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No soplan buenos vientos para las libertades civiles, y de manera especial, para la de prensa en el norte de África. En los últimos meses las autoridades tunecinas, argelinas y marroquíes emprenden medidas legislativas o acciones judiciales dirigidas a la actividad periodística en medio de un contexto de deterioro de la situación socioeconómica vinculado a la crisis económica internacional, la inflación y la sequía.
El último ranking sobre libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, hecho público hace una semana, es reflejo del deterioro de la situación en el Magreb. La mejor clasificada en el Magreb es Mauritania, que además mejora once posiciones, hasta alcanzar la posición 86.ª a nivel mundial. Le sigue, ya de lejos, Túnez en el puesto 121, aunque es el país que más retrocede (27 posiciones). Después se sitúa Argelia, que pierde dos posiciones y cae al puesto 136. El farolillo rojo de la región es Marruecos, puesto 144 mundial tras retroceder nueve posiciones. Vecinos cada vez peor avenidos, Argel y Rabat rivalizan no sólo en la cuestión del Sáhara o en la carrera armamentística, sino también en la cola de la clasificación mundial sobre la libertad de prensa.
El mayor deterioro de la situación se ha dado, sin duda, en Túnez, que presumía de haber sido la gran historia de éxito del conjunto del Magreb tras la Primavera Árabe. Después de un proceso de transición juzgado por los especialistas como modélico –un ejemplo a seguir para todo el mundo árabe-, con la celebración de elecciones libres y la aprobación y entrada en vigor de una Constitución de consenso en 2014, las cosas comenzaron a torcerse para el pequeño país magrebí.
La polarización política entre islamistas y seculares, la dificultad de la cohabitación entre la presidencia, la jefatura del Gobierno y la Asamblea y una larga crisis económica erosionaron gravemente las instituciones y, con ellas, la idea misma de democracia y Estado de Derecho. Pero la actual deriva autoritaria del sistema no puede sino vincularse a la llegada a la presidencia de Kais Saied tras las elecciones celebradas en el otoño de 2019.
El veterano profesor de Derecho, convertido en un dictador electo con afanes redentores, ha logrado en el curso de tres años liquidar el entramado institucional nacido de la revolución de los jazmines. Tras su autogolpe en julio de 2021, Saied asumió los poderes del Estado, cerró la Asamblea de Representantes democrática, reemplazó la Constitución de 2014 por otra nueva a su medida el verano de 2022 y abrió en marzo pasado un nuevo Parlamento sin partidos políticos y casi sin prerrogativas.
En los últimos meses, el régimen liderado por Saied la ha emprendido contra cualquier forma de oposición: desde los islamistas de Ennahda, el primer partido del país, cuyos líderes se han enfrentado a varios procesos judiciales, hasta jueces, empresarios y periodistas juzgados hostiles a los planes de “salvación” que el mandatario reserva para Túnez.
En febrero, el régimen tunecino detuvo a Noureddine Boutar, director general de una de las principales emisoras del país, Mosaique FM. Aunque el malestar es creciente en la sociedad tunecina, las protestas registradas en las calles del país, protagonizadas fundamentalmente por sindicatos y partidos islamistas e izquierdistas, no inquietan en demasía aún a Saied. En marzo el Parlamento Europeo aprobó una condena, que poco ha alterado los planes del presidente magrebí, a los ataques contra la libertad de prensa en Túnez.
Respaldado por un contexto internacional -que hace especialmente suculentas las reservas de gas y petróleo en el boicot a Rusia- y desactivado el Hirak con la pandemia y la represión, el régimen presidido por Abdelmadjid Tebboune campa a sus anchas en los últimos meses.
A finales de diciembre pasado, las autoridades argelinas clausuraban la sede de Interface Médias (al que pertenecen Radio M y la revista Maghreb Emergent) y detenían a su fundador, Ihsane El-Kadi, acusado de recibir fondos extranjeros para propaganda política, actos contra la seguridad del Estado y publicar panfletos que “atentan contra el interés nacional”. Además, el diario Liberté fue cerrado en abril del año pasado y El Watan, una de las referencias de la prensa argelina, apenas sobrevive siendo una sombra de lo que. Ambos son víctimas del boicot comercial e institucional, una de las formas preferidas por los regímenes magrebíes para liquidar medios de comunicación incómodos.
