Las autoridades sanitarias estadounidenses y los residentes de la ciudad de East Palestine, en el estado de Ohio, atraviesan un periodo de seria incertidumbre a la espera de dilucidar los efectos a largo plazo del descarrilamiento, el pasado 3 de febrero, de un tren de mercancías con sustancias químicas peligrosas que obligó a la evacuación temporal de la localidad, cuyos ciudadanos exigen una investigación completa de lo ocurrido antes de reanudar su vida normal.

Parte de esta investigación atañe al propio tren operado por Norfolk Southern. Empleados de la compañía, bajo condición de anonimato, revelaron esta semana a la cadena CBS que el vehículo había experimentado fallos mecánicos dos días antes del descarrilamiento y que transportaba una carga a todas luces exagerada: 151 vagones, entre ellos una veintena con elementos nocivos, para un peso total de unas 18.000 toneladas. Hasta el momento, la Junta Nacional para la Seguridad del Transporte de EEUU ha constatado "indicios preliminares de problemas mecánicos en uno de los ejes", a la espera de recabar más información.

Un total de 38 de estos vagones acabaron saliéndose de la vía, de los cuales al menos once contenían acrilato de butilo y, sobre todo, gas de cloruro de vinilo, empleado para la fabricación de plásticos y potencialmente cancerígeno. El incendio desatado por el descarrilamiento -- acompañado de una explosión que lanzó una bola de fuego a casi un kilómetro de altura -- obligó a la evacuación inmediata de buena parte de los 4.700 residentes de East Palestine tanto por la liberación del gas en los vagones descarrilados como en los otros nueve coches con sustancias tóxicas que seguían en la vía.

El lunes 6 de febrero, Norfolk Southern tomó la decisión de efectuar una "expulsión controlada" del gas y del resto de los productos químicos que contenían los otros nueve vagones; un procedimiento que, según el gobernador del estado de Pensilvania, Josh Shapiro, fue llevado a cabo "tal y como estaba planeado" y sin mayor trascendencia para la población. Sin embargo, expertos como el exjefe de Bomberos de Ohio Silverio Caggiano, han avisado de que la liberación del gas ha abierto una posible crisis medioambiental y sanitaria cuyos efectos podrían permanecer latentes entre 15 y 20 años, según comentarios recogidos por WFMJ, filial local de la cadena NBC.

De momento, el Departamento de Recursos Naturales del Estado ha confirmado que unos diez kilómetros del río próximo a la ciudad han quedado contaminadas por el incidente si bien aseguran, en declaraciones al portal Yahoo! News que el suministro de agua potable de la ciudad permanece intacto.

Los residentes siguen exigiendo garantías de seguridad. Más de 400 han solicitado a la Agencia de Protección Medioambiental de EEUU un estudio pormenorizado de la calidad del aire. La EPA no ha detectado problemas en las 200 viviendas examinadas hasta el momento, pero la contaminación en el río, donde las autoridades han hallado más de 3.500 peces muertos por intoxicación ha llevado a los ciudadanos a exigir información adicional sobre el impacto del descarrilamiento en el suelo.

Asimismo, también esperan la declaración de un estado de catástrofe que no ha terminado de llegar. La compañía está pagando parte de los daños y, en realidad, el descarrilamiento no ha provocado daños materiales de consideración en domicilios o negocios. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, no ve motivos para solicitar al Gobierno que declare tal situación. "Ahora mismo no veo problemas al respecto", explicó en comentarios recogidos el miércoles por el portal The Hill.

Los residentes han acabado expresando su frustración a golpe de demandas en las que Norfolk Southern es acusada directamente de incompetencia y se le exige que costee exámenes médicos regulares a la población durante los próximos años. También se sienten desairados por la ausencia de representantes de la compañía durante un acto informativo en un foro local. Norfolk se abstuvo de acudir dado "el posible riesgo físico" que el evento podría comportar para sus empleados, en alusión a posibles agresiones.

El ex director regional de la Junta Nacional de Investigación de Seguridad Química Donald S. Holmstron cree que lo ocurrido en East Palestine es la clase de incidente cuya gravedad ha quedado minimizada ante la ausencia de un impacto inmediato.

"Ahora mismo desconocemos muchas cosas", ha explicado al diario 'The New York Times". Tal es el peligro que ha llegado a plantear la formación de una comisión presidencial para investigar la cuestión sin escatimar en gastos ni tiempo en un procedimiento que es activado en casos de auténticas catástrofes como el de la plataforma Deepwater Horizon en 2010.

Desde el Congreso de EEUU, se pide, como mínimo, la creación de una comisión legislativa con la participación directa del secretario de Transporte del país, Pete Buttigieg, en una solicitud que, de forma prácticamente insólita, han coincidido elementos absolutamente antagónicos de la cámara como son la representante progresista Ilhan Omar y el senador conservador Ted Cruz.

"Este suceso va a tener un impacto negativo en la salud y el bienestar de los residentes a lo largo de las próximas décadas", avisó Omar esta semana en su cuenta de Twitter antes de pedir a Buttigieg que tomara inmediatamente cartas en el asunto; una solicitud con la que Cruz se mostró "completamente de acuerdo". La Casa Blanca ha trasladado su "completo apoyo" a la labor del secretario entre el aluvión de críticas que ha recibido.