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La aprobación en la cámara baja del parlamento de Westminster de un borrador de ley que prohíbe a los consejos municipales boicotear productos israelíes en Reino Unido obligándoles a alinearse con la política oficial proisraelí del Gobierno ha generado importantes discrepancias en el Reino Unido. La ley fue aprobada la semana pasada por 268 votos a favor y 70 en contra gracias a la mayoría de 80 diputados que tienen los conservadores. Todavía quedan más debates y votaciones en la cámara baja y tiene que ir a la cámara alta, pero todo apunta a que la ley será aprobada sin problemas.
Sin embargo, esta ley genera muchas dudas por su letra pequeña. Muchos diputados conservadores se alinearon con los laboristas, que decidieron abstenerse. Estos diputados le han pedido a Sunak que reconsidere ley por considerar que puede socavar el apoyo a las personas que enfrentan persecución como es el caso de los uigures en China, además de imponer restricciones sin precedentes a los municipios coartando el principio fundamental de la libertad de expresión.
El proyecto de ley en cuestión se llama 'Ley de actividad económica de los organismos públicos (asuntos de ultramar)' y busca evitar que los organismos públicos del país, incluidos los consejos municipales, hagan campaña, boicoteen o sancionen un territorio internacional en particular, a menos que esté respaldado por la propia política exterior del gobierno del Reino Unido. O sea, prohíbe boicotear o promover el boicot de productos israelíes como sucede en algunos municipios.
De esta forma el Gobierno de Sunak quiere combatir la llamada al boicot que hizo el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) desde su creación en 2005 y que exige boicots económicos y culturales a Israel y a los asentamientos israelíes, similares a los que se aplicaron a Sudáfrica en la era del Apartheid. Estos boicots están respaldados por palestinos que los ven como una herramienta de presión sobre Israel para que ponga fin a su ocupación militar en los territorios palestinos. El Gobierno israelí, por su parte, considera que BDS señala injustamente a Israel y lo describe como un movimiento antisemita.
En el debate en el parlamento, el ministro de Comunidades, Michael Gove, que es quien impulsó la propuesta de ley, denunció “un aumento de incidentes antisemitas a raíz de las actividades del movimiento BDS” en el Reino Unido. Los incidentes antisemitas en Reino Unido se incrementaron en el año 2021, según los datos de la organización benéfica Community Security Trust, dedicada a la protección de las comunidades judías en el país, coincidiendo con el incremento de la violencia en Gaza, pero el año pasado bajaron los incidentes en un 27% hasta los 1.652 anuales. Sin embargo, según datos del centro de estudios musulmanes Cordoba Foundation, los ataques contra musulmanes en el país se incrementaron en un 42% en 2022 hasta los 3.459 incidentes. Es decir, los ataques islamófobos fueron el doble que los antisemitas el año pasado.
“El boicot que pide BDS es divisorio, incorrecto y un completo desperdicio de dinero público y sus defensores solo buscan el aislamiento total de Israel, tanto económica como culturalmente, y algunos incluso piden abiertamente su desmantelamiento -dijo Gove en el parlamento-. Esta es una legislación histórica diseñada para poner fin al creciente problema que supone BDS y traerá una disciplina muy necesaria a la narrativa de la política exterior del Reino Unido”.
En noviembre de 2020 Estados Unidos declaró a BDS antisemita. El secretario de estado, Mike Pompeo, expresó que BDS era “un cáncer” y agregó que Estados Unidos dejaría de financiar a los grupos vinculados a este movimiento. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la medida de “maravillosa”. BDS rechazó los cargos contra él y aclaró que se oponía a "todas las formas de racismo, incluido el racismo antijudío” y que el suyo era un movimiento por la libertad, la justicia y la igualdad entre los palestinos y los israelí. Y calificó la decisión de Washington de macartista.
El Gobierno conservador británico también considera a BDS antisemita. La federación de sindicatos británica (TUC, en inglés) aprobó en el año 2009 una moción que respaldaba el movimiento BDS contra Israel. En 2010, el consejo municipal de Swansea, en Gales, introdujo un boicot a los productos israelíes. En 2014 otros dos municipios se unieron. La organización benéfica judía británica Jewish Human Rights Watch llevó los boicots a los tribunales. En 2016 el Tribunal Superior británico dictaminó que la acción de los tres municipios no era antisemita. Dos años más tarde el Tribunal de Apelaciones ratificó la decisión.
Sin embargo, pese a la sentencia de la máxima instancia jurídica británica, Boris Johnson se comprometió en el programa electoral del Partido Conservador de 2019 a prohibir tales boicots y los incluyó en el programa legislativo del año pasado, en el discurso de la reina (todavía vivía Isabel II). Los sindicatos criticaron el plan del Gobierno. Lo calificaron de “intento pernicioso de socavar a quienes luchan contra la opresión” e instaron a los laboristas a oponerse. Los sindicatos son parte del Partido Laborista y tienen un peso decisivo en la formación.
Sin embargo, Keir Starmer, el líder laborista, ha dicho que bajo su dirección el partido “no apoya ni apoyará” el principio de boicotear productos israelíes. Desde que se convirtió en líder laborista en 2020, Starmer se propuso acabar con la sombra del antisemitismo que planeaba sobre los laboristas tras la etapa de Jeremy Corbyn, que fue expulsado del partido por el mismo Starmer. Starmer está casado con una mujer judía y educa a sus hijos bajo este culto.
Los laboristas se abstuvieron a la ley en la votación de la semana pasada no por dar apoyo al movimiento BDS, según explicó Lisa Nandy, la responsable de comunidades laborista, sino por “los efectos en la capacidad de las comunidades locales para apoyar a la minoría uigur en China” porque considera que que otorga al Gobierno “poderes de ejecución sin precedentes” contra los consejos locales.
Nandy también admitía que “puede ser incompatible con el derecho internacional en múltiples aspectos, incluido el socavamiento de la tradicional posición multipartidista del Reino Unido con respecto a los Territorios Palestinos Ocupados, y el de ir en contra de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”. El proyecto de ley contiene poderes para que los ministros establezcan excepciones a la prohibición, de modo que los organismos públicos puedan ayudar a imponer sanciones a países como Rusia.
También ha sido criticado por un sector de la comunidad judía británica. En una carta abierta al ministro Gove publicada en junio, varios académicos judíos, incluido el director del Instituto Birkbeck para el estudio del antisemitismo de la Universidad de Londres, argumentaron que la legislación era “dañina y equivocada”. “Rechazamos la noción de que la motivación [de BDS] tiene sus raíces en el antisemitismo, o que una campaña activa de BDS y una vida judía segura y próspera están en tensión y no pueden coexistir en el mismo espacio comunitario”.