Las tensiones políticas no menguan la creciente ayuda financiera de la UE a Marruecos

A juzgar por la lluvia continuada de millones de las ayudas, no cabe duda de que Marruecos es una de las prioridades de la política exterior de la Unión Europea. Las tensiones políticas de los últimos tiempos –dos resoluciones del Parlamento Europeo en junio de 2021 y en enero de 2023 críticas con Marruecos-, con el caso Qatargate –y sus derivadas marroquíes- de fondo, no han supuesto mengua al millonario ramillete de proyectos de ayuda y cooperación comunitarios (y de países miembros, como España) destinados a Rabat. Marruecos es país clave en la protección de las fronteras europeas y la actual Comisión Europea lo tiene más claro que nunca.

Esta misma semana el comisario de Vecindad y Ampliación europeo, Olivér Várhelyi, anunciaba desde la capital marroquí –donde cursó visita de dos días los pasados 1 y 2 de marzo- una financiación por valor de 624 millones de euros a Marruecos, de los cuales 152 millones de euros irán destinados a materia migratoria, la gran preocupación para las autoridades comunitarias. A juicio del responsable europeo, la ayuda destinada al Gobierno marroquí servirá para consolidar las acciones de gestión de las fronteras marroquíes y la lucha contra las redes de la emigración ilegal.

Además, otra partida se dirigirá a financiar la Estrategia Nacional de Marruecos sobre Inmigración y Asilo, así como al programa marroquí del retorno voluntario de los emigrantes y su reintegración en sus países de origen. El resto de la ayuda comunitaria irá destinado a apoyar la transición energética (115 millones de euros), reforzar los planes de reforma en los sectores de la protección social (130 millones de euros) y la reforma de la administración pública (50 millones de euros), entre otros programas, según recogía la agencia EFE.

Durante la visita el comisario europeo aprovechó para anunciar una nueva –e inesperada- alianza tripartita entre Marruecos, Israel y la Comisión Europea que deberá materializarse en distintas inversiones y gestión del agua, uno de los sectores donde las empresas europeas e israelíes son punteras. Según el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, antes de fin de mes las partes firmaran un documento “para consolidar la dimensión regional tripartita en nuestras relaciones”. A juicio del jefe de la diplomacia marroquí, las relaciones con Bruselas “nunca habían sido tan intensas como hoy”, según una nota de la agencia MAP. “El año 2023 será el de un compromiso y ambiciones más fuertes”, aseveró el jefe de la diplomacia marroquí el jueves pasado.

Antes de la visita de Várhelyi a Rabat, las autoridades comunitarias habían dejado clara la firme apuesta europea por el país norteafricano. Apenas iniciado el año, el 5 de enero, el alto representante de la UE para Josep Borrell se desplazaba hasta Rabat para anunciar una “cooperación reforzada” con Marruecos en las instituciones multilaterales y un “Diálogo de alto nivel en materia de seguridad”.

Entonces el ministro marroquí de Exteriores, claramente contrariado por las informaciones aparecidas sobre el caso Qatargate, aseguraba que la asociación entre Bruselas y Rabat “está afrontando un ataque continuo, sobre todo en el Parlamento (Europeo)”. Entretanto, dos semanas después, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución en la que se pedía a las autoridades marroquíes que respetaran la libertad de los medios de comunicación y pongan en libertad de periodistas encarcelados.

En febrero de 2022, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen prometió en la capital marroquí en su primera visita oficial al país norteafricano una partida de 1.600 millones de euros destinada a subvenciones hasta 2027. Enmarcadas, según la presidenta de la Comisión, en el programa Global Gateway, destacan las correspondientes a energías verdes y digitalización.

A juicio de Von der Leyen, los 1.600 millones de euros de ayudas directas comunitarias deberían generar, combinadas con las garantías presupuestarias europeas, alrededor de 8.400 millones de euros en inversiones en Marruecos. “Marruecos es un país con el que hemos construido una cooperación estratégica estrecha y sólida”, zanjaba la presidenta de la Comisión Europea el 9 de febrero del año pasado en Rabat.

