El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha exigido la liberación "inmediata" de las "miles" de personas que permanecen detenidas en Irán por su participación en las múltiples manifestaciones "pacíficas" que surgieron por todo el país, desde hace más de un mes, a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, detenida por incumplir el código de vestimenta islámico, y ha expresado su preocupación por nueve casos que pueden terminar en una condena a muerte.

La Fiscalía iraní elevó a más de mil las imputaciones emitidas sólo en la región de Teherán, entre las que se encuentra una activista española, Ana Baneira, quien fue detenida en una de las multitudinarias protestas por la policía iraní. A este gran número de detenciones en la capital, habría que sumar varios cientos más de detenciones que ocurren en todo el país por los mismos motivos. Naciones Unidas, sin embargo, cree es que momento de "levantar los cargos" contra todos los detenidos.

"La normativa de Derechos Humanos protege los derechos de la población a la reunión pacífica y a la libertad de expresión", ha subrayado un portavoz del Alto Comisionado, Jeremy Laurence, al lamentar la "creciente dureza" con la que las autoridades iraníes están respondiendo a la ola de movilizaciones "sin precedentes", las cuales están incentivadas y apoyadas por el líder iraní,  Alí Jamenei.

A la ONU le preocupa especialmente la situación de nueve personas que han sido imputadas con delitos susceptibles de ser castigados con la pena de muerte, castigo que se utiliza frecuentemente en el país kurdo. Recientemente, la organización Iran Human Rights (IHR) con sede en Noruega, denuncia el ahorcamiento del cuerpo sin vida del preso iraní Nematolá Brahuyi este domingo en la prisión de Zahedán. El preso habría muerto al recibir un golpe fatal en el cuello tras resistirse al conocer que estaba condenado a la horca. Por ello, Laurence ha apostado por la abolición de este tipo de penas y que, en caso de aplicarse, no afecten a "delitos que no resulten directa o indirectamente en situaciones de muerte".

"Por tanto, instamos a las autoridades iraníes a imponer inmediatamente una moratoria sobre la pena de muerta, a abstenerse de imputar delitos capitales y a revocar las sentencias que no fuesen dictadas por delitos que entren en la categoría de 'crímenes más graves'" ha enfatizado el portavoz.