La capital peruana había vivido ajena a las violentas protestas que sacuden todo el país desde hace un mes y medio, con 52 muertos y un millar de heridos. Un conflicto que se inició el pasado 7 de diciembre con la detención y la destitución de Pedro Castillo como presidente del país tras dar un autogolpe fallido. Ese mismo día, su vicepresidenta Dina Boluarte juró como nueva mandataria, pese a haber prometido exactamente un año antes que si Castillo era cesado ella renunciaría al cargo.

El pasado jueves, diversas organizaciones y colectivos que exigen la renuncia de Boluarte e inmediatas elecciones convocaron la llamada toma de Lima. Miles de peruanos provenientes de zonas remotas de los Andes trasladaron las protestas a la capital y pudieron llegar a las calles aledañas al Palacio de Gobierno y la sede del Congreso, dos puntos fuertemente custodiados por las fuerzas de seguridad.

Las clases universitarias se suspendieron y el Gobierno recomendó a las empresas que facilitaran el teletrabajo durante todo el día. El despliegue policial en la capital fue enorme, con 11.800 agentes para controlar posibles disturbios. Nada evitó los violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el centro de Lima, donde la imagen simbólica fue el incendio de un edificio histórico en pleno centro de la ciudad, cerca de la Plaza de San Martín, cuyas causas se investigan.

"Me encuentro en Lima para defender la patria porque hay mucha corrupción. Dina no nos representa. Vamos a quedarnos una semana para seguir manifestándonos", ha explicado a AP Demetrio Jiménez, quien llegó desde Puno, una ciudad en el sur del país.

La presidenta Boluarte criticó las protestas y cuestionó quién financia a los manifestantes. "Ustedes quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y para dentro de ese caos y desorden, tomar el poder de la nación, están equivocados", afirmó. La presidenta está en el punto de mira de las organizaciones por la represión durante las protestas.

"Las fuerzas del orden deben cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El pueblo no debe de pagar el precio de la crisis política que está atravesando el país," dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú que ha pedido investigar las posibles violaciones de derechos humanos desde el inicio de las protestas en el país, que han dejado 52 fallecidos "muchas de ellas por impacto de armas de fuego".

"La Fiscalía Nacional debe investigar a todas aquellas personas que sean presuntamente responsables, no sólo directamente, sino también por ordenar o tolerar el uso excesivo de la fuerza y con ello las muertes arbitrarias y lesiones graves que se están dando en el contexto de las protestas", ha asegurado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

El secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, cuya organización está detrás de la marcha en LIma, pronosticó una protesta de larga duración hasta la dimisión de la presidenta. "Las marchas continuarán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte", dijo el líder sindical Gerónimo López a AP.

Aunque el Gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno, lo que permite la intervención de militares, el dirigente sindical precisó que "no hay autorización de la policía, nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación".

Muchos comparan estas marchas con la movilización masiva en el año 2000 cuando miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra el Gobierno de Alberto Fujimori, quien dimitió meses después, aunque hay diferencias entre aquellas manifestaciones y las de esta semana.

"En 2000 la gente protestó contra un régimen que ya estaba consolidado en el poder. En este caso se están enfrentando a un gobierno que sólo lleva un mes en el poder y es increíblemente frágil", explica Alonso Cárdenas, profesor de Políticas Públicas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Lima al diario La República. Además, las movilizaciones de 2000 tenían un liderazgo centralizado y estaban dirigidas por partidos políticos. "Ahora lo que tenemos es algo bastante más fragmentado", añade.

Las protestas han crecido al punto de que es poco probable que los manifestantes se conformen con la dimisión de Boluarte. Ahora también exigen una reforma estructural ante la elevada crisis de confianza de la élite gobernante.