Perú declara el estado de emergencia nacional pero no logra frenar las protestas populares

El Gobierno de Perú ha declarado de manera oficial el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las graves protestas populares contra la destitución y el arresto de Pedro Castillo. Las manifestaciones, en las que ya se contabilizan 8 muertos, se han extendido por todas las regiones y las calles se han convertido en campos de batallas.

El Ejército trata de controlar las principales vías del país y ha evitado de forma violenta que los manifestantes tomen el aeropuerto de Cuzco. A esta hora cientos de ellos se dirigen al Congreso, donde este jueves está previsto que se decida si se prorroga la prisión del expresidente Castillo.

El Gobierno actual de Dina Boluarte ha anunciado que está buscando la fórmula para adelantar las elecciones al año que viene, un reclamo popular de los manifestantes.

El Ejército anuncia el toque de queda

El estado de emergencia dispone la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y la libertad y seguridad personales, según el decreto publicado en El Peruano, el boletín oficial del Estado.

El decreto, sin embargo, no hace ninguna mención al toque de queda que anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en Palacio de Gobierno, unas horas antes, según ha informado la emisora RPP.

La nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, había anunciado el estado de emergencia nacional debido a la crisis política que afronta el país después de que Castillo anunciara el pasado 7 de diciembre la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.

Hasta el momento, esta declaración estaba solo activa en las provincias de Apurímac, Arequipa e Ica, aunque se ha decidido extender a todo el país conforme han aumentado las protestas pidiendo la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones.

En tanto, el Ejecutivo ha declarado la emergencia en la Red Vial Nacional, permitiendo que el Ejército salga a las calles en un esfuerzo por proteger los puntos estratégicos del país, entre ellos aeropuertos, centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras clave, como las carreteras.