Siete meses después, en agosto del año pasado, la UE anunció que aumentará hasta los 500 millones los fondos europeos -300 millones en apoyo financiero y 200 para respaldo técnico-, casi un 50% más, asignados a Marruecos para cooperación en materia migratoria hasta 2027 al considerar que las partidas en el presupuesto comunitario anterior -346 millones para el período comprendido entre 2014 y 2020- eran insuficientes dado el papel cada vez más relevante de Rabat. Con todo, apenas un mes después del anuncio de la partida comunitaria, el máximo responsable marroquí de Migraciones, Khalid Zerouali, aseguraba que la ayuda de 500 millones a siete años estaba “por debajo” de las necesidades del Estado marroquí y que no llegaba a cubrir siquiera sus gastos, estimados en 427 millones anuales.

Por su parte, en la reciente XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España –una esperada cita para la que hubo que esperar más de siete años que arrojó un modesto saldo en cuanto a acuerdos concretos- el Gobierno de Pedro Sánchez anunció a través de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que España duplicaría hasta los 800 millones de euros la línea de crédito dedicada a empresas de nuestro país que inviertan en proyectos en Marruecos.

Si la relación de las autoridades marroquíes con las españolas –pronto se cumplirá un año desde el giro diplomático del Gobierno en relación con el Sáhara Occidental- vive un buen momento a juzgar por los representantes de los dos países, no es el caso de la que mantienen en estos momentos con las francesas. A Marruecos no le agrada que su tradicionalmente primer valedor en el seno de la UE no secundara a Estados Unidos cuando, a finales de 2020, la Administración Trump reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Además, la decisión de la presidencia gala de rebajar a la mitad el número de visados concedidos a ciudadanos marroquíes, adoptada en septiembre de 2021 como consecuencia de la falta de cooperación de Rabat en las repatriaciones de ciudadanos marroquíes, agravó las cosas. En Francia no había gustado nada el supuesto espionaje marroquí –empleando el programa Pegasus- a Emmanuel Macron que un consorcio internacional de medios, con Le Monde a la cabeza, reveló en julio de aquel año.

Aunque la visita de la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, a Rabat el pasado mes de diciembre parecía haber zanjado la crisis diplomática definitivamente, lo cierto es que las aguas siguen revueltas en la relación entre Francia y Marruecos, que sigue sin encontrar fecha para la ya largamente postergada visita de Macron al país magrebí. Esta misma semana, medios marroquíes atribuyeron a fuentes gubernamentales la lacónica respuesta de Rabat a las palabras de Macron sobre las tensiones existentes en la relación bilateral: “las relaciones no son buenas ni amistosas”.

La dura resolución del Parlamento Europeo contra Marruecos –y de que la Eurocámara suspendiera las misiones de diputados comunitarios al país magrebí- no impidió esta semana la visita del comisario de Vecindad a Rabat con más de 600 millones bajo el brazo. En el texto aprobado el 19 de enero se afirmaba además que la cámara comunitaria “manifiesta su preocupación por las acusaciones de que las autoridades marroquíes han intentado corromper a diputados del Parlamento Europeo”.

La resolución ha dolido por su dureza en Marruecos, y empujó el pasado 23 de enero a los miembros de la Cámara de Representantes (cámara baja del país norteafricano) a considerar una “revisión” de las relaciones con la cámara comunitaria, que denunciaron un “discurso de superioridad colonial” en el texto aprobado por los eurodiputados.

No ha sido la única resolución crítica con las autoridades marroquíes en los últimos tiempos. El 10 de junio de 2021 la Eurocámara había aprobado otra resolución crítica con Rabat en la que se condenaba el uso de la migración como arma política en relación al episodio de Ceuta en el mes de mayo de aquel año, cuando, en plena crisis con el Gobierno de Sánchez, en torno a 10.000 jóvenes accedían a la ciudad autónoma española gracias a la connivencia de las fuerzas de seguridad marroquíes. El Parlamento Europeo expresó entonces su rechazo a “la utilización por parte de Marruecos de los controles fronterizos y, en particular, de menores no acompañados como medio para ejercer presión política contra un Estado miembro de la Unión”.