Emmanuel Macron se enfrenta a lo que algunos medios franceses califican como su invierno más "caliente". El mandatario se muestra decidido a sacar adelante su controvertido plan de reforma de las pensiones pese al rechazo que el proyecto provoca entre la opinión pública. El pulso en la calle se ha escenificado esta semana con la jornada de huelga que tuvo lugar el jueves (que afectó principalmente al sector del transporte, la educación y las refinerías); una movilización que concentró a 1,2 millones de manifestantes, según el Ministerio del Interior (y que los sindicatos elevaron a casi dos millones). El desafío pillaba al presidente francés en Barcelona, en la cumbre hispano-francesa celebrada con Pedro Sánchez.

El proyecto de reforma de las pensiones contestado en la calle retrasa dos años la edad de jubilación (de los 62 a los 64 años), extiende el periodo de cotización para obtener la pensión completa (adelantando a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrarla) y acaba con la mayoría de regímenes especiales actuales. Macron defiende que los franceses ya sabían que era uno de sus propuestas clave cuando le reeligieron como presidente el pasado abril. Durante su primer mandato, ya intentó sacar adelante la reforma, pero tuvo que posponer el intento por la pandemia de coronavirus.

Lo cierto es que los sondeos reflejan que la sociedad francesa está a favor de una reforma de las pensiones; pero no de esta reforma. Según un sondeo de Ipsos, el 61% de los franceses rechaza la reforma impulsada por Macron, aunque un 81% considera que es necesario reformar el sistema. Los sindicatos han convocado una nueva jornada de movilización para el próximo 31 de enero.

Debe sacar adelante esta y otras reformas sin una mayoría parlamentaria (la perdió en las elecciones legislativas que se celebraron el pasado junio). El partido y los aliados de Macron tienen una mayoría simple en la Asamblea Nacional, con 250 de los 577 diputados. Obligado a negociar, el Gobierno tendrá que gestionar esta situación; para ello, espera forjar alianzas con la derecha tradicional de Los Republicanos. Echar mano del artículo 49.3 de la Constitución para imponer la reforma por decreto podría convertirse en un arriesgado recurso.

El Gobierno presentará el lunes formalmente el proyecto de ley en cuestión. ¿Podrá la calle obligar a Macron a recular? Es la pregunta que se hacen estos días medios franceses. El Gobierno encabezado por la primera ministra Elisabeth Borne considera la reforma "justa" y "equilibrada" ante el envejecimiento de la población. Macron la califica de "responsable" y recuerda que los vecinos europeos ya han retrasado la edad de jubilación. "Si queremos ser justos entre generaciones y salvar el sistema de repartición, debemos hacer esta reforma", ha insistido. La oposición, por su parte, argumenta que otras existen alternativas para ahorrar el coste.

Desde que el presidente François Mitterrand redujo la edad de jubilación a 60 años (en 1982), esta sería la séptima reforma de las pensiones. Cada intento de impulsar un cambio ha conllevado una fuerte oposición en la calle, aunque en la mayoría de los casos el intento salió adelante.

Macron afronta este gran desafío en un contexto marcado por la pérdida de capacidad adquisitiva, inflación y crisis energética y el consiguiente temor a que se agudice el descontento social. Ante sí, otras reformas importantes, como endurecimiento de la reforma del seguro de desempleo; esta busca reducir la duración de la compensación en un 40% si el desempleo cae por debajo del 6%, mientras que hasta ahora preveía la reducción del 25% en la duración de la compensación, según la cadena TF1.

Uno de sus retos es contener ese malestar social para que no estalle una nueva crisis de los "chalecos amarillos" (como ya ocurrió en 2018). Aunque, por otro lado, analistas franceses perciben una sensación de cansancio o resignación de parte de la población ante la movilización social.