de “proteger las fronteras, combatir el tráfico de personas y evitar que las personas arriesguen sus vidas en el mar”. El slogan que utilizan desde entonces es “cero oportunidades” de llegar por barco. Desde su comienzo hasta marzo de este año, han llegado a Australia 23 embarcaciones con 1.309 personas, se han interceptado y devuelto 46 barcos con 1.082 refugiados solicitantes de asilo y 103 con más de 3.500 personas han sido bloqueados con ayuda de otros países.
“La deslocalización no ha ‘funcionado’ ni siquiera en el sentido más limitado de lo que prometieron los políticos”, afirman desde HRW. “Siguen llegando personas desesperadas en busca de seguridad y la oportunidad de una vida mejor. No van a dejar de huir de la guerra y la opresión sólo porque les amenaces con enviarles a un tercer país cuando lleguen”. Destacan que el que este modelo sea un fracaso “costoso, abusivo e ilegal” no debería sorprender a nadie, “salvo quizá a unos pocos políticos que se creyeron sus propios eslóganes y a una parte del público”.
La gente busca asilo en barco por muchas razones. Australia aplica un sistema universal de visados que hace muy difícil que muchas personas de determinados países entren en Australia por avión con un visado válido. A menudo, las personas procedentes de países con un elevado número de refugiados no pueden entrar en otras naciones debido a los estrictos controles fronterizos. El mensaje de Australia es firme: “sólo hay una forma de entrar en Australia: con un visado australiano válido”. Sin embargo, las visas disponibles son nimias. Durante el último año ha habido una oleada de embarcaciones de solicitantes de asilo debido a la combinación de la grave crisis económica en Sri Lanka y la percepción de que el gobierno progresista de Anthony Albanese está destensando la cuerda en el apartado de las devoluciones. En Australia viven casi 130.000 solicitantes de asilo y el sistema está saturado, lo que deja a estas personas en un limbo.
Algunas voces gubernamentales propusieron en el pasado una amnistía para colocar mano de obra barata en las explotaciones agrícolas. Ello se debía a que la estafa abastecía principalmente de mano de obra barata a las explotaciones agrícolas, una propuesta que fue rechazada porque “enviaría el peligroso mensaje de que está bien saltarse nuestras estrictas normas sobre visados e inmigración, principios por los que este gobierno ha trabajado increíblemente duro durante mucho tiempo”, afirmó la fiscal general hasta 2022, Michaelia Cash. Los campos australianos ya tienen a inmigrantes sin regularizar.
A pesar de que las organizaciones a favor de los derechos humanos han tildado de fracasado el modelo australiano de internamiento interterritorial de refugiados y solicitantes de asilo, hay países que admiran esta política y también la implementan o buscan hacerlo. Dinamarca, por ejemplo ha llegado a barajar la opción de externalizar la tramitación de asilo a Ruanda, una opción que se descartó en enero con el fin de formar parte de las conversaciones con otros Estados de la Unión Europea para establecer una instalación de tramitación fuera de Europa.
El modelo australiano también ha servido de ejemplo para Reino Unido, en su plan propuesto para expulsar por la fuerza a los solicitantes de asilo que llegan en barco a centros de detención en Ruanda. En abril de 2022, el entonces primer ministro, Boris Johnson, anunció que había firmado una asociación de migración y desarrollo económico con Ruanda. En el acuerdo se incluyó un plan donde solicitantes de asilo serían trasladadas en avión a Ruanda para que allí se tramitaran sus solicitudes. El país africano cuenta con un largo historial de torturas en centros de detención. La colaboración entre Londres y Kigali no se ha implementado debido a las trabas legales. En junio del año pasado, se impidió que un vuelo previsto con solicitantes de asilo a bordo saliera del Reino Unido tras un requerimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este mes, el plan se ha declarado ilegal por el Tribunal de Apelación británico.