Cada vez son más los países que piden responsabilidades a los Estados que más impacto están teniendo en el calentamiento global. Se origina así el concepto de justicia climática, que nace de la frustración de pequeñas naciones que sufren las consecuencias de la subida del nivel del mar y de fenómenos atmosféricos extremos. Suelen ser lugares remotos a los ojos de la gran mayoría de los países de primer orden, intrascendentes más allá de su belleza natural y de sus estampas paradisiacas perfectas para las fotos de lunas de miel. Sin embargo, desde sus rincones están siendo capaces de liderar un movimiento único que no sólo los coloca en el mapa, sino que también está sirviendo para meter presión. Además, están contando con el beneplácito de organizaciones como Naciones Unidas. 

Precisamente, el Comité de la ONU acaba de emitir una decisión sin precedentes tras el caso presentado por habitantes indígenas de cuatro islas de la región del Estrecho de Torres: Boigu, Poruma, Warraber y Masig. A través de un comunicado, el Comité ha determinado que Australia no está protegiendo adecuadamente a las comunidades de estas islas del Océano Pacífico, ubicadas a escasos kilómetros del Cabo de York, que se encuentra en el extremo norte australiano. La resolución indica que Australia no está haciendo lo necesario para evitar “los efectos adversos del cambio climático”, que “viola el derecho a disfrutar de su cultura” y que no está haciendo lo suficiente para que los isleños no sufran “injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su hogar”. De esta manera, el Comité de la ONU ha responsabilizado al país oceánico de violar los derechos de los habitantes de los países vecinos por no adaptarse a las medidas que sirvan para paliar el cambio climático, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar los diques de las islas. 

 “Esta decisión supone un avance significativo, ya que el Comité ha creado una vía para que las personas puedan presentar reclamaciones cuando los sistemas nacionales no hayan tomado las medidas adecuadas para proteger a los más vulnerables a los efectos negativos del cambio climático en el disfrute de sus derechos humanos”, declaró Hélène Tigroudja, miembro del Comité. 

La denuncia se formalizó por parte de ocho indígenas isleños, que también tienen nacionalidad australiana, y seis de sus hijos. En ella alegaron que los cambios en los patrones climáticos tienen consecuencias perjudiciales directas en sus medios de subsistencia, su cultura y su forma de vida tradicional. Además, indicaron que las graves inundaciones causadas por la marea en los últimos años han destruido las tumbas familiares y han dejado restos humanos esparcidos por sus islas. Según expone el Comité en su comunicado, los indígenas argumentaron que el mantenimiento de los cementerios ancestrales y la visita y comunicación con los familiares fallecidos son el núcleo de sus culturas. Además, las ceremonias más importantes, como la de la mayoría de edad y la de iniciación, sólo tienen sentido cultural si se realizan en las tierras nativas de la comunidad. Estos aspectos pasan desapercibidos en los países de primer orden, aunque para estas comunidades suponen un enorme impacto. Entre los argumentos presentados por los denunciantes, también incluyeron que los cambios en el clima, con fuertes lluvias y tormentas, han degradado la tierra y los árboles y, en consecuencia, han reducido la cantidad de alimentos disponibles de la pesca y la agricultura tradicionales. En la isla de Masig, por ejemplo, el aumento del nivel del mar ha hecho que el agua salada se filtre en el suelo y que los cocoteros enfermen, matando posteriormente la fruta, y su agua de coco, elementos que forman parte de la dieta tradicional de los isleños. “Los Estados que no protegen a las personas bajo su jurisdicción de los efectos adversos del cambio climático pueden estar violando sus derechos humanos según el derecho internacional”, añadió Tigroudja.

En su decisión, el Comité tuvo en cuenta la estrecha conexión espiritual de los isleños con sus tierras tradicionales y la dependencia de su integridad cultural a la salud de sus ecosistemas. Por lo tanto, determinó que el hecho de que Australia no adoptara medidas oportunas y adecuadas para proteger a los isleños indígenas contra los efectos adversos del cambio climático supuso la violación de sus derechos a disfrutar de su propia cultura y a no sufrir injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia y su hogar.

A pesar del crecimiento de las energías renovables, las emisiones de carbón per capita de Australia, de 4,04 toneladas al año, son casi cuatro veces superiores a la media mundial. El país es el mayor emisor per capita de carbón tanto del G20 como de la OCDE. Las elevadas emisiones de carbón per capita de Australia duplican las de Estados Unidos y Japón. Entre los países de la OCDE, sólo Polonia utiliza un porcentaje mayor de carbón para la electricidad que Australia. Precisamente, una de las razones más importantes para que se consumara un cambio de Gobierno (de conservador a laborista) en las pasadas elecciones es porque el calentamiento global es una de las mayores preocupaciones de la sociedad australiana. Las inundaciones y los incendios han sido mayúsculos en los últimos tres años y han servido para crear una mayor concienciación. 

El Comité de la ONU ha acordado pedir a Australia que indemnice a los isleños indígenas por los daños sufridos, que consulte con las comunidades sobre cuáles son sus necesidades y que tome medidas para garantizar a los habitantes de las islas a que vivan de forma segura. Esta recomendación sienta las bases para que en un futuro se tenga en cuenta a las naciones más vulnerables en todo lo relativo a la búsqueda de responsabilidades y la acción climática. En los últimos años ya se está relacionando a los derechos humanos con las consecuencias del calentamiento global. 

Históricamente, los derechos humanos apenas se habían contemplado en acuerdos y protocolos clave como en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o en el Protocolo de Kioto. Incluso en el preámbulos del Acuerdo de París, éstos se introdujeron en un lenguaje ambiguo. Este tipo de decisiones, como la del Comité de la ONU tras la denuncia de las islas, ponen sobre la mesa la búsqueda de responsabilidades por parte de las naciones más vulnerables, no desde el deseo de culparlas o exigir una compensación, sino para que se replanteen su estrategia climática y ayuden a reducir los efectos. Si bien las opiniones consultivas no son contenciosas ni vinculantes, tienen una gran autoridad moral y son capaces de aclarar cuestiones que abarcan todo el derecho internacional. Otra de las naciones que más está luchando por vincular derechos humanos con justicia climática es Vanuatu. Este país isleño de Micronesia lidera una coalición de más de 80 naciones que busca una opinión consultiva no vinculante por parte de la Corte Internacional de Justicia para aclarar cómo se puede aplicar el derecho internacional existente para reforzar la acción contra el cambio climático, proteger a las personas y el medio ambiente y salvar el Acuerdo de París.