"¿En qué momento se había jodido el Perú?", se preguntaba Santiago Zavala al inicio de la célebre Conversación en la Catedral (1969) del premio Nobel Mario Vargas Llosa. El interrogante sigue en el aire décadas después de la publicación de esa novela; especialmente, tras los últimos acontecimientos en el país latinoamericano. El expresidente Pedro Castillo ha ingresado en la cárcel de Barbadillo, en el distrito de Lima, tras el surrealista y fallido autogolpe que protagonizó el pasado miércoles. En esa misma prisión cumple condena el exmandatario Alberto Fujimori quien, tras ganar las elecciones al propio Vargas Llosa en 1990, dio otro golpe de Estado. Su hija, la conservadora Keiko Fujimori, fue la gran rival del izquierdista Castillo en los comicios presidenciales que le llevaron al poder hace año y medio.

El carácter esperpéntico del autogolpe alcanzaba un nuevo capítulo el sábado después de que el ex primer ministro Guido Bellido afirmara -en un alarde conspiratorio- que Castillo "no recuerda" haber pronunciado el discurso de disolución del Parlamento, sugiriendo que pudo haber sido drogado, un atenuante ante un inevitable proceso judicial.

Con la detención de Castillo, Perú tiene a dos expresidentes bajo el techo de la misma prisión. La imagen bien puede valer como reflejo de la crisis institucional crónica a la que se enfrenta el país, donde la corrupción y la inestabilidad son endémicas. En las últimas dos décadas, todos los mandatarios peruanos han sido investigados. En seis años, el país ha tenido seis presidentes. Pero incluso para un país acostumbrado a esa inestabilidad, Castillo ha pulverizado récords. En tan solo 18 meses, ha tenido cinco primeros ministros y ha nombrado a 80 ministros.

El antiguo maestro rural de 53 años precipitó su suicidio político cuando el Congreso trataba, por tercera vez, de destituirle. Había superado ya dos mociones de censura, pero al tercer intento decidió disolver el Congreso y declarar el Estado de excepción. Fueron sus propios guardaespaldas quienes le detuvieron cuando se dirigía a la embajada de México en Lima para pedir asilo.

Castillo se quedó solo ante su intento de golpe de Estado; sin apoyo militar, ni de sectores políticos o económicos (a diferencia de lo que pasó con el Fujimorazo hace tres décadas). Tras tres horas trepidantes, la huida hacia adelante del mandatario llegó a su fin con su detención. Una aventura muy distinta a la de su compañero de prisión, Fujimori. Tras su autogolpe en 1992, él gobernó hasta el 2000 y no fue detenido hasta cinco años después de su fuga del país (fue arrestado en Chile en 2005).

Tras ser destituido por el Congreso y arrestado el pasado miércoles, Castillo se encuentra en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración por "quebrantar el orden constitucional"(delitos por los que puede enfrentarse a entre 10 y 20 años de cárcel). Su defensa argumenta que "la simple declaración de disolver el Congreso no configura ninguno de los delitos imputados". Y afirma que el delito de rebelión implica que "el sujeto se levante en armas" y un vínculo con la violencia; algo que, según su abogado, no existió en su caso. Pero esas no son las únicas acusaciones a las que se enfrenta el expresidente peruano.

Castillo tiene abiertas, además, otras seis investigaciones por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su estancia en el poder. Él siempre ha atribuido las acusaciones (que le implican tanto a él como a su entorno) a una "persecución política". El pasado octubre, la Fiscalía presentó una acusación formal en la que le responsabilizaba de liderar una organización criminal en el seno de su Gobierno.

La Fiscalía ha denunciado además una "feroz obstrucción a la justicia" desde esa red supuestamente encabezada por el mandatario y dirigida a "controlar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas".

También se le ha acusado de tráfico de influencias, colusión y delitos contra la administración pública por intervención en la compra de biodiésel para Petroperú en favor de la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

El pasado martes, el exjefe de la Dirección de Inteligencia, José Fernández Latorre, aseguró que había advertido al presidente sobre supuestos delitos de corrupción cometidos por miembros de su familia y de su entorno más cercano, según contó a Panamericana TV.

Varios miembros de su familia se han visto involucrados. El pasado abril se lanzó una orden de búsqueda y captura contra dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, por presuntos delitos de corrupción. Ambos siguen prófugos de la justicia.

Yenifer Paredes, cuñada del expresidente, se encuentra en prisión preventiva por lavado de activos en el marco de una adjudicación irregular de contratos de obras públicas. La mujer de 26 años es la hermana pequeña de la ex primera dama Lilia Paredes. La pareja la ha considerado siempre como una "hija adoptiva" y vivía en la residencia presidencial. En un polémico vídeo difundido en el programa Cuarto Poder se la veía gestionado la realización de unas obras acompañada de un empresario.

Una de las tramas de corrupción investigadas llevó al registro de la vivienda de la hermana del presidente en Lima el pasado octubre. Castillo acusó entonces a la Fiscalía de "poner en riesgo" la salud de su madre durante el operativo en la vivienda de su hermana. "Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la nación por la salud de mi señora madre", escribió en Twitter.

Además de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, a Castillo se le acusa de otras irregularidades relacionadas con ascensos de altos mandos en las fuerzas del orden.

Los escándalos de corrupción y las redes clientelares se han convertido en crónicos en este país de 33 millones de habitantes. El expresidente Alan García se suicidó con un disparo en la cabeza en 2019 cuando iba a ser detenido por presunto lavado de activos procedente de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Había gobernado Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011 y en su carta de despedida manifestó su "desprecio" hacia sus "adversarios.

El exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020) está siendo investigado por corrupción. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se encuentra bajo arresto domiciliario. El exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo en prisión preventiva. El expresidente Alejando Toledo (2001-2006) se encuentra bajo arresto domiciliario en Estados Unidos con una orden de extradición.

La primera mujer que preside el país, Dina Boluarte, ha dicho tras sustituir a Pedro Castillo que se compromete a "extirpar" la corrupción del Estado. Para ello espera sortear las turbulencias y, según ha dicho, gobernar hasta 2026.