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Detrás de la sonrisa de Umar Patek descansa la responsabilidad de haber fabricado explosivos para un coche bomba que acabó con la vida de buena parte de las 202 personas fallecidas y más de 300 heridas en el atentado terrorista en dos discotecas de Bali en 2002. Ríe al entrar y al salir del mismo juzgado de Yakarta donde se le condenó a 20 años de prisión porque ahora, poco más de una década después, ha sido puesto en libertad condicional por buen comportamiento. Su suerte comenzó tras pasar nueve años huido antes de ser arrestado, tras sortear la pena de muerte a la que tres de sus compinches y miembros de la filial de Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah, fueron condenados y, ahora, tras pasar tan sólo 10 años en prisión. De nada han servido los llamamientos del Gobierno de Australia para frenar la puesta en libertad de uno de los implicados en el peor atentado terrorista de la historia perpetrado contra sus intereses: murieron un total de 88 australianos.
La noticia de su liberación fue conscientemente pospuesta hasta después de la reunión del G-20 en Bali y tras el 20 aniversario de los atentados. Las autoridades indonesias argumentan que Patek ha formado parte de un programa de ayuda para dejar de ser un radical fundamentalista y han reducido su tiempo en prisión 38 meses (algo más de tres años). El código penal de Indonesia permite conceder la condicional con dos tercios de su condena cumplida. Patek fue declarado culpable por “asesinato en masa premeditado, por conspiración para cometer actos de terrorismo, por encubrimiento de información sobre terrorismo, por posesión de explosivos y armas de fuego y por dos cargos de falsificación de documentos”. Durante el juicio celebrado en 2011, Patek pidió perdón a las familias de las víctimas y aseguró que lo único que hizo fue mezclar los químicos de los explosivos.
La indignación en Australia tras la concesión de la libertad condicional es total. El primer ministro, Anthony Albanese, aseguró la semana pasada que se trata de una situación “aborrecible” que será tratada por la vía diplomática, y los familiares de las víctimas han definido la excarcelación de Patek con expresiones tales como “golpe en las entrañas”. Peter Hughes es uno de los supervivientes de las bombas y no esconde su asombro.
“Creo que el Gobierno australiano debería dar un paso al frente y decirle al presidente indonesio que esto no es suficiente, y creo que tienen que pisar el acelerador”, ha afirmado a Australian Broadcast Corporation. No podemos cambiar lo que el Gobierno indonesio quiere hacer a su propio pueblo, pero al menos podríamos decir algo. No me gustaría que fuera pasivo. Me gustaría que fuera bastante contundente”, agrega antes de rememorar el juicio de 2011. “Recuerdo ir a Yakarta y entrar en la sala del tribunal, sentarnos y esperar a que entrara esa persona. Medía menos de metro y medio”. Según Hughes, el grupo de australianos que testificó contra Patek originalmente esperaban que recibiera una condena más dura de la que recibió y ésta ahora se ha reducido aún más. Uno de los testimonios más severos fue Erik de Haart, un superviviente que sacó a varias víctimas de los escombros tras una de las explosiones. “Este tipo es responsable de la muerte de más de 200 personas, ¿y le ponen en libertad antes de tiempo porque se portó bien en la cárcel? Por favor”, cuestionó en el programa matinal Sunrise. “Cualquiera podría fingir, pero al fin y al cabo fabricó un arma que mató a 202 personas, entre ellas 88 australianos, y le caen 10 años, ¿es suficiente? ¿Es eso justicia para 200 personas? No me importa si ya no es un radical, podría estar interpretando un papel, pero al fin y al cabo fabricó un arma que mató a 200 personas y no merece que se le conceda la libertad por buena conducta”, dijo de Haart.
En la memoria de los australianos hay un episodio que defiende la teoría de aquellos que piensan que la justicia en Indonesia es desproporcionada. Se trata de ‘Los Nueve de Bali’, unos australianos que fueron acusados de narcotráfico por intentar sacar del país 8,3 kilogramos de heroína en 2005. El valor de la droga era superior a los dos millones y medio de euros. Los dos cabecillas fueron condenados a pena de muerte y ejecutados en 2015, seis de ellos recibieron una sentencia de cadena perpetua y una de las responsables recibió una pena de 20 años de prisión, exactamente el mismo castigo de Patek. Su condena también fue reducida, aunque el tiempo que pasó en prisión fue de 12 años en total, dos años más que el terrorista recién liberado tras participar en un atentado con más de dos centenares de víctimas mortales.
Las condenas a pena de muerte por delitos relacionados con el tráfico de drogas son mayores que las de cualquier otro crimen. En 2018, el 81 por ciento de las sentencias a pena capital fueron por este tipo de infracciones, mientras que el 17 por ciento fueron por asesinato y el dos por ciento por terrorismo. A ojos de la comunidad internacional, la desproporción entre castigos como el de Patek y el de personas relacionadas con el tráfico de drogas es mayúsculo, sin embargo, las autoridades indonesias defienden que la cruzada contra las drogas se debe a que el país cuenta con alrededor de cinco millones de adictos. Según cifras de la Agencia Nacional de Narcóticos, Indonesia está sumida en una situación de ‘emergencia por narcóticos’, con alrededor de 30 muertes diarias por esta causa.
Según explica la abogada afincada en Australia, Milda Istiqomah, en uno de los escasos estudios que analizan las sentencias por terrorismo en Indonesia, hasta la fecha “sólo ha habido cuatro terroristas condenados cuyo enjuiciamiento haya concluido con la imposición de la pena de muerte. Se trata de Imam Samudra, Amrozi y Mukhlas, todos ellos autores intelectuales del atentado de Bali de 2002. En un reciente procesamiento en 2018, Aman Abdurrahaman (el cerebro de los atentados de Thamrin en 2016) fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte”. Según la ley antiterrorista indonesia, los castigos por participar de forma activa en actos de terrorismo tienen un rango de severidad que oscila entre un mínimo de tres a 20 años, cadena perpetua o pena de capital.
“Las ejecuciones de los presos de ‘Los Nueve de Bali’, suscitaron la indignación internacional. La imposición de la pena de muerte por delitos delitos de drogas en Indonesia constituye una violación de las obligaciones de Indonesia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el apoyo a la pena de muerte dentro de la sociedad indonesia sigue siendo abrumador y esta realidad refuerza la postura del gobierno sobre su uso”, agrega Istiqomah.
La reacción del Gobierno de Indonesia, presidido entonces por Megawati Soekarnoputri, tras los atentados de Bali de 2002 fue contundente. Seis días después, promulgaron la Ley Antiterrorista para que permitiera algo que hasta entonces no era posible: perseguir de manera eficaz a los terroristas en virtud de la ley. Según Istiqomah, para que los responsables fueran enjuiciados fue necesario caracterizar el islamismo radical para definir los delitos de terrorismo. En el texto, los legisladores confiesan que las presiones sociales, políticas y de la comunidad internacional tras los atentados fueron clave para elaborar una ley que no ha evitado la polémica tras la puesta en libertad de Patek después de cumplir la mitad de su condena por ser parte activa de los atentados.