Entretanto, Argel ultima una ley supuestamente llamada a fortalecer la libertad de expresión en el país pero que, en la práctica, restringirá el secreto profesional de los periodistas. Y cuenta con el rechazo de los periodistas del país y organizaciones de derechos humanos, como Reporteros sin Fronteras, que lamenta que “la voluntad política de amordazar a la prensa adquiere carácter legal”.
El pasado 13 de abril, el Senado argelino aprobaba por mayoría la Ley de Información, que había sido aprobada por la cámara baja del Parlamento tres semanas atrás. La norma prohíbe a los medios del país norteafricano recibir cualquier “financiación o ayuda material directa e indirecta de cualquier parte extranjera”. La infracción de la norma puede acarrear sanciones penales y multas de hasta 2 millones de dinares (aproximadamente 13.500 euros) o incluso el decomiso de sus bienes.
De la misma manera, la Ley de Información recoge que los autores de “desacato” a jefes de Estado y diplomáticos extranjeros acreditados en el país se enfrentarán a multas de entre 100.000 y 500.000 dinares (670 a 3.300 euros), según recogía EFE el pasado mes de abril.
Pero el aspecto más polémico de la norma es que, aun reconociendo el secreto profesional como un derecho del periodista, a partir de ahora la Ley le obligará a revelar sus fuentes ante un tribunal si así lo requiere la Justicia.
Si bien la situación no ha experimentado cambios notables en Marruecos en los últimos tiempos, el panorama de la libertad de prensa no ofrece espacio para la esperanza. En pleno escándalo desatado por el Qatargate, el estado de la libertad de prensa en Marruecos empujó el pasado 19 de enero al Parlamento Europeo a emitir una resolución contra Rabat inédita en décadas.
En el texto, aprobado por 356 votos a favor, 32 en contra –entre ellos los de los socialistas españoles- y 42 abstenciones, los europarlamentarios instaron a Marruecos a respetar la libertad de expresión y la de los medios, así como a garantizar a los periodistas encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales, su puesta en libertad provisional de manera inmediata y el fin del hostigamiento a los periodistas, sus abogados y familias. La resolución europea menciona explícitamente a los periodistas encarcelados Omar Radi, Sulaiman Raisuni y Taufil Buachrine.
Además, el texto aprobado por Europarlamento recoge “la profunda preocupación” de la cámara por “las acusaciones de que las autoridades marroquíes han corrompido a diputados al Parlamento Europeo” y reitera “su compromiso de investigar plenamente y afrontar los casos de corrupción en que están involucrados terceros países que tratan de comprar capacidad de influencia en el Parlamento Europeo”. Desde Rabat no se hizo esperar la reacción y la Cámara de Representantes rompía relaciones con el legislativo europeo apenas cuatro días después.
El pasado 14 de abril, el Club de la Prensa en Marruecos denunciaba “la injerencia” del Gobierno en el funcionamiento del Consejo Nacional de la Prensa [órgano de autorregulación], según se hacía eco el digital Hespress, al considerar que “el proyecto de ley relativo a la creación de una comisión provisional para la gestión de los asuntos del sector de la prensa y la edición está en desfase con el sistema jurídico nacional”.
La asociación proseguía en sus críticas al proyecto al afirmar que “permite al Gobierno interferir directamente en la gestión de un organismo independiente de autorregulación”. “Además, es contrario al artículo 28 de la Constitución, que anima a los poderes públicos a promover la autorregulación, por lo que es inconstitucional y carece de legitimidad jurídica al ser contraria a la ley por la que se rige el Consejo”, lamentaban el mes pasado desde el Club de la Prensa en Marruecos.
Mientras tanto, organizaciones no gubernamentales como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más activa del país, avalan el retroceso reflejado por el último ranking de Reporteros sin Fronteras, que convierte a Marruecos en el último clasificado del Magreb. La pasada semana Amnistía Internacional denunciaba que las autoridades penitenciarias marroquíes niegan a seis periodistas y a dos académicos detenidos el derecho a leer y escribir en la cárcel.
No corren buenos tiempos para la libertad informativa en el Magreb, a pesar de que una nueva y preparada generación de profesionales trata de abrirse hueco con ahínco. La reacción temerosa de las autoridades de la región a un aumento de las críticas en un escenario de crecientes dificultades materiales para la población, la inexistencia de una oposición con músculo y la inhibición de las autoridades europeas auguran más restricciones a la labor de los medios en la orilla sur del Mediterráneo.