{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
¿El hombre-milagro de la economía libanesa o el artífice del hundimiento de su sistema financiero y, por tanto, uno de los responsables de la catástrofe actual? ¿Ambas cosas? Durante tres décadas consecutivas como gobernador del Banco del Líbano (Banque du Liban) Riad Salamé, 72 años, símbolo del fracaso y la tragedia del país de los cedros, se encuentra estos días más que nunca en el ojo del huracán.
Tres días después de que la jueza de instrucción francesa emitiera el pasado 16 de mayo una orden de detención internacional al no haberse presentado al interrogatorio en París, la Interpol hacía lo propio con su notificación o aviso rojo contra Salamé. Al gobernador del banco central libanés le investiga por blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos, pero uno de los funcionarios más odiados del Líbano lo niega todo y se resiste a abandonar el cargo.
El pequeño Estado del Mediterráneo oriental atraviesa una gravísima situación económica y política –para el Banco Mundial una de las peores vividas por un país desde el siglo XIX- desde que en 2019 comenzara el colapso de su sistema financiero, de lo cual no pocos en el Líbano acusan al propio Salamé. El gobernador fue el arquitecto de un enorme esquema Ponzi. –una suerte de estafa piramidal- por el que los inversores más antiguos se llevan el dinero de los más nuevos. La libra libanesa ha perdido el 100% de su valor desde el inicio de la crisis.
Durante años el gobernador del banco central libanés había sido elogiado dentro y fuera del país, donde era invitado por organizaciones internacionales y universidades, por haber salvado al país, una vez superado el trauma de la guerra civil, de la crisis financiera internacional de 2008.
Tras haber sido interrogado por el fiscal público del Líbano el pasado 20 de mayo, cuatro días más tarde tras comparecer ante el abogado general en la corte de casación, a Salamé le fueron retirados sus dos pasaportes, el francés y el libanés, por lo que el gobernador del banco central del Líbano no puede abandonar el país.
Aunque el país de Oriente Próximo no extradita a sus nacionales –ahí está el caso del ex patrón de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, sobre el que también pesa una orden de la Interpol-, pero Salamé podría ser juzgado en el país si las autoridades locales consideran fundamentadas las acusaciones en su contra. El fiscal público libanés pedirá formalmente a Francia que entregue los archivos del caso del gobernador para decidir futuras medidas contra el gobernador del banco central del país de los cedros.
Tanto la justicia francesa como alemana investigaban a Salamé desde hace varios años. La justicia francesa cree que durante su larguísimo período como gobernador del banco central libanés, Salamé amasó una importante fortuna inmobiliaria en Europa y bancaria dentro y fuera del país a través de un complejo entramado de operaciones fraudulentas. El pasado 23 de mayo, por su parte, Alemania emitía otra orden de detención contra el aún gobernador del banco central libanés acusado de falsificación, blanqueo de capitales y malversación.
En 2022, Francia, Alemania y Luxemburgo congelaron a Salamé activos por valor de 120 millones de euros. Desde comienzos de este año, jueces europeos, entre ellos la citada magistrada francesa, viajaron hasta tres veces a Beirut para interrogar a Salamé y a sus allegados, entre ellos su asistenta Marianne Hoayek, su hermano Raja y a un ministro del Gobierno libanés. Raja Salamé y Hoayek deberán comparecer ante el juez francés hoy miércoles y el próximo 13 de junio.
Además, la investigación por parte de las autoridades judiciales libanesas había comenzado a raíz de que el fiscal general de Suiza pidiera asistencia tras detectar movimientos por parte de Salamé y su hermano de activos valorados en más de 300 millones de dólares entre 2002 y 2015.
