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Se acerca la fecha del 11 de mayo, con el correspondiente final del Título 42 y con ello la posibilidad de que las autoridades estadounidenses puedan expulsar, de forma inmediata, a las personas migrantes indocumentadas que crucen su frontera. Esta política de inmigración que inició Trump en 2020 y continuó Biden bajo su mandato, por motivos de salud pública durante la pandemia de Covid, llega a su fin al mismo tiempo que el actual gobierno anuncia nuevas medidas para ampliar las vías lícitas de acceso al país.
A través de la nueva reglamentación el gobierno pretende evitar dos cosas: que las personas migrantes se embarquen en el peligroso viaje que supone el cruce de la frontera y tener que lidiar con la impopularidad que le supone que un número de personas indeterminado entre al país sin tener sus papeles en regla. Para ello, ha apostado por la apertura de centros de procesamiento fuera de Estados Unidos, desde donde sea posible gestionar las solicitudes de llegada y que aquellos que lo deseen puedan asentarse con garantías, tanto en Estados Unidos como en otros países como Canadá o España.
Además, el gobierno estadounidense invertirá en los países de la región más afectados por el tema migratorio, con el fin de que “las personas no tengan que abandonar sus hogares”, según dijo Blinken. Para ello se destinarán 4.200 millones de dólares en fondos al sector privado, en el norte de Centroamérica, con los que crear empleo, acceso a financiamiento, capacitación y educación a jóvenes. Estas medidas se pondrán en marcha en coordinación con los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.
En palabras de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional y Antony Blinken, secretario de Estado, durante una reciente conferencia de prensa conjunta, estas nuevas medidas “sin precedentes” pretenden potenciar la migración legal, al mismo tiempo que ejercen un control sobre el flujo de migrantes indocumentados que se espera aumente “de forma drástica”, en la frontera sureste, durante las próximas semanas.
Según la administración Biden, Estados Unidos volverá a usar las facultades migratorias del Titulo 8, existente desde 1940, para procesar y expulsar a todos aquellos que lleguen a la frontera estadounidense de forma irregular. Las consecuencias previstas en esta normativa incluyen la prohibición de reingreso al país durante los próximos cinco años (como mínimo) y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de entrada. Las personas que quieran cruzar la frontera sudoeste hacia Estados Unidos, en esas condiciones, no serán elegibles tampoco para la opción del asilo.
Otra de las medidas de la nueva reglamentación ampliará el uso de la aplicación CBP One (un único portal online para que los usuarios puedan ser dirigidos a las respuestas que necesitan, respondiendo una serie de preguntas guiadas). Funcionará para migrantes que se encuentren en el centro y norte de México, con el fin de que tengan acceso al calendario de citas y programen una entrevista con un funcionario de migración.
También continuará el programa de parole humanitario con el que cierto número (un máximo de 30.000 solicitantes) de ciudadanos venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses reciben un permiso de llegada y permanencia en EEUU, por un periodo de dos años.
A menos de dos años de las próximas elecciones presidenciales, la migración vuelve a ser uno de los temas estrella que pueden dar o quitar votos, en función de cómo se enfoque. Los demócratas buscan un equilibrio entre programas de protección a las personas que buscan una vida mejor, lejos de sus lugares de origen. Pero al mismo tiempo no han sido capaz de lograr un acuerdo con los republicanos para realizar una reforma migratoria consensuada y convincente.
Por su parte, los conservadores han hecho de este tema un arma arrojadiza hacia los progresistas, a los que achacan parte de los males del país debido a la laxitud de sus políticas migratorias. La entrada de fentanilo por la frontera, el incremento de la delincuencia o la “invasión” de personas indocumentadas que asola el país, son algunas de estas consecuencias según el Partido Republicano.
Por ello, los miembros conservadores de la Cámara de Representantes iniciaron la semana pasada las gestiones necesarias para presentar un paquete de leyes migratorias más restrictivo que el actual. Rescatan así algunas de las medidas implantadas durante la presidencia de Donald Trump, como las referentes al asilo, a través de las que el secretario de Seguridad Nacional tendría en su mano la capacidad de vetar la entrada de un gran número personas, que tendrían difícil demostrar que huyen de persecución política, religiosa o racial.
Otras propuestas republicanas son implementar la política del “tercer país seguro” de la era Trump, con la que se niega asilo a aquellas personas llegadas de la frontera sur que no lo han solicitado antes, en el país de tránsito. Todas estas propuestas tendrán que ser aprobadas por el Senado, que en estos momentos tiene mayoría demócrata, aunque no sería la primera vez que un legislador demócrata inclina con su voto la balanza hacia los republicanos. Especialmente en un año preelectoral.