El debate migratorio se enciende mientras avanza la legislatura. Desde el drama ocurrido en las costas de Calabria, en la playa de Cutro, a principios de marzo, en la que perdieron la vida casi 100 personas, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas migratorias y prepara algunas nuevas que pretenden frenar el flujo que llega a sus costas, que ha crecido considerablemente este 2023. Hace solo unos días declaraba el estado de emergencia migratorio, en el que pretende aumentar, entre otras cosas, los centros de repatriación en los ayuntamientos italianos que gestionan la llegada. Ahora acaba de aprobar entre las enmiendas del llamado Decreto Cutro, que nació en el Consejo de Ministros celebrado tras la tragedia, una medida que elimina la llamada “protección especial” por la cual los migrantes que sufren discriminación por su etnia, religión, género o orientación sexual -es un tipo de protección, al margen del reconocimiento internacional- pueden obtener un permiso de residencia ofrecido por un estado concreto, en este caso el italiano. Tras pasar la votación en el Senado, antes del 10 de mayo será reconfirmada en el voto de le Cámara.

La justificación que ha dado el Gobierno es que con ese tipo de protección especial se abre demasiado la mano para las solicitudes de asilo, es, piensa la derecha, una vía demasiado fácil para la entrada de migrantes al país y supone así un factor de reclamo. Aunque en realidad los datos no hablan de una entrada masiva a través de este tipo de protección. En 2022 se examinaron 52.625 solicitudes de protección internacional, menos que otros socios europeos. La mayoría 53% fue denegada, el 12% recibió la condición de refugiado de pleno derecho, el 13% protección subsidiaria por otros motivos y el 21% protección especial, en total solo 10.865". En total solo fueron aprobadas un quinto de este tipo de solicitudes. 

“Mi objetivo es la eliminación de la protección especial”, dijo hace unos días la premier, porque supone “una protección adicional respecto a lo que ocurre en el resto de Europa”. En realidad hasta 18 países de la Unión Europea prevén una protección complementaria a la prevista por las normas internacionales, como es esta protección especial italiana. Si miramos, además, los datos del permisos de residencia en otros países con este tipo de protección son mucho mayores, por ejemplo, en Alemania fueron el año pasado 30.020 los permisos de residencia de este tipo (datos Eurostat). 

En un documento conjunto, varios alcaldes de ciudades progresistas entre los que se encuentra el de Roma, Roberto Gualtieri, el de Nápoles, Gaetano Manfredi, el de Turín Stefano Lo Russo y el de Florencia, Dario Nardella se muestran en contra de esta enmienda que ahora discute la coalición de Gobierno, que tiene los números para aprobarla por su cuenta, con la que  vpretende acabar con este tipo de permisos de residencia. “Esta decisión, de adoptarse, no podría más que provocar una vulneración constante de los derechos individuales e innumerables dificultades que nuestras comunidades ya han tenido que afrontar en los últimos años, ante un aumento significativo de migrantes condenados precisamente a la invisibilidad", decía la nota conjunta. Pero no ha servido para frenar la clara intención del Gobierno de eliminar esta protección y, es más, la Liga de Salvini quería incluso incluir en la norma la eliminación de compromisos de protección humanitaria a nivel internacional, aspecto que tras la discusión de los socios de la coalición, no ha salido aprobado.

Según varios expertos, la eliminación de la protección especial podría poner en riesgo a miles de personas y volvería más caóticos los trámites de gestión de los migrantes. “Meloni dice que la protección internacional en Italia no ha funcionado y que es un reclamo para que los migrantes lleguen a Italia y una vez se termine el permiso de residencia permanezcan en el país de manera irregular sin una integración laboral ante la dificultad de repatriarlos. Pero un principio de la inmigración contemporánea es que quien sale de su país, si lo hace por necesidad de sobrevivir, no responde a incentivos externos, eso quiere decir que si se quita la protección especial no influirá en la salida de gente hacia Italia, sino en la manera en la que se hará. Eso es de lo que habla la oposición que, argumenta, seguirán llegando pero lo harán aumentando el número de irregulares”, explica para NIUS Patrizia Rinaldi, experta en estudios migratorios internacionales.

Marcello Carammia es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Catania y analiza para NIUS la deuda que el Gobierno de Meloni tiene con su electorado en cuanto al tema migratorio. “Giorgia Meloni prometió en campaña que realizaría un bloqueo naval, algo que luego se demostró imposible. En este momento busca mantener a nivel interno una postura restrictiva con el tema, porque sabe que no puede cumplir lo que dijo, pero sí puede a nivel interno realizar medidas muy duras contra la migración, y lo está haciendo. En cambio, en la política externa mantiene una postura dialogante, salvo el episodio del pasado otoño con Francia, busca el apoyo de la UE, algo que en campaña negaba. Ahora se ve la diferencia de gobernar y estar en la oposición: la discrepancia entre lo que se dice, lo que se decide y lo que se hace. Eso no quita que, aunque no han hecho lo prometido, la política no sea extrema, el ejemplo son las declaraciones de su fiel ministro Lollobrigida”, dice el experto.

La polémica del cuñado de Meloni

Las palabras del ministro de Agricultura Francesco Lollobrigida agitan el debate migratorio una vez más en Italia. En la jornada del martes, en un encuentro del sindicato de la Confederación italiana de Trabajadores Autónomos (CISAL en sus siglas en italiano), hablando sobre el tema migratorio y el problema demográfico que sufre el país transalpino, Lollobrigida sacó la teoría, difusa entre la extrema derecha, de la “sustitución étnica”. “No podemos rendirnos ante la idea de la sustitución étnica. La idea de que los italianos, como tienen menos hijos, los podemos sustituir por otros: ese no es el camino”, dijo. Esa misma mañana la premier Meloni en Milán, en el Salón del Mueble, dijo que el problema de la falta de mano de obra en algunos sectores no puede solucionarse con migrantes, sino “haciendo trabajar a más mujeres (italianas)”. 

Las reacciones no tardaron en llegar, pocas horas después, la líder de la oposición y secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein, valoró de inaceptables las declaraciones de Lollobrigida, “que recuerdan a los años 30 del siglo pasado”, y pidió a la premier Giorgia Meloni que marcase distancia. Pero, por ahora, no ha habido declaraciones, por parte de la líder del Gobierno para matizar esa lectura de la crisis demográfica y el fenómeno migratorio que ha dado uno de sus más fieles ministros (y también su cuñado). Ha dado tiempo, sin embargo, a que la hemeroteca haya sacado algunas declaraciones de la propia Meloni en las redes sociales, en 2016, cuando Hermanos de Italia era un partido residual de la oposición, en la que ella misma hablaba de “pruebas generales de sustitución étnica en Italia” y explicaba que en un año antes habían salido del país 100 mil italianos a buscar trabajo en el extranjero mientras habían llegado 153 migrantes, “en su mayoría hombres africanos”.