El dossier del “caso Cospito” estaba en la mesa del Gobierno Meloni desde que llegó al poder el pasado mes de octubre. Solo dos días antes de que la nueva premier jurase su cargo, el 20 de octubre, el anarquista Alfredo Cospito, de 55 años, comenzó una huelga de hambre en la cárcel de Sassari, donde se encontraba preso. Su protesta se centraba sobre el régimen de cárcel dura, el más restrictivo del sistema penitenciario italiano, el 41 bis, que le fue aplicado el pasado mes de mayo por varios delitos cometidos. Además se negaba a reconocer el “ergastolo ostativo”, que significa cadena perpetua, y que cae sobre su cabeza, por el cual no podrá nunca acceder a los beneficios que tienen otros presos. 

Lo que hasta ayer parecía un tema casi residual se ha convertido en un problema central para el Ejecutivo, con el peligro de un final fatal si las condiciones del preso empeoran. Ha sido trasladado en las últimas horas desde el centro penitenciario de Cerdeña donde estaba detenido a la cárcel de Opera en la provincia de Milán. El cambio ha sido decidido dadas sus condiciones médicas. Cospito ha adelgazado más de 50 kg en tres meses y viste varias camisetas y pantalones para soportar el cambio de temperatura debido a la pérdida de peso. Se niega a ingerir cualquier tipo de alimento. Los médicos advierten que su corazón puede no aguantar y habían pedido en los últimos días un traslado inmediato a una estructura capaz de hacerse cargo de sus problemas de salud. La cárcel de Milán, con un departamento muy eficiente de cuidados sanitarios, permitirá un mayor control, pero ni el Estado italiano ni el preso parecen ceder en una situación que toca el abismo.

Continuará así bajo el régimen del 41 bis. Así lo ha declarado el ministro de Justicia Carlo Nordio durante la mañana del martes, tras llevar la tarde anterior el tema al Consejo de Ministros. “Ante la violencia no se trata. La ola de actos vandálicos desmuestran que el vínculo entre el detenido y sus compañeros existe y basta para justificar el régimen del 41 bis”, dijo el ministro que explica el traslado para tutelar la salud del preso, pero no da ningún paso atrás y dice que depende del Tribunal Supremo y no de su Ministerio. En esta declaración se encuentra la clave de la polémica de este caso. El régimen del 41 bis se creó en los 80, cuando la Cosa Nostra declaró su guerra al Estado, para evitar que los mafiosos pudieran seguir dirigiendo las organizaciones criminales desde la cárcel. Por eso se limitan al máximo los contactos con el exterior, el preso solo sale al aire libre una hora al día y no puede tener, por ejemplo, acceso a estudios u otros cursos.

Cospito rechaza los motivos de la anterior ministra de Justicia, Marta Cartabia, que decidió aplicar este tratamiento penitenciario que hasta ahora había sido utilizado para capos mafiosos y terroristas. El anarquista ha siempre reconocido sus delitos, entre ellos un atentado en 2006, por los que descuenta su cadena perpetua, pero niega dirigir ningún movimiento desde la cárcel. La decisión del 41 bis llegó por la publicación de Cospito desde la cárcel de algunos manifiestos, artículos y entrevistas donde exalta, según los jueces, la violencia y la relación entre el detenido y los colaboradores en libertad. En definitiva, que estaría dando órdenes desde la cárcel. Ahí es donde se equipara su caso a los de la mafia y pasa a considerarse plenamente un terrorista.

En el caso de Cospito no se trata de comunicaciones de forma oculta, si no de publicaciones firmadas por él que, dice la defensa, que tendrían que haber interceptado antes, en cualquier caso. Voces duras incluso dentro de la magistratura, como el ex fiscal Gherardo Colombo, que ha firmado la petición de la retirada del 41 bis a Cospito porque lo considera “anticonstitucional”, llenan estos días la prensa italiana. 

El debate en la sociedad

No solo en los ambientes técnicos, el régimen del 41 bis está en medio del debate en Italia desde hace mucho tiempo. Hay que dejar claro que no es un agravante, sino una medida para controlar contactos con el exterior, valorando así su peligrosidad. Cospito defiende que su huelga es también por los más de 700 presos con este régimen en Italia, que considera una tortura para el ser humano. El debate ha llegado también al ámbito político, no solo por las responsabilidades que el Estado tiene que afrontar, el Gobierno en primera instancia, sobre el futuro del preso, sino por el encendido debate parlamentario de la mañana del martes sobre el caso. Desde Hermanos de Italia, Giovanni Donzelli, acusaba a la oposición: “¿Quiero saber si la izquierda está de parte del Estado o de la mafia y los terroristas?”. Frase incendiaria que ha hecho levantar la sesión en la Cámara de los diputados ante las quejas del Partido Democratico.

Las protestas

El encarcelamiento de Cospito en el 41 bis ha levantado ampollas en los últimos meses en el movimiento anarquista que, en la calle, pide justicia. Entre los incidentes se encuentran dos ataques vandálicos contra las sedes diplomáticas italianas en Berlín y Barcelona, una manifestación no consentida el pasado sábado en Trastevere, que terminó con un agente herido con una botella en la cabeza. Una segunda parte, esa misma noche, con dos molotov en el parking de una comisaría de la otra parte de Roma. También el envío de una carta con un proyectil al director del periódico Il Tirreno. En definitiva, un clima que está cada vez más candente y que es ahora una prioridad para el Gobierno italiano.