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Ya se ha convertido en una pregunta retórica. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar las ciudades de Ceuta y Melilla y los empresarios de ambos lados de las fronteras hispano-marroquíes para ver sus prometidas aduanas comerciales abiertas? Se han cumplido más de catorce meses desde que los gobiernos de España y Marruecos firmaran en Rabat la primera hoja de ruta tras la crisis diplomática y la reapertura de la aduana de Melilla y la creación de una nueva en Ceuta se planteara por primera vez y se ha superado el medio año desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, admitiendo el retraso, diera fecha definitiva –la entrada de 2023- para la entrada en funcionamiento de ambos puestos.
El reloj sigue corriendo, la legislatura se extingue, la posibilidad de un relevo en el palacio de la Moncloa -verosímil según las encuestas- deja en el aire la relación futura con Rabat -¿mantendrá Núñez Feijóo en caso de convertirse en presidente los términos del apoyo a Marruecos en el Sáhara? ¿Evitará pronunciarse?-, y cuando todos despertaron las aduanas no estaban allí, parafraseando al otro.
Las aduanas han sido el termómetro de las relaciones hispano-marroquíes desde la entrada en la flamante nueva etapa. Un período que abrió, para sorpresa del PSOE, sus socios de gabinete Unidas Podemos, la oposición parlamentaria y la opinión pública española en general, el cambio histórico de posición en el Sáhara Occidental. El Gobierno sorprendía en fondo y forma al apoyar, rompiendo la tradicional neutralidad española en la cuestión, el plan de Marruecos para dotar de una autonomía avanzada para lo que llama ‘provincias del sur’, el territorio del antiguo Sáhara Español.
En una carta difundida en la tarde del 18 de marzo del año pasado y revelada por Palacio Real marroquí, Pedro Sánchez defiende que el plan de regionalización avanzada es “la base más seria, creíble y realista” para la resolución del conflicto. A Marruecos los tres adjetivos le bastaron para dar por cerrado el largo desencuentro con Madrid, pese a ser más que conscientes de la irrelevancia española en la resolución definitiva -¿será ello posible alguna vez?- del diferendo. Mientras tanto, Argelia, apoyo principal del Frente Polisario, enfurecía por un gesto considerado de desprecio. Después se desquitaría vetando a los empresarios españoles en el mercado argelino; el boicot cumple estas semanas un año sin que nadie –ni en Madrid ni en Bruselas- sea capaz de hacer nada por ponerle fin.
Tras más de dos años de fronteras selladas con Marruecos y sin ‘comercio atípico’ desde agosto de 2018 y enero de 2019 en Melilla y Ceuta respectivamente, la apertura de las aduanas comerciales fue la única iniciativa concreta que España podía apuntarse en su provecho de la histórica determinación de apoyar a Marruecos en su soberanía sobre el Sáhara. Más allá, eso sí, de restablecer puentes políticos con Rabat a todos los niveles y contar con la cooperación de las autoridades marroquíes en la lucha contra la migración irregular tanto en el frente atlántico, el mediterráneo y el de las propias fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, una tarea por la que Marruecos recibe suculentas sumas de dinero de Madrid y Bruselas.
Pero se ha pinchado en hueso. Para Marruecos el trabajo ingrato –“no tenemos vocación de ser el gendarme de Europa”, dijo en su día el ministro marroquí de Exteriores con mucha claridad- de hacer de dique de contención de la migración irregular es más que suficiente. Ceuta y Melilla, como se han encargado de dejar claro en documentos oficiales o declaraciones de altos cargos o representantes parlamentarios, son otro cantar. Para Rabat son ciudades “ocupadas”; ni españolas ni europeas, sino marroquíes.
La última vez que las autoridades magrebíes recordaron su posición sobre los “presidios ocupados” fue en una protesta formal presentada a finales del pasado mes de mayo ante la Delegación de la UE en Rabat y dirigida a uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea por haber defendido en un informe que las dos ciudades autónomas son fronteras europeas y españolas. Lo cierto es que en ningún momento el Gobierno de Marruecos ha hecho mención pública alguna sobre las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. Aunque las aduanas acaben algún día llegando, la posición de Rabat es clara. La mera existencia de Ceuta y Melilla incomoda. No son bienvenidas.
Los hechos son obstinados; Marruecos no tiene ninguna prisa, por no decir interés, en la apertura de las aduanas comerciales. Sin embargo, desde el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se insiste en la “complejidad” del proceso y se asegura que se está avanzando en el buen camino. Lo cierto es que la aduana de Melilla funcionó con plena normalidad desde el año 1956, fecha de la independencia del actual Reino de Marruecos, que ya ha llovido desde entonces, y hasta el mes de agosto de 2018.
Primero fue la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este lunes, y después el titular de Exteriores, José Manuel Albares, un día después. Ambos expresaron un mismo mensaje: las relaciones con Marruecos van bien y el proceso de apertura de las aduanas es difícil, pero sigue adelante. Rodríguez habló de “trámite complejo” y de que “se está avanzando”. El jefe de la diplomacia española, que ha tenido el ingrato papel desde su nombramiento en julio de 2021 –relevando a Arancha González Laya, víctima colateral de la presión de Marruecos- de ponderar una y otra vez la relación con Rabat y evitar cualquier atisbo de crítica a la monarquía alauita, aseguraba que “toda la hoja de ruta acordada con Marruecos se está cumpliendo”.
Tres han sido las pruebas de pasos de mercancías efectuadas desde que comenzara el año por sendas fronteras: una el 27 de enero, otra el 24 de febrero y la tercera el pasado 25 de mayo. Los aparentes problemas técnicos persisten. Los empresarios de las dos ciudades autónomas desesperan ante las promesas incumplidas y la falta de información veraz sobre lo que ocurre en la negociación entre Rabat y Madrid. Este martes la Confederación de Empresarios de Melilla denunciaba “la falta de respeto” hacia las ciudades autónomas por parte de Marruecos, al que acusa de estar bloqueando la apertura de las aduanas.
Si para las autoridades marroquíes ni hay aduanas ni se las espera, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es mucho más pródigo en detalles. Niega que Marruecos obstaculice la apertura de las infraestructuras y alega la dificultad técnica del proceso, pero evita explicar a la opinión pública dónde están los principales escollos. Y si el Ejecutivo conocía que el proceso sería de una gran “complejidad” actuó inconscientemente cuando dio por hecha la apertura de las aduanas con el cambio de año.
La dificultad en la negociación de la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla –que no salvarán la economía maltrecha de dos ciudades dependientes de los presupuestos generales del Estado- constituye un aviso a navegantes en relación al resto de asuntos pendientes abiertos con Marruecos. Entre ellos las negociaciones para la delimitación de las fronteras marítimas entre el archipiélago canario y Marruecos. También un aviso al nuevo Gobierno, ya esté presidido por Sánchez o por Núñez Feijóo: Marruecos no admitirá ya otra cosa que, como muy poco, el silencio –apoyo tácito- en torno a la cuestión del Sáhara Occidental. Pero todo ello será ya a partir del día 23 de julio, que han marcado en el calendario en rojo fuerte en Rabat, Argel, Ceuta y Melilla.