En febrero pasado la justicia libanesa lo acusó formalmente de malversación, blanqueo de capitales y evasión fiscal (al igual que a su hermano y asistenta). Al menos dos imputaciones ya han tenido lugar en Francia: Anna K., una persona sospechosa de ser una de sus testaferros, y Marwan Kheireddine, exministro y actual jefe del banco Al Mawarid, según información de France 24. Según la agencia Reuters, también se investiga a una mujer ucraniana, con la que Salamé tiene una hija, por su implicación en la supuesta trama de blanqueo de capitales.
Para una parte de los libaneses, Salamé se ha convertido en el símbolo del funcionamiento actual del país al encarnar la impunidad y la corrupción durante un larguísimo período de tiempo. Durante años, el gobernador ha estado protegido por la clase política libanesa. Sólo en los últimos tiempos, con su caída en desgracia ya irremisible, voces dentro del Gobierno comienzan a pedir su salida, pero no aún dos figuras clave en la política nacional: el primer ministro Najib Mikati (sunita) o el presidente del Parlamento Nabih Berri (chiita).
Nacido en el seno de una familia cristiana maronita hace 72 años en la localidad de Antelias (en la demarcación de Monte Líbano, muy próxima a Beirut), ciudadano francés y libanés, Salamé pasó por los jesuitas (Colegio de Nuestra Señora de Jamhour, en la capital) y se licenció en económicas en la Universidad Americana de Beirut. Antes de comenzar, en 1993, su andadura como gobernador del Banque du Liban, Salamé se había desempeñado exitosamente durante dos décadas en Merrill Lynch en París y Beirut.
Oficialmente, Salamé deberá abandonar el cargo al concluir su mandato a finales del próximo mes de julio. Como el antiguo patrón de Renault-Nissan, Carlos Ghosn –el gobernador del banco central recibió la notificación de la Interpol un año exacto después de que tuviera noticias de la suya el empresario franco-libanés-, Salamé se refugia en el Líbano de la orden de detención internacional.
Las organizaciones de la sociedad civil libanesa y particulares más movilizados para que Salamé rinda cuentas ante la justicia estiman que la decisión del juez libanés de impedirle viajar al exterior permitirá al banquero escapar de las exigencias de las justicias francesa y alemana y ven, por tanto, una maniobra de la corrupta élite política para protegerle. El gobernador del banco central libanés pidió al juez ser juzgado en su país y no ser extraditado a Francia, cuya orden de detención considera ilegal.
“Con la excepción de unos cuantos jueces, la justicia del Líbano ha demostrado que no es independiente. Está de parte de los políticos que la manipulan en la dirección que les interesa”, afirmaba a AFP el activista Karim Daher. “El corrupto régimen libanés no tiene interés en que Salamé sea juzgado fuera y que tire de la cuerda sobre las actividades financieras de la clase política”, insistió.
En este sentido, otro ejemplo paradigmático de las consecuencias de la corrupción en la que se hallan instaladas la política y la justicia en el Líbano es el de la investigación por la explosión -más de 4.000 kilos de nitrato de amonio- de unos silos en el puerto de Beirut, ocurrida en agosto de 2020. A día de hoy la tragedia, que costó la vida a más de 224 personas y dejó heridas a 7.000 personas, sin haber responsables.
Víctima de un sistema político disfuncional consecuencia del sectarismo y la corrupción, el Líbano continúa en punto muerto con su población exasperada y padeciendo una gravísima situación material. “El Líbano sólo podrá salir de estas crisis crónicas dando pasos valientes hacia la reducción de las divisiones sectarias en la sociedad y apostando por la inclusividad”, escribía la semana pasada para la web de Al Jazeera la investigadora especialista en la región MENA de la Berghof Foundation Nadine Francis-Pole.
Desde el fin del mandato, a finales del pasado mes de octubre, del presidente Michel Aoun, el pequeño país de Oriente Próximo sigue sin jefe del Estado al no haber acuerdo en su relevo –tendrá que venir del ámbito cristiano maronita- entre los distintos partidos políticos. Este miércoles, con un año de retraso, se celebran elecciones municipales.