Las esperanzas de más de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos por regularizar su situación migratoria siguen sin ver la luz pese a las promesas que Biden hizo cuando asumió la presidencia del país en 2021. Y la suerte de los miles de migrantes que permanecen en México y quieren cruzar la frontera buscando asilo político, también tiene un vago horizonte desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió recientemente mantener en vigor el Título 42, una medida de salud tomada durante la pandemia, que expulsa de forma expedita a migrantes en la frontera. A pesar de ser una herencia de Trump, Biden ha echado mano del restrictivo Título 42 para desahogar la frontera.

Las expectativas de la sociedad estadounidense continúan a la espera de una frontera ordenada, sin escenas que muestren el drama de la migración, pero los datos son abrumadores. Según las estadísticas publicadas en septiembre por la policía fronteriza, unos 2,15 millones de migrantes ilegales fueron detenidos en la frontera mexicana en 2022, frente a los 1,7 millones de 2021. El 27% de estas detenciones afectaron a migrantes que ya habían intentado cruzar la frontera varias veces en los doce meses anteriores. Solo en noviembre se registraron 230.000 detenciones.

La reforma migratoria más integral que presentó Biden el primer día de su mandato duerme en el congreso y nada indica que vaya a dejar ese estatus en los próximos años: el primer año, con la mayoría demócrata en el congreso, en la Cámara de Representantes se aprobaron varios proyectos para legalizar a agricultores, a trabajadores esenciales, a aquellos que llegaron al país durante la infancia amparados por la Acción Diferida (DACA) conocidos como los dreamers (soñadores) y a los que gozan del Estatus de Protección Temporal (DACA). Pero estas propuestas nunca fueron votadas en el Senado y en el 2022, los demócratas no tomaron la iniciativa en la Cámara Alta. Algunos expertos consideran que este impulso también caerá en saco roto en los dos años que quedan de legislatura.

La crisis humanitaria se ha vuelto cada vez más delicada debido a que, desde la elección de Biden, nunca ha habido tantos migrantes probando suerte en Estados Unidos. 

Una vez instalado en la Casa Blanca en 2021, el presidente demócrata anunció que quería realizar una profunda reforma de la inmigración, pronunciándose en contra de las políticas de su predecesor Trump. "Estados Unidos es más seguro, más fuerte y más próspero con un sistema de inmigración sano y humano que acoge a los inmigrantes y les permite contribuir al progreso de nuestro país", afirmó el mandatario demócrata.

Este año, días antes de que pronunciara su discurso del 5 de enero, la Corte Suprema dictaminó que la política de expulsiones del Título 42 debe seguir vigente durante meses a la espera de decisiones posteriores. Con la nueva reforma migratoria hasta 30.000 ciudadanos al mes, procedentes en su conjunto de Cuba, Haiti, Nicaragua y Venezuela podrán obtener visas humanitarias. La iniciativa para los venezolanos entró en vigor en octubre de 2022.

De la misma manera, esos 30.000 ciudadanos están ahora sujetos a la expulsión rápida del Título 42 a México si son detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de su necesidad declarada de asilo u otras formas de protección en los Estados Unidos. Los ciudadanos de esos cuatro países podrán entrar en el territorio estadounidense si tienen un patrocinador (una prueba de que tienen una propuesta laboral), un arraigo familiar o valedor en su lugar, o si se encontraban en territorio mexicano el 6 de enero (día del anuncio) y solicitan una audiencia en la frontera a través de una aplicación móvil conocida como CBP One. Quienes no lo hagan de cualquiera de las dos formas, serán deportados de manera expedita bajo el Título 42, advierte el programa. Esta medida se tomó días antes de que, en un viaje sin precedentes, Biden viajara a México, que ahora acepta las expulsiones por frontera terrestre del Título 42 de ciudadanos de ocho países, incluido el suyo propio.

En los casos en los que prosperen los trámites y con una autorización de viaje por parte de Estados Unidos, los beneficiarios deberán comprar su propio pasaje a territorio estadounidense. Una vez logrado el permiso humanitario, podrán residir en Estados Unidos durante dos años con permiso para trabajar. Los detractores a esta medida, creen que sobre el papel se ve de una manera, pero en la práctica argumentan que la realidad es otra y los migrantes tendrán muchas dificultades en conseguir un “patrocinador”.

A los críticos de esta nueva aplicación les preocupa el uso que el servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) pueda hacer de la ubicación y otros datos que recopila el sistema, y la posibilidad de que pueda excluir a algunos de los más amenazados, ya que consideran una exposición mortal que las personas que huyen de sus países para salvar sus vidas se descarguen dicha aplicación y esperen meses en su país de origen hasta ser atendidos en su solicitud.

Ante esta compleja situación, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) considera que la prohibición del tránsito de migrantes que huyen de sus países en busca de asilo y la decisión de expandir el uso del Título 42, “que no tiene absolutamente ninguna base en la ciencia médica o de la salud y socava gravemente la ley de Estados Unidos”, constituye una “inadmisible y potencialmente mortal” política fronteriza. Así lo han plasmado los letrados en una carta dirigida al presidente Biden, argumentando los informes de ataque y victimización de migrantes por parte de grupos criminales y en algunos casos por parte de la policía, oficiales de inmigración y funcionarios de aduanas, incluso en las fronteras terrestres y aeropuertos”, de acuerdo con informes recientes del Departamento de Estado de México sobre prácticas de derechos humanos.

La entidad, que agrupa a unos 17.000 miembros a nivel nacional, insta al demócrata a que “reconsidere y dé marcha atrás a esta decisión”, precisa la misiva de los abogados.

Otra consecuencia de la compleja situación se refleja en el aumento significativo de la migración marítima, por lo que las autoridades piden a los migrantes que no se aventuren a arriesgar sus vidas en el mar.

Republicanos y demócratas difieren sobre las prioridades más apremiantes para el sistema de inmigración de la nación. Los republicanos otorgan especial importancia a la seguridad fronteriza y las deportaciones de inmigrantes que están en el país ilegalmente, mientras que los demócratas otorgan mayor importancia a los caminos hacia el estatus legal para aquellos que entraron ilegalmente al país con un foco especial hacia los que llegaron siendo menores de edad.

En una nota informativa de la Casa Blanca del 5 de enero, el Gobierno ha manifestado que, aunque “las medidas (que han adoptado) ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”.

Los demócratas acusan a los republicanos de “bloquear la reforma integral de la inmigración y las medidas de seguridad fronteriza que el presidente Biden propuso en su primer día en el cargo”, y también de “oponerse a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que el presidente ha solicitado para la seguridad y la gestión de las fronteras”. Los republicanos, por su parte, critican a Biden y a su administración por su manejo de la situación en la frontera sur. Muchos son partidarios de no crear nuevas alternativas y reprochan a presidente la falta de cumplimiento de la normativa de migración, sin detener el flujo desordenado e ilegal. Algunos han acusado a la Casa Blanca de permitir intencionalmente un aumento de la inmigración ilegal.

Y mientras los políticos tratan de llegar a algún punto de concordia, miles de migrantes esperan definir su situación en Estados Unidos y otros acampan en la frontera o avanzan desde diferentes países para entrar en territorio estadounidense, lo que podría agravar la situación en las zonas fronterizas. El Congreso no ha revisado las leyes de inmigración estadounidenses de manera integral desde 